En el adiós de Dolores Delgado

“Tenemos una ley admirable que dispone que el príncipe, instituido para hacer ejecutar las leyes, esté representado por un fiscal en cada tribunal; (…) mas si se sospechara que aquél abusa de su ministerio, se le haría favor nombrando a su denunciador”. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. ('El espíritu de las leyes'. Libro VI. Capítulo VIII)

Vaya por delante que con esta tribuna no pretendo sumarme a las críticas que durante las últimas horas Dolores Delgado ha recibido con motivo de su renuncia al cargo de fiscal general del Estado. Yo no soy nadie para juzgar a nadie y, por tanto, mi aspiración no es hacer, por prudencia, un ejercicio de censura. Tampoco asumiré el papel de defensor, pues a no dudar que la señora Delgado se merece un letrado de plena confianza y, además, que sea experto en fullerías, condición de la que carezco. Mis deseos son muchos más elementales.

Opinión

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No niego que tan severos como justificados fueron los reproches que doña Dolores recibió y sigue recibiendo por las revelaciones que, con un lenguaje procaz y sórdido, hizo en octubre de 2009 durante un almuerzo con varios policías y Baltasar Garzón, cuando se refirió al ministro del Interior con un vejatorio “ese es un maricón”, afirmó que la “información vaginal sobre jueces y magistrados” era un “éxito asegurado” e, incluso, refirió que, con ocasión de un viaje a Cartagena de Indias donde se celebraba un seminario jurídico, vio a un grupo de “tíos del Supremo y de la Fiscalía General con menores de edad”, palabras estas que, según era de esperar, produjeron estupor y que los consultados sobre el asunto calificaron de falsas y de grave difamación.

Ahora bien, creo que, al margen de este episodio, lo importante es que el nombramiento en su día de la señora Delgado contribuyó a hacer más profundo el bache de desprestigio en el que, desde tiempo casi inmemorial, lleva sumida la institución por culpa de quienes tercamente se han empeñado en barrer todo lo que significa 'independencia'. En España ha existido siempre la obsesión de utilizar al fiscal como instrumento de contienda política. De ahí que, si de verdad se quisiera situar al Ministerio Público en el lugar que constitucionalmente le corresponde, lo primero que habría que hacer es evitar que sobre el cargo de fiscal general del Estado gravite la sospecha de ser correa de transmisión del Gobierno.

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Quienes me conocen y también los que me hayan leído un poco saben de mi respeto por los fiscales españoles. No obstante, cualquier encuesta o sondeo de opinión demuestra que el Ministerio Fiscal atraviesa una situación crítica. ¿Por qué? Pues porque algunos siguen empeñados en que nuestro Ministerio Público no sea independiente, sereno e imparcial. Pues porque a lo largo de los tiempos la figura del fiscal se ha desnaturalizado y con esto que digo me estoy refiriendo al fiscal con adjetivo, al fiscal progresista, al fiscal conservador, en suma, al fiscal político que desvirtúa su misión. Y porque los fiscales auténticos se han convertido en fantasmales pobladores de un cosmos de clanes que cumplen funciones muy lejanas a las encomendadas en la Constitución. La historia nos ofrece demasiados casos como para que tenga que insistir sobre ello y son mayoría los españoles a quienes estremece el baile de la Fiscalía al son de siglas como la AF, UPF —ignoro si hay alguna más—, cosa que nunca entendí, como jamás acepté los epítetos aplicados a los jueces y a los fiscales.

Como defensor de la legalidad y titular de la acción penal pública, el fiscal debe estar exento de cualquier influjo extraño o partidista. El fiscal, por definición, no puede ser de nadie. No tiene dueño ni partido, lo que no quita que un fiscal, como cualquier hijo de vecino, posea sus ideas políticas, elija la radio o el periódico que más le satisfaga y vote, o pueda votar, a quien le parezca. Un fiscal no es apolítico y sí lo es, allá él. No; al fiscal que aludo es al político disfrazado de fiscal, o viceversa, al que antepone el fin a la norma y el resultado al procedimiento. Todavía está fresco en la memoria el caso de aquel fiscal que llegó a ser ministro de Justicia y que presumía públicamente de ser apóstol de una ideología política. Son ejemplos muy alejados de la idea de Platón cuando en una de sus leyes sentencia que “la acusación pública vela por los ciudadanos: ella actúa y estos están tranquilos”.

Como defensor de la legalidad y titular de la acción penal pública, el fiscal debe estar exento de cualquier influjo extraño o partidista

No se trata de poner en duda la honradez personal de nadie, sino de sacar a la luz las incoherencias de un modelo de fiscal que no fue el querido por el legislador constituyente, ni por la Constitución, ni por los ciudadanos que asisten atónitos a activismos y protagonismos que tienen su raíz en ese modo de entender qué y cómo debe ser un fiscal constitucional. A mi juicio, hay fiscales que, alejados del sitio que les corresponde, aspiran a convertirse en actores del debate político. Y, para muestra, este botón: la fotografía en la que puede verse al fiscal general 'in pectore' Álvaro García Ortiz participando en la precampaña del PSOE de las elecciones en Galicia de 2020. El fiscal uncido al carro del político, del poderoso o del zascandil de turno, ofrece un espectáculo demasiado triste. La fidelidad a quienes mandan no es más que una moneda que se paga con otra moneda y no merece más respeto que el que se dispensa al mono del circo que actúa con reflejos condicionados. Mas con ser malo, mucho peor que el partidismo, es el servilismo. El primero es un fraude; el segundo, una infamia.

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Uno de los reproches que se le hacen a la ya ex fiscal general del Estado es su sectarismo en el sistema de nombramientos dentro de la carrera fiscal, designando a los suyos. Naturalmente, me refiero a los discrecionales, no a los reglados. Recuérdese la cínica fórmula que para subir ofrece Carón de Beaumarchais en 'El matrimonio de Fígaro': “Sé mediocre y trepador y llegarás a todo”. Un “llegar a todo” que es bastante parecido a no llegar a nada. Un fiscal de cuerpo entero, lo mismo que un juez de cuerpo entero, se eleva por sí solo a las altas nubes del prestigio. Hay que discernir el grano de la paja y, según cuentan fiscales que han vivido los nombramientos de la cúpula de la carrera realizados en tiempos de la señora Delgado, es patente que no se ha situado en lo más alto del escalafón a los mejores en sabiduría y buen hacer profesional. Eso por no hablar de las decapitaciones de fiscales incómodos, como la del señor Stampa. Pero ya se sabe que, en la baraja de las ideas maquiavélicas en contra de la Justicia, el as de oros de la dádiva, el caballo de copas de la conveniencia, el rey de espadas del poder y la agresiva sota de bastos desempeña su papel a las mil maravillas.

En fin. A veces, más peligroso que jugar con fuego es jugar con palabras. Don Ventura Gómez de Arellano, viejo fiscal municipal que siempre estuvo en contra de que el Código Civil, en el artículo 1.459, al regular las prohibiciones para comprar y vender, llame individuos a los miembros del Ministerio Fiscal y que no llegó a fiscal de Sala, ni siquiera consiguió que le concedieran la medalla de San Raimundo de Peñafort, dijo:

—La gente desea honrar a los fiscales, empezando por el jefe de todos ellos, pero, a cambio, exige que acrediten, de manera perceptible, casi descarada, que son personas de ley.

—O sea, lo de la mujer de César, aunque al revés; no basta con parecer honorable, sino que también hay que serlo pese a lo comprometido y espinoso que resulta.

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En el libro del Eclesiastés se lee 'nihil sub sole novum', nada hay nuevo bajo el sol. Esto es lo que podría decirse, con carácter provisional, del próximo fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz. Creo que todo es pan pintado, un 'lifting'. A pesar de ello, saludemos con esperanza al señor García y confiemos en que, poco a poco, quizá dentro de 100 o 200 años, la institución pueda ser más independiente de lo que le permiten sus enemigos. Las causas perdidas encierran una gran belleza y su defensa puede justificar una vida entera.

*Javier Gómez de Liaño. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ingresó por oposición en la carrera judicial. Tras varios destinos en juzgados y tribunales, se incorporó como magistrado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Posteriormente, fue nombrado miembro del Consejo General del Poder Judicial, cargo en el que permaneció hasta que pasó a cubrir la plaza de magistrado-juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. En el año 2000, solicitó la excedencia voluntaria en la carrera judicial para dedicarse a la abogacía.