Tres años de España en el Consejo de Derechos Humanos: un balance

El próximo 31 de diciembre concluye el periodo de tres años durante el cual España, por segunda vez, ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos, el principal foro de Naciones Unidas consagrado a esta prioridad de nuestra política exterior. El aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, parece un momento oportuno para reflexionar sobre lo vivido en el Consejo durante el trienio y sobre hasta qué punto los fundamentos de la Declaración Universal se mantienen firmes.

La dinámica de funcionamiento del Consejo refleja tendencias apreciables en el campo más amplio de las relaciones internacionales. En 2018, recién iniciada nuestra participación, asistimos atónitos a la retirada de Estados Unidos. Como respondiendo a una ley de la física, los vacíos en el ámbito internacional tienden a llenarse y hemos sido testigos luego de una actividad creciente de China, preconizando un enfoque que modula la universalidad de los derechos humanos y pone en entredicho la indivisibilidad e interdependencia entre todos ellos. La Unión Europea, por su parte, también ha tenido que hacer frente a fracturas internas y se ha quedado más sola en la defensa del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos, constatando, eso sí, una esencial coincidencia, en términos generales, con los países latinoamericanos.

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Hemos asistido con enorme preocupación durante estos años a una regresión en la aceptación de los derechos de las mujeres y, en particular, sus derechos sexuales y reproductivos. Los conceptos y el lenguaje consagrados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en septiembre de 1995, son hoy materia de controversia, hasta el punto de que se nos obliga a combatir por preservar las formulaciones de consenso aceptadas hace 25 años. El lastre de la postura tradicional de algunos países se ha visto reforzado por complicidades hasta hace poco inimaginables.

España ha mantenido una posición firme ante estos ataques e intentos de retroceso, pero también ha trabajado para avanzar en los derechos de las mujeres y niñas en un contexto mundial en el que la violencia sigue siendo una lacra presente en todas nuestras sociedades; las mujeres defensoras continúan siendo atacadas y silenciadas y la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad se ve trabada por desigualdades estructurales.

Durante estos años, diversas crisis han requerido la atención del Consejo. Ha sido el caso de Venezuela o Nicaragua, que por primera vez se han incluido en la agenda. Sobre ellos se han adoptado resoluciones, sobre ellos la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha presentado informes y en ellos sus Oficinas trabajan, padeciendo en ocasiones incomprensión y afrontando grandes dificultades. También se ha ocupado el Consejo, entre otras, de la situación en Myanmar o en Libia mediante el establecimiento de mecanismos de investigación con el objetivo de recabar información sobre violaciones de derechos humanos y alentar la cooperación para mejorar la situación. El fin último de la acción del Consejo es, precisamente, contribuir a esa mejora, lo que a menudo exige denuncia, compromiso y diálogo, una combinación de herramientas que, sin renunciar a nuestros principios, permita caso a caso incidir de manera positiva en realidades muy diversas y complejas.

Más de 70 Estados se han sometido en este periodo al Examen Periódico Universal del Consejo (EPU), que analizan la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo. Entre ellos España, cuyo EPU se realizó en enero de 2020. Hemos participado en todos los exámenes formulando recomendaciones, y también nosotros hemos prestado atención a las que nos han hecho otros Estados sobre la situación en España, reforzando así nuestro compromiso con este ejercicio, único por ser verdaderamente universal.

En plena crisis financiera y de liquidez de la Organización de las Naciones Unidas, el riesgo de parálisis del Consejo, abrumado por un número excesivo de iniciativas, no puede ser descartado. España ha tenido ocasión de contribuir a limitar este problema por una doble vía. En 2018, ejercimos una de sus vicepresidencias, lo que nos permitió implicarnos en la racionalización del programa de trabajo. Por otro lado, la llegada de España al Consejo no se tradujo en una multiplicación de iniciativas nacionales, sino, sobre todo, en un esfuerzo redoblado por hacer avanzar de manera estratégica la agenda de derechos humanos en negociaciones y debates, guiados por un espíritu constructivo, buscando despolitizar las discusiones, pero preservando la esencia de los derechos humanos.

España asume sus responsabilidades: ya ha tomado la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027

España mantuvo su tradicional resolución sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, impulsada junto con Alemania, una resolución que es particularmente relevante en tiempos de pandemia, y limitamos las nuevas iniciativas a aquellas con un auténtico valor añadido. Convencidos de que la agenda sobre mujeres, paz y seguridad es también una agenda de derechos humanos, aprovechamos la ocasión del vigésimo aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hito fundacional de esta agenda, para presentar, en la sesión de septiembre de este año, junto con un grupo interregional de países (Argentina, Azerbaiyán, Australia, Finlandia, Namibia, y Túnez), una resolución sobre la promoción y protección de derechos humanos de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y posconflicto.

España asume sus responsabilidades: ya ha tomado la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027. Hasta entonces, seguiremos trabajando desde el compromiso con los derechos humanos y apostando por el diálogo y la cooperación; por un Consejo de Derechos Humanos reforzado, eficaz, que brinde con su acción vías de solución para situaciones graves de violaciones de derechos humanos, a las que, con un esfuerzo conjunto, es imperativo poner fin.

*Arancha González-Laya es ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.