Política de rentas y salarios: muchos problemas y pocas soluciones en España y en Europa

No es solo una curiosidad histórica recordar que la primera experiencia de política de rentas concertada con una estructura de negociación de carácter tripartito (sindicatos, empresarios y gobierno) en una economía avanzada se produjo en los Estados Unidos en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En un contexto de explosión de la demanda interna tras la victoria militar, de auge intenso del comercio exterior a través de la exportación masiva de productos de todo tipo (agroalimentarios, componentes industriales y de construcción, electrodomésticos, etc.) a una Europa destruida por la guerra, la inflación comenzó a aparecer como un elemento preocupante años antes del estallido de la Guerra de Corea.

Antecedentes de la política de rentas

La primera respuesta de la Administración norteamericana fue tratar de utilizar algunos de los instrumentos creados durante el periodo bélico para intensificar el combate contra el aumento de la inflación. El más destacado de ellos fue la Oficina del Servicio de Control de Precios (cuyo director fue J.K. Galbraith). Se trataba de un instrumento de planificación y control pensado para una situación especial derivada de las necesidades de la Guerra, pero la Administración Truman creyó que podría ser también empleada en el contexto de la espiral de precios y salarios abierta tras la victoria.

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Sin embargo, la novedad más significativa fue incorporar en el proceso a las organizaciones empresariales y sindicales más poderosas, capaces de influir en los procesos de formación de precios y salarios que terminaban afectando al conjunto de la economía. Sectores tan importantes como la industria metalúrgica, el transporte ferroviario y por carretera, la industria química o la construcción, protagonizaron un proceso de negociación —con un papel especial del sector metalúrgico— que dio origen a una importante moderación salarial que tuvo como principales contrapartidas, por una parte, la moderación de márgenes y precios en las industrias y sectores incluidos en los acuerdos y, por otra, la participación del sector público en la expansión de algunas políticas públicas de especial interés para los trabajadores (la primera expansión del Medicaid y el Medicare y las políticas de estímulo al acceso a la vivienda provienen de aquella etapa).

Junto a ello, la política instrumentada permitía evitar el uso intenso de la política monetaria a través del manejo al alza del tipo de interés y mantener así un tipo de cambio del dólar que no sufriera presiones apreciadoras añadidas a la salida de los EEUU de la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia mundial en los ámbitos militar y económico. Uno de los aspectos más interesantes de este proceso, no suficientemente conocido en Europa, es que no se trató de un periodo excepcional y corto, sino que sus prácticas se extendieron hasta la última etapa de la Administración Eisenhower (al final de la década de los cincuenta del pasado siglo).

Por supuesto, la situación descrita no es comparable en muchos aspectos con la que hoy preocupa en España y en Europa, pero pueden subrayarse ciertos elementos comunes:

1. La convicción compartida de que la política monetaria no debía abortar el crecimiento posbélico.
2. La necesidad de alcanzar acuerdos de precios y salarios que pudieran facilitar la tarea a las autoridades monetarias y moderar sus preferencias sobre la subida en los tipos como principal arma de combate contra la inflación.
3. Un proceso de insuficiencia de oferta durante la fase de adaptación de la economía de guerra a un contexto civil y,
4. Una expansión de la demanda especialmente fuerte en las potencias menos afectadas por la destrucción bélica (Estados, Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda).

Por supuesto, también es posible observar algunas diferencias importantes respecto a la situación actual. Nuestra inflación actual es gran medida importada por la elevación de los costes energéticos y de otras materias primas o alimentos —vinculados a los efectos económicos de la pandemia de covid y al conflicto bélico desencadenado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia—. Y, junto a ello, lo que vemos en la crisis actual son choques de origen externo en la oferta que terminan afectando al conjunto de las economías en un contexto de mayor interrelación económica fruto de la globalización de los suministros y cadenas de valor.

Ahora y Europa estamos en otro contexto

Es cierto que el modelo institucional de la eurozona no permite abordar de manera similar las necesidades de la política monetaria y el concurso de la política de precios y salarios. Mientras que la autoridad monetaria es única y está en manos del BCE, las negociaciones salariales se producen de forma dispersa en las diversas economías del euro.

