La privatización de las torres de control. Entre la tragedia y la farsa

Nadie podía imaginar hace 13 años que el Gobierno progresista de Rodríguez Zapatero iba a tratar el conflicto laboral con los controladores como un mero problema de orden público, ni tampoco a descalificar a toda la profesión, la de los controladores, como unos privilegiados, ni mucho menos que iba a utilizar la legislación de emergencia del estado de alarma para romper la huelga, pero todo esto finalmente ocurrió.

Es cierto que con una posición crítica minoritaria en la opinión pública, en el Congreso de los Diputados e incluso dentro de la izquierda, donde había calado el lugar común del desafío de una huelga ilegal y el prejuicio acerca de un colectivo económicamente privilegiado. Y de aquellos polvos, estos lodos.

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Pero lo imprevisible, porque tal cosa se encontraba y se encuentra en las antípodas del pensamiento progresista, era que el Gobierno de entonces se aprovechara de una crisis como aquella para realizar su privatización. La privatización del servicio público, empezando por una serie de torres de control, lo que no ha supuesto una mayor eficiencia y sí ha conllevado la precariedad tanto de la actividad como de la formación y del empleo de los nuevos controladores de este sector, hasta unos límites antes inimaginables.

Una privatización por la que los nuevos propietarios privados han relegado la prioridad de la seguridad en aras de la máxima rentabilidad a corto plazo y por la que tampoco, a la luz de los resultados, se ha producido el anunciado abaratamiento de los billetes para los usuarios. En definitiva, el paso del sistema de tasas a tarifas no ha supuesto ahorro para el sector público ni para los usuarios, pero sí mayores ingresos para los propietarios privados.

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Por si no fuera suficiente, desde entonces también se ha privatizado la formación, de manera que ahora se paga entre 30.000 y 50.000 euros la formación en las nuevas escuelas, algunas de ellas propiedad de esos mismos proveedores privados. Y aunque, ante la gravedad de la situación generada, en el año 2021 Enaire intentó retomar de nuevo su propia escuela de formación inicial mediante un acuerdo con los sindicatos, con el objetivo de facilitar el acceso y mejorar la calidad de la formación de los controladores, finalmente el ministerio denegó su permiso.

Ahora, al cabo de más de una década en que las denuncias y las peticiones de condena a los huelguistas de entonces han quedado todas en agua de borrajas, y en que el laudo sobre las condiciones laborales de los controladores ha sido incumplido de manera flagrante por la Administración, aparece de nuevo el problema del control aéreo, pero ya no como tragedia sino también como farsa.

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En los últimos años, el problema del control aéreo ya no está en el sector público, sino que reaparece precisamente en las torres que a partir de entonces fueron privatizadas, con nuevos conflictos laborales ante una situación límite de práctica explotación y de salarios de miseria de los profesionales. Por eso estamos ahora en plena huelga de los controladores privados, con servicios mínimos ilegales de prácticamente el 100%, otra vez sin que la autoridad mueva un dedo antes de que sea tarde.

A pesar también de la valoración de nuestra CNMC, que, aunque suele ser tan proclive a los vientos neoliberales, ha reconocido que si bien la experiencia avala la continuidad, en ningún caso su extensión en torres con aproximación, como son la mayoría de las grandes torres, y de 180 controladores que ahora se pretenden privatizar.

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Esta es la razón por la que países como Gran Bretaña, que encabezaron en su momento la política de privatizaciones en este sector y en otros servicios públicos, las han paralizado e incluso han recuperado una parte para la gestión pública. Asimismo, para que incluso en el Gobierno de los Estados Unidos se considere que por razones estratégicas y de seguridad en el servicio aeronáutico en sus torres de control no caben las privatizaciones.

Sin embargo, frente a este nuevo conflicto laboral y el fracaso de la experiencia privatizadora en España —lejos de provocar la necesaria rectificación de los errores cometidos y el consiguiente retorno de las torres privatizadas a la gestión pública, con la lógica preocupación por la calidad de la formación y de la profesión y, por tanto, de la seguridad aérea, imprescindibles para un sector estratégico por su importancia económica y en particular para el desarrollo del turismo de nuestro país, así como para el futuro del sector aeronáutico—, hoy asistimos con estupor a una verdadera huida hacia adelante con la ampliación del proceso privatizador a las grandes torres de control. Estamos hablando de grandes torres de control como Málaga, Palma de Mallorca, Gran Canaria, las dos torres de Tenerife, Bilbao y Santiago. Tan solo quedarían en manos públicas Madrid, Barcelona y las pequeñas con aproximación. Un buen bocado a las arcas públicas a las espaldas de Enaire por parte del Ministerio de Transportes del actual Gobierno de coalición, al parecer con el malestar y el rechazo de Unidas Podemos.

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Una nueva huida hacia adelante, cuando la empresa privada que ha gestionado hasta ahora las torres de control privatizadas de los aeropuertos ha entrado en crisis, como, por otra parte, era de prever, y además en pleno conflicto laboral. Pero, además, cuando en vez de abandonar el proyecto privatizador, el Gobierno ofrece el sacrificio de las nuevas privatizaciones de las principales torres de control para favorecer que esta vez sean gestionadas por un fondo de inversión como Portobello.

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Porque FerroNats perdió en el último concurso la mitad de sus torres frente a una "baja temeraria" de la otra empresa privada, Saerco (recuérdense la Púnica y el escándalo del Canal de Isabel II), y Nats amenazó entonces con irse si no privatizaban las principales torres, cosa que ahora se ha hecho.

Hace pocas semanas que Portobello compró la parte de Nats (la Enaire inglesa) en FerroNats, al otro socio, Ferrovial. Curiosamente, ahora acaba de salir la orden ministerial de ampliación de privatizaciones que hace años que permanecía guardada en un cajón. Se trata de causalidad, más que de una casualidad.

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Todo esto ocurre en coincidencia con la lucha de los profesionales sanitarios y del pueblo de Madrid frente al deterioro y la privatización del Gobierno de Díaz Ayuso y en defensa de la sanidad pública.

Todo a costa del erario público. Es algo que como país no nos podemos permitir.