La memoria democrática y la Fiscalía

Con motivo del cese de la hasta ahora fiscal general del Estado, Sra. Delgado, se han producido diversas especulaciones sobre sus motivos (tema de poco interés, por cierto) y también sobre sus proyectos de futuro, cuestión que tampoco debiera despertar la curiosidad del observador imparcial. Pero hete aquí que algún medio solvente ha revelado un posible programa de la cesante, que sería ascender y ocupar una nueva Fiscalía de Sala "de memoria democrática", y esa noticia sí merece algo de atención, con total independencia de que, si se crea ese cargo, vaya a ser detentado por la Sra. Delgado, a quien se atribuye el impulso para su inclusión en la ley, o por cualquier otro miembro de la Carrera Fiscal.

La mencionada Fiscalía de Sala se configuraría como una nueva especialidad organizativa de la Fiscalía General del Estado y la crea el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación, pero es imposible hablar de ese proyecto sin hacer mención de clamorosa oposición que ha suscitado, y para comprobarlo basta con leer la cantidad y calidad de la relación de firmantes del manifiesto que contra ella ha elaborado la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, que, con razón, levanta la voz contra la "tergiversación del pacto constitucional injusta y ajena a la verdad histórica", contentar a sectores minoritarios de los que el Gobierno no puede prescindir, sin reparar en el irreversible daño que se puede causar a la convivencia entre los españoles.

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En modo alguno, pretendo degradar la importancia de la memoria democrática y de que los españoles conozcan su historia, lejana o cercana. Qué duda cabe de que son muchas las acciones que se pueden llevar a cabo en su defensa en el plano social, cultural y jurídico, y no es preciso enumerar las muchas que están en la mente de todos, con su acompañamiento, a veces, de enconadas polémicas, tema en el que no entraré.

La cuestión, no obstante, se complica notablemente hasta provocar un rechazo frontal, cuando, como hace el mencionado proyecto de ley, se amplía el "periodo sospechoso de inexistencia de democracia" hasta el 31 de diciembre de 1983, con lo cual se consigue, muy al gusto de Bildu, ERC y otros, liquidar como sucesos transcendentales de nuestra reciente historia la aprobación por referéndum de la Constitución de 1978, así como las sucesivas elecciones generales que fueron conformando nuestra vida parlamentaria, con los defectos que se quiera, menos acusarla poco menos que de continuación de las Cortes franquistas.

El ideario soterrado que anima el proyecto de ley es fácil de ver, y se puede resumir en ideas muy concretas, comenzando por la negación de la significación de la Transición y de los esfuerzos que se hicieron en todo el arco político de aquellos tiempos en pro de la reconciliación y de la superación de la histórica y terrible fractura que España padecía desde la Guerra Civil. No se pretende solo negar cualquier significación a la Ley de Amnistía de 1977, como ejemplo destacable, sino, como tantas veces se ha oído, incluso de boca de sujetos integrados en el Gobierno, liquidar "el régimen de 1978".

"Lo grave no es esa pequeña intrahistoria, sino la frivolidad con la que se manejan las leyes"

Pues bien: la antes citada Fiscalía para la Memoria Democrática es una de las desafortunadas aportaciones de ese proyecto de ley. Carece de interés averiguar quién tuvo la idea y quiénes la han impulsado, aunque eso sea cosa fácil de intuir, porque lo grave no es esa pequeña intrahistoria, sino la frivolidad con la que se manejan las leyes y las Instituciones del Estado, y, en concreto, la Fiscalía.

La memoria democrática sería una nueva especialidad de la Fiscalía. Existen, tal vez demasiadas áreas especializadas en la organización de la Fiscalía, pero esa es otra cuestión, y al frente de cada área está un fiscal de Sala, pero todas esas fiscalías comparten un objetivo estatutario común: promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales, y procurar ante estos la satisfacción del interés social, y, en su principal actividad cotidiana, ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos, cada una de ellas del grupo de delitos que tienen específicamente asignado.

Así las cosas, hay que preguntarse por las competencias específicas de esa hipotética Fiscalía de Sala. En lo que concierne a la persecución de delitos, no es preciso hacer grandes cálculos para comprender que los hechos de carácter criminal que la memoria pueda recuperar están prescritos, incluso si se retrocede hasta 1983, pues han transcurrido 39 años. Por lo tanto, por ese camino poco recorrido hay. Cuestión diferente es que se pretenda inventar e introducir en el Código Penal un nuevo grupo de delitos "contra la memoria democrática", para dotar de competencias a la mencionada Fiscalía. Visto lo visto con otras leyes o proyectos, nada se puede descartar, pero sería un colosal dislate.

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¿Cuál sería entonces la función de esa Fiscalía? Al parecer, por lo oído, se ocuparía de la promoción de la apertura de fosas, de la reparación de daños morales a supervivientes, de procurar que no se borre el recuerdo de muchos españoles esforzados que sufrieron por razones políticas. Todo ello es razonable y puede formar parte de los cometidos normales de las administraciones públicas, pero no del Ministerio Fiscal.

Resumiendo, a pesar de que es difícil resumir en pocas palabras todas las tristes reflexiones que suscita la contemplación de ese panorama, el Proyecto de Ley de Memoria Democrática es una inadmisible concesión a quienes, en el fondo, lo que menos interesa es la objetividad histórica y lo que más la quiebra del actual orden constitucional. La creación de una Fiscalía especial para la memoria democrática sería, por las razones ya expuestas, un lamentable elemento adicional de agravio, y por eso resulta patético oír a sus partidarios defenderlo como un paso adelante de indudable carácter progresista, idea que, desgraciadamente, comparte o asume el Gobierno.