Aun así, es importante impulsar políticas que ayuden a reducir la presión sobre la inflación en las economías nacionales (más allá de los factores exógenos de origen energético y bélico, sobre los que no hay posibilidad de influencia a corto plazo de los actores sociales) a través de acuerdos salariales o de rentas que cuenten también con el concurso del sector público, impulsando políticas de interés común para los protagonistas de la negociación tripartita (empresarios y sindicatos, además del Gobierno).

Lo que hasta ahora sabemos de este tipo de procesos en Europa es que la negociación salarial se está quedando muy por detrás de la evolución de los precios. En ninguna de las grandes economías europeas los salarios recuperarán o igualarán el poder de compra derivado de la evolución de la inflación nacional. Pero, además, también sabemos que la mayor devaluación salarial se podría producir en España (medida por la diferencia entre la inflación media prevista para 2022, 8,5% estimada en el Proyecto de PGE recientemente presentado, y la evolución de los salarios de convenio, 2,6% para los apenas 1,5 millones de trabajadores hasta ahora afectados por convenio pactados este año).

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Buena parte de las grandes economías europeas, quizá para compensar esta situación de insuficiente respuesta salarial a la evolución de la inflación (con el consiguiente efecto de depresión de la demanda interna añadido a los efectos contractivos de la política monetaria), han respondido con importantes medidas de ascenso en el SMI (Alemania, Bélgica, Francia y ahora España ya lo han anunciado o realizado).

En el caso español, la situación se caracteriza por una importante dispersión (no siempre coherente entre sí) de las actuaciones en los ámbitos de las políticas públicas que podrían contribuir a una adecuada racionalización de la negociación salarial (política de vivienda, educación y formación profesional en el trabajo, pensiones y cotizaciones sociales, etc.) como en la propia negociación colectiva, muy retrasada y con muy pocos avances significativos.

La excepción en el contexto anterior está en el acuerdo alcanzado por dos de los principales sindicatos de la función pública (UGT y CCOO) sobre retribuciones de los funcionarios. El acuerdo contempla que los PGE para 2023 incluirán una subida de las retribuciones públicas del 2,5% y que esta subida se podrá incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. El acuerdo contempla también un escenario de cláusula de revisión salarial, si bien más laxo que el habitualmente manejado, dado que se activaría si el IPC de 2023 supera el 6% (con una subida en este caso del 0,5% adicional).

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Sin embargo, donde no parece haber progreso alguno, con amenaza de apelación a movilizaciones durante el otoño y el invierno, es en la negociación salarial en el sector privado. Es cierto que algunas grandes empresas (Telefónica, Repsol, Iberdrola, Cellnex, Enagas) han anunciado su intención de aproximar salarios a la inflación actual. Sin embargo, no parecer haber avances en la materia esencial planteada desde las organizaciones sindicales: buscar una fórmula que permita recuperar a plazo las desviaciones, que serán muy importantes, entre la evolución de los precios en 2022 y los salarios, pactados o no, durante el presente año. No es una tarea fácil, pero no es, ni mucho menos, imposible. España ha conocido fórmulas muy diversas de recuperación de poder adquisitivo en etapas de inflación similares a la actual, aunque es verdad que hace tiempo que las cláusulas de revisión salarial no figuran entre las prioridades de la negociación colectiva.

Por supuesto, una etapa de inflación muy atenuada como la que España ha vivido desde su incorporación al área del euro ha permitido que la negociación colectiva no se preocupe tanto como en el pasado de la evolución de los precios. Pero no puede desconocerse esta nueva situación en la que la estabilidad de precios ha desaparecido tan abruptamente. Si los precios suben y se deteriora el poder de compra de los salarios, antes o después deben restaurarse los equilibrios. Precios y productividad siguen siendo los determinantes de una negociación salarial coherente y responsable. Esa norma debe valer para etapas de estabilidad de precios y, con las variantes que los negociadores incorporen, para periodos de intenso repunte de la inflación como los que vivimos en España y en Europa.