La Constitución en tiempos del covid

"Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos" (We, the people), así empieza el texto constitucional estadounidense, mostrando que toda Constitución legítima es fruto de un acuerdo, un pacto entre ciudadanos que desean vivir bajo un proyecto común. Y aunque en el preámbulo de la Constitución Española de 1978 ese "pueblo" es sustituido por la Nación española, su aprobación fue fruto de las ansias de libertad de todo un pueblo que había vivido 40 años de dictadura.

Durante las últimas décadas ha cobrado auge una ideología, repetida después en tribunas, micrófonos, tertulias y conferencias por un auténtico coro de época, según la cual el pueblo sería un concepto obsoleto, propio de otros tiempos. La democracia se entendería mejor como una suma de individuos que negocian la suma de sus intereses individuales intentando cada uno maximizar su beneficio personal -el suyo propio, que diría Rajoy. La libertad sería así la ausencia de límites para que los individuos pudieran hacer todo aquello que quisieran o que su dinero pudiese comprar.

La libertad sería la ausencia de límites para que los individuos puedan hacer todo aquello que quieran

Y en eso llegó el covid-19, la pandemia, el confinamiento y la crisis. Nuestra sociedad pasó miedo y aún pasa angustia. Y en momentos de miedo nadie pidió confiar en la otrora tan famosa "mano invisible del mercado". Para los avales de crédito, para los ERTE, para la gestión de la movilidad o para las ayudas a particulares y empresas, todos, los más neoliberales incluidos, acudieron a "papá Estado". Tampoco nadie creyó que se podía salvar solo, por muchas propiedades que tuviese. Y se hizo evidente que los recortes en sanidad pública o en ciencia e investigación salen muy caros y cuestan vidas. De pronto hemos sido conscientes de que tenemos un cuerpo, de que somos frágiles y de que solo nos salvamos cada uno si nos salvamos todos: que somos una comunidad que es más que la suma de electores y ciudadanos, que existe el bien común y que necesitamos instituciones fuertes y servicios públicos robustos a su servicio, también para gestionar nuestros límites. Estos aprendizajes son esenciales para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, y serán decisivos para afrontar el inmenso reto del cambio climático: no hay solución cada uno por su lado, necesitamos Estados fuertes, responsables, eficaces y emprendedores que lideren la transición ecológica. La lucha contra el covid ha hecho evidente también que necesitamos de la cooperación, de la empatía y del lazo social. El neoliberalismo intentó jubilar al pueblo y subordinar al Estado, pero el covid los ha traído de vuelta, como implícitamente reconoce hasta la Unión Europea con sus políticas económicas.

Un ejemplo lo ilustra a la perfección. Parece ser que este invierno tendremos por fin a nuestra disposición vacunas, que los diferentes Estados irán administrando, dando prioridad a los grupos más vulnerables -por ejemplo por edad- y a los trabajadores sanitarios y esenciales. Esto es, aplicarán una lógica democrática y social. Imaginemos lo que pasaría si en lugar de esta lógica que subordina los intereses particulares a la utilidad pública, las vacunas se distribuyesen primero siguiendo las leyes del mercado y de la oferta y la demanda, llegando primero a quien más pudiese pagar. No solo sería injusto, sino que retrasaría el combate contra la pandemia. Esto, que a todo el mundo le parecerá evidente, es la manifestación de la bancarrota ideológica y moral del neoliberalismo.

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Las ayudas europeas permiten de momento amortiguar una parte de las dramáticas consecuencias que el virus y los confinamientos tendrán para nuestro país. Pero no puede descansar sobre ellas toda la estrategia para la reconstrucción, porque la pandemia ha mostrado con crudeza algunas de nuestras debilidades estructurales, hoy convertidas en heridas: la desigualdad que ha hecho que el virus se cebe con los más vulnerables, la precariedad de nuestro Estado del bienestar y de nuestros servicios públicos, nuestro modelo productivo estrecho, de bajo valor añadido y concentrado en actividades que son las primeras en sufrir con las turbulencias internacionales, o una estructura fiscal que, merced a los regalos a los que más tienen, priva al Estado de músculo suficiente para intervenir con eficacia en momentos cruciales. Estas fallas estructurales deben ser solventadas y deben modificar el acuerdo constitucional. Nuestra Carta Magna no puede seguir igual como si nada hubiese sucedido, como si no hubiésemos aprendido nada en este terrible año 2020.

Por todo ello, habría que renovar el pacto constituyente en torno a unos ejes que nos permitan hacer frente, con éxito, a los desafíos que nos aguardan:

Un Acuerdo Verde: la constitución se ratificó en un momento en que apenas conocíamos nuestra interdependencia con la naturaleza, los límites biofísicos del planeta así como la profunda crisis climática y ambiental a la que nos enfrentamos. Necesitamos que el texto constitucional reconozca de forma mucho más explícita nuestra dependencia de la naturaleza, nuestro derecho a disfrutarla y nuestro deber de cuidarla y de relacionarnos con ella de forma sostenible y responsable.

Blindaje de la Sanidad Pública: hay que garantizar que los Presupuestos Generales del Estado incluyen una asignación obligatoria que las comunidades autónomas deben destinar a la Sanidad Pública, que es la única que nos cuida en situaciones extremas y a todos por igual.

Hay que garantizar que los PGE incluyen una asignación obligatoria para la Sanidad Pública

Pacto intergeneracional, que incluya jóvenes y mayores y restablezca la confianza compartida en el futuro. Porque nos merecemos un país en el que los jóvenes no estén obligados a marcharse para trabajar, donde la precariedad y el hastío vital no sean norma. Porque tienen que contribuir a construir y repensar este país. Es necesario avanzar hacia un estado del bienestar del siglo XXI, en el que los derechos no estén asociados al empleo, avancemos en la desmercantilización del derecho a una vivienda y en el que avancemos hacia le reducción de la jornada laboral y hacia una renta básica universal. Una fuerte inversión pública que empuje la investigación y la innovación, la transición ecológica y renta básica son los pilares para una economía que no compita por abajo sino por arriba. Igualmente, tenemos que reforzar el sistema de cuidados: Pensiones dignas para los mayores y un sistema de protección social que no los aparque en residencias infradotadas cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Hemos de reescribir el contrato social hoy roto, garantizando vidas que no estén gobernadas por la incertidumbre y la ansiedad y haciendo frente a la desigualdad social creciente, que es un verdadero lastre para la economía española que, entre otras cosas, nosh ace desperdiciar mucho talento de quienes no nacen en entornos acomodados. Es preciso para ello una reforma fiscal profunda que garantice que los más privilegiados contribuyen en la medida de sus posibilidades a unos servicios públicos de calidad, cemento de una ciudadanía robusta.

Pacto por la igualdad: porque hay que renovar el compromiso de igualdad entre mujeres y hombres, que está siendo fuertemente cuestionado. Y tenemos que reconocer el derecho de las personas transexuales a decidir quiénes son y cómo quieren vivir.

Pacto territorial: porque tenemos la obligación histórica de articular un nuevo sistema de Gobierno territorial, que reconozca la plurinacionalidad, que haga efectiva la cohesión y donde todos los territorios participen en la toma de las decisiones que les afecten.

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Pero el primer reto de todos es el propio procedimiento de reforma de un texto al que ya antes de la pandemia se le notaba la edad. Su dificultad, imposibilidad en la práctica, para proceder a la reforma constitucional, nos condena a vivir con una Constitución que no nos dota de las herramientas con las que enfrentar los grandes retos del presente. Y mucho menos, los del futuro. Con el añadido además de que si no conseguimos dar respuesta a los problemas que nos acechan, corremos el riesgo de que la Constitución se convierta en papel mojado, por el divorcio entre su letra y la realidad que tiene que normar. Y eso solo producirá más inseguridad en un momento en el que las certezas son más necesarias que nunca. Por eso, nos toca trabajar para que todas las enseñanzas de la pandemia se traduzcan en un amplio consenso, como el que hizo posible la Constitución.

No podremos borrar este año duro y doloroso, como tampoco las cicatrices que deja en la vida de millones de españoles. Pero sí podemos tomar nota de lo que nos hizo débiles durante la pandemia, para corregirlo, y de lo que nos hizo fuertes, para potenciarlo. Para que los siguientes desafíos nos cojan con el principal de nuestros deberes hechos: una estrategia de país. Para nosotros esta debe tener dos ejes: la justicia social que conquiste vidas más libres y una atrevida e innovadora agenda verde que modernice nuestra economía.

*Íñigo Errejón es diputado de Más País y doctor en Ciencia Política.
*Esperanza Gómez es coordinadora general de Más País-Andalucía y profesora titular de Derecho Constitucional.