Catalanizar España, desespañolizar Cataluña

El nacionalismo catalán no ha renunciado a la independencia. Sin embargo, es consciente de que no la logrará a corto plazo. Si no consiguió hacerlo durante la década de 2010, cuando los tumultos económicos y políticos posteriores a la crisis financiera pudieron trastocar la ordenación de la UE, no lo hará ahora. Y mientras espera a que llegue otro momento propicio para volver a intentarlo, ha puesto en marcha una estrategia que mezcla elementos del catalanismo tradicional con lo aprendido durante el procés. Por un lado, catalanizar España. Por el otro, desespañolizar Cataluña. Lo primero es defendible. Pero nadie debería permitir lo segundo. Tampoco el PSOE.

Una España en lengua catalana

En los últimos años, la catalanización de España ha consistido en la transferencia de la inestabilidad política de Cataluña al resto del país. Ha sido como si todo él viviera su propio procés. Pero ahora, los líderes del nacionalismo catalán han decidido defender algunos de sus propósitos más tradicionales y adoptar la respetable apariencia de los reformistas. El objetivo de introducir las lenguas cooficiales en la actividad del Congreso, para ellos, no consiste solo en reflejar el pluralismo lingüístico del país, que es real, sino en otorgar al catalán, y en menor medida al vasco y el gallego, un poder redentor. Su mero uso en los escaños, piensan en ERC y Junts, tendría un carácter performativo; simbolizaría y empujaría la reforma de un Estado autoritario gracias a la acción de su periferia ilustrada. Se trata de una forma de pensamiento ilusorio.

De una manera semejante, el uso del catalán, el vasco y el gallego en el Parlamento Europeo tampoco contribuirá a que la UE muestre un mayor compromiso con las llamadas "naciones sin Estado". Y, además, es poco probable que llegue a aprobarse en un contexto en el que la complejidad lingüística de las instituciones ya es difícil de manejar. Pero los independentistas han cambiado el lema "Catalunya, nou Estat d'Europa" por la exigencia de que se contrate a unos cuantos traductores. En cierta medida, es una derrota para ellos. Y no creo que el PSOE ponga en riesgo nada fundamental al activar ambas iniciativas, aunque es probable que las dos fracasen parcialmente.

Los derechos políticos de la mitad

Mucho más peligrosa es la conversación alrededor de la amnistía. Esta puede librar de sus responsabilidades penales a miles de personas pertenecientes a la élite política independentista, o muy conectadas a ella. Eso es grave por sí mismo. Pero aún lo es más el objetivo general que persigue el independentismo con esa medida: transmitir que la ley española no tiene ningún poder, ni debe tener ningún papel, en la vida política catalana cuando esta versa sobre el soberanismo. A falta de capacidad para lograr la independencia de Cataluña —es decir, sacar a Cataluña de España—, el independentismo ha decidido seguir optando por lo inverso —sacar a las instituciones españolas de Cataluña—, y este sería un paso importante en esa dirección.

El catalanismo siempre ha querido mostrar un rostro amable y transmitir que todos los ciudadanos de Cataluña pueden sumarse a la identidad nacional si reconocen sentimentalmente que Cataluña es una nación y adoptan la lengua catalana de manera pública y ostensible. En los últimos años, sin embargo, se ha hecho más evidente el envés de esa aparente generosidad: quien decida no sumarse al proyecto nacional, no tendrá los mismos derechos políticos que quienes sí lo hagan. La Generalitat y el Parlament, pues, serían instituciones que gobiernan a todos los catalanes, pero que solo tienen la responsabilidad de rendir cuentas y de proteger los derechos ante la mitad de ellos. Al mismo tiempo, consideran los independentistas, las instituciones del Estado central deben ir desapareciendo de Cataluña para que esta vaya haciendo efectiva su soberanía. Eso dejaría en una situación aún más vulnerable a la mitad que libremente ha decidido no sumarse al proyecto nacional o hacerlo solo de manera parcial. A mi modo de ver, la tarea de quienes nos oponemos al nacionalismo catalán no consiste en propugnar una noción esencialista de España, ni el carácter unitario del Estado, ni mucho menos cuestiones identitarias vinculadas a la tradición o la historia. Consiste en defender la igualdad de derechos políticos de esa mitad de catalanes no independentistas. Y la amnistía es un paso más en la dirección contraria.

El independentismo es consciente de que Pedro Sánchez es particularmente proclive a incumplir sus compromisos

Si, como creo que sucederá, Pedro Sánchez es investido presidente con el apoyo de Junts, el nacionalismo catalán no verá en la nueva legislatura otra ventana de oportunidad para la independencia, sino para dos procesos muy interiorizados tras más de un siglo de tradición catalanista y más de una década de procés: como ya está haciendo en las negociaciones previas, utilizará su influencia política para obligar a las instituciones del Estado central a reconocer la pluralidad de España y, al mismo tiempo, para reducir el amparo de las instituciones catalanas al pluralismo de Cataluña. No es un proyecto fácil. El independentismo es consciente de que Pedro Sánchez es particularmente proclive a incumplir sus compromisos. Quién sabe en qué pueden acabar las promesas sobre el uso de la lengua y la amnistía, por mucho que queden por escrito y tengan apariencia formal. Pero aun así hay motivos para preocuparse. No pasa nada por aumentar el reconocimiento de la pluralidad del país catalanizando España (aunque luego habrá que gestionar la legítima ambición de otras regiones que quieran hacer lo mismo, como ya empezamos a ver en el caso de Valencia). Pero sería temerario permitir que el independentismo desespañolizara aún más la Cataluña oficial; es decir, que se abandonara un poco más a los catalanes ante los que la Generalitat y la mayoría del Parlament no creen que deban rendir cuentas. Empezando por una amnistía de las élites, y los satélites de estas, que no cumplen las leyes.