Tras la dimisión, la hora del 'genio expansivo'

Llegó la dimisión largo tiempo anunciada. Conviene ahora pensar en términos institucionales y olvidar por un momento el 'cui prodest', a quién beneficia, aunque sea inevitable en un sistema tan polarizado como el nuestro. No somos, por cierto, un caso único en Europa y en el mundo, donde las fracturas ideológicas son ya muy preocupantes para la buena salud de la concordia cívica. Conviene también evitar las cuestiones personales: Carlos Lesmes ha sido un digno presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en tiempos convulsos, llamado por razón del contexto a un protagonismo mediático que resulta incómodo por definición para un juez de carrera. Cuando se olvide la circunstancia, su mejor legado será el discurso conminatorio a los partidos en la reciente apertura del año judicial. Muchos ciudadanos de a pie —esta vez sí— elogiaron el contenido, sin prestar atención a los mensajes dirigidos a los colegas del gremio. El problema auténtico deriva de una crisis de legitimidad que amenaza al sistema democrático: por fortuna, no estamos ante una "quiebra" (en el sentido de Juan Linz), pero sí ante un deterioro preocupante.

El Estado de derecho, el imperio de la ley, la independencia judicial, son principios sagrados para quienes creemos —por formación y por convicción— en la civilización jurídica, antítesis del estado de naturaleza hobbesiano. No sé si unos y otros, sean políticos o jueces 'adjetivados' como tales, son conscientes del desafecto de muchas personas de buena fe ante un espectáculo que no comprenden ni admiten. Se transmite así una imagen rigurosamente contraria a la verdad: la politización general de los órganos jurisdiccionales, algo así como la política partidista que se prolonga por otros medios. La realidad es muy diferente: una abrumadora mayoría de jueces y magistrados ha cumplido y cumple sus funciones jurisdiccionales con el máximo rigor y discreción. Pero si se pierde la confianza en el Poder Judicial, costará varias generaciones reparar el daño causado.

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Continúo hablando de encrucijadas y no de ínsulas, como diría Don Quijote. El tema de fondo reside en una visión 'activista' del ejercicio jurisdiccional que ya nadie pone en duda, porque se identifica —para bien o para mal— con el espíritu de la época. Montesquieu no saldría de su asombro. Hemos pasado, aquí y en todas partes, del juez innominado que pronuncia las palabras de la ley y es titular de un poder "de algún modo, neutro" al reino del 'principialismo', de la creación y no la mera aplicación del derecho; incluso a la imagen del "juez Hércules", como diría Dworkin: hemos tenido en España algún ejemplo conspicuo. Por eso les importa tanto a los partidos el control (digamos pudorosamente: la influencia) sobre los integrantes de los órganos judiciales principales. En nuestro caso, obviamente, el Tribunal Constitucional y, a través del 'autogobierno' por medio del Consejo, en los jueces y tribunales que integran el poder judicial en sentido genuino. La impresión que se transmite al ciudadano no versado en sutilezas jurídicas resulta demoledora. Creen (de buena fe, insisto) que los políticos dictan órdenes a los jueces en los procesos que les importan: por WhatsApp, decía el otro día un alumno en clase. Se equivocan de medio a medio, pero no hay quien les convenza de lo contrario. Recuérdese que vivimos en democracias mediáticas donde lo principal —casi lo único importante— es el dominio del 'relato'. En realidad, pese a los defectos notorios del sistema, "cada juez es tan independiente como quiera serlo", y utilizo aquí una idea expuesta por el profesor y magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas hace unos años.

A estos efectos, a la 'gente' —valga el guiño hacia el populismo— no le interesa quién elige a los miembros del Consejo General, porque entienden que todos los procedimientos están políticamente orientados. Resulta sorprendente que sigamos apelando a la STC 108/1986 (¡hace 36 años!, se dice pronto), bien glosada hace poco por Manuel Aragón Reyes, cuyo criterio comparto. El sistema de elección judicial es menos malo en los términos de la Constitución, aunque la fórmula actual sea también admisible desde una lectura literal de la norma fundamental. Evitar las 'cuotas' tiene que ser un propósito sincero, y no solo un bello deseo. Pero hay que cambiar la percepción social: algún observador lúcido propone el método ateniense del sorteo como fórmula inteligente para frenar el deterioro imparable. Algo similar se aplica en la Junta Electoral Central y —felizmente— nadie discute la limpieza del procedimiento electoral español; con gran ventaja, por cierto, sobre otras democracias más antiguas.

"El genio expansivo del Estado de derecho permanece hoy encerrado en su botella: a veces nostálgico; siempre triste y descorazonado"

Mi generación aprendió derecho en las aulas universitarias cuando el régimen político imperante negaba de raíz los fundamentos del Estado de derecho. Por fortuna, algún jurista excepcional (pienso, ya lo saben, en el maestro Enterría) emprendió la lucha doctrinal contra las inmunidades del poder. Surgió así, con la imprescindible cooperación jurisdiccional, un Estado administrativo sujeto a la legalidad que una Constitución elaborada por distinguidos juristas transformó en un auténtico Estado de derecho. Todavía en aquellos años setenta la pasión doctrinal chocaba con el muro infranqueable de la realidad normativa. Pero si cayó el muro de Berlín, más fácil sería asaltar, por poner un solo ejemplo, el 'acto político' y otras antiguallas semejantes. Para eso servía aquel genio expansivo que consolaba a los jóvenes impetuosos, una especie de Reyes Magos que resolvían a favor nuestro cualquier bloqueo derivado de la letra estricta de las leyes vigentes. También nació ahí el 'principialismo' y se jaleó el activismo judicial, pero esa es una historia diferente.

El genio expansivo del Estado de derecho permanece hoy encerrado en su botella: a veces nostálgico; siempre triste y descorazonado. Le debemos una satisfacción. Pónganse de acuerdo los partidos; nombren a unos cuantos de los mejores, y reclamen sosiego a sus afines judiciales y mediáticos. De lo contrario, vamos a vivir una agonía que —vuelvo a la experiencia de los profesores— se traduce en preguntas como esta: "¿Dice usted en serio que el Poder Judicial es independiente?". Mal empezamos si aparecen posturas inconciliables sobre el modo de cubrir las altas magistraturas vacantes tras la dimisión ya consumada.

"Busquemos solamente lo posible", como escribe el inefable Jeremías Bentham. Hacer las cosas bien es perfectamente posible con una dosis razonable de lealtad institucional y sentido común. Tenemos una deuda pendiente con la mejor Constitución de la Historia de España.

*Benigno Pendás. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.