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La captura política de las instituciones de control del poder
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Rafael Jimenez Asensio

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La captura política de las instituciones de control del poder

La reciente renovación de los cargos institucionales de órganos de control del poder, se ha hecho, una vez más, con el reparto de poltronas entre los partidos mayoritarios, con alguna puntual concesión

Foto: Carlos Lesmes (c) junto con otros miembros de la judicatura. (EFE)
Carlos Lesmes (c) junto con otros miembros de la judicatura. (EFE)

Este título podría ampliarse y ser, así, más descriptivo: "La captura descaradamente política de las instituciones de control es el fin de la separación de poderes, si es que algún día la hubo en este país". Obviamente, es un enunciado impropio para un artículo; pero allí se resume lo que se dice a continuación. De hecho, podría detenerme aquí. Sin embargo, puede ser oportuna hacer alguna breve reflexión adicional.

La reciente renovación de los cargos institucionales de órganos de control del poder, propios de una concepción más avanzada del principio de separación de poderes, que se asienta durante los siglos XIX y XX y que fija su atención en el control del poder también por órganos constitucionales y entidades reguladoras independientes e imparciales más allá de la tríada clásica de poderes (algo que ya traté 'in extenso' en el libro 'Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones', Marcial Pons/IVAP, 2016), se ha hecho, una vez más, con el reparto de poltronas entre los partidos mayoritarios, con alguna puntual concesión. Pero el proceso ha sido aún más turbio que antaño. Los perfiles de quienes tomarán asiento en tales cargos institucionales son, en su inmensa mayoría (salvo algunas excepciones puntuales), personas con perfiles políticos marcados por un alineamiento férreo con alguna de las opciones ideológicas que han entrado en el reparto hecho entre bambalinas en plena era de la transparencia. En algunos casos, incluso, se trata de políticos activos hasta hace muy poco y, por tanto, militantes de sus respectivas fuerzas políticas o, en otros, de personas que acreditan proximidad y parentesco ideológico estrecho con los partidos que les promueven. Algo, cuando menos, antiestético, sin entrar en mayores consideraciones. Si así se pretende construir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, vamos dados.

Tal como concluye, Rosanvallon, "si la independencia es un estatus, la imparcialidad define una cualidad"

En consecuencia, seguir defendiendo que ese modo de renovación de cargos institucionales es propio del espíritu de la Constitución de 1978, en cuanto que representa un cumplimiento estricto de "la legalidad constitucional", es —dicho con toda la contundencia— pisotear la Constitución formal y hacer bandera de lo que Joaquín Costa defendió como la Constitución efectiva o material en España: hoy en día, el clientelismo político, que ha terminado por travestir al viejo caciquismo, y arrumbar, si es que algo quedaba en pie, del principio de separación de poderes. Además, ese mercado oscuro de afinidades ideológicas cruzadas está lleno de imposturas. La primera de ellas radica en que se lleva la batalla ideológica y la propia polarización a las instituciones de control, que se convertirán así en una prolongación de la casa de locos (Pascal) o del patio de gallinas en el que se han convertido la política en este país y en sus cámaras representativas. La segunda estriba en que ya se puede dar por finiquitada la independencia e imparcialidad de estos órganos de control institucional.

Y ello es muy grave, puesto que los perfiles de profesionales cualificados independientes ya no cotizan ni siquiera para cubrir tales cargos públicos en aquellas instituciones de control en las que, por sus funciones existenciales, la profesionalidad y la integridad de sus miembros son la antesala de la imparcialidad. Como recordó Pierre Rosanvallon en un excelente libro publicado hace más de una década ('La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad', Paidós, 2010), la elección de los miembros de las instituciones de control es la prueba más evidente para validar si esas instituciones cumplen un rol efectivamente democrático o no. Sin imparcialidad esas instituciones de control no superan la prueba. Y ello es premisa para garantizar la independencia del órgano de control y de sus miembros. Según recordaba el ensayista francés, "la independencia remite a un dato de situación: ser independiente es ser libre (capaz de resistir las presiones) para efectuar una opción o para adoptar una decisión". En efecto, tal como concluye, "si la independencia es un estatus, la imparcialidad define una cualidad". Ambos principios se han enterrado con este proceso más aún de lo que ya estaban. Y eso no es defender la Constitución, sino maltratarla. Sus consecuencias serán letales. Se pueden presumir. Las veremos dentro de poco.

Este título podría ampliarse y ser, así, más descriptivo: "La captura descaradamente política de las instituciones de control es el fin de la separación de poderes, si es que algún día la hubo en este país". Obviamente, es un enunciado impropio para un artículo; pero allí se resume lo que se dice a continuación. De hecho, podría detenerme aquí. Sin embargo, puede ser oportuna hacer alguna breve reflexión adicional.

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