El debate sobre el traspaso de la Guardia Civil de Tráfico a las CCAA

Las competencias en materia de vigilancia de tráfico en España no son homogéneas. Algunas CCAA, como el País Vasco, disponen además de una policía autónoma propia, la Ertzaintza, que, al amparo del art. 17 del EAPV y de otras normas posteriores, pretende ser y lo es una policía integral: policía de proximidad, antiterrorista, judicial y pretende serlo de control de fronteras, puertos y aeropuertos.

En Cataluña ocurre algo parecido, si bien el Estatuto de Sau (1979) no contemplaba la existencia de una policía que cubriese las competencias de tráfico y sustituyese en parte o en todo a la Guardia Civil en su control. El Pacto del Majestic (1996), entre Aznar y Pujol, hizo posible a través de la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, de Transferencias de competencias ejecutivas en materia de tráfico, a la policía autónoma, los Mossos, que hoy cuenta con más de 30.000 efectivos. Su prueba de fuego fue el procés y salieron como pudieron, sobre todo sus mandos, en colusión con el poder de la Generalitat. Hoy, la policía de la Generalitat-Mossos d'Escuadra tiene amplias competencias reconocidas en el art. 165 del nou Estatut.

Desde el punto de vista de las comunidades llamadas históricas, faltaba la Foral de Navarra. Desde los tiempos de Belloch como ministro del Interior y Justicia (biministro), con Margarita Robles de secretaria de Estado, pasando por los de Mayor Oreja al frente de Interior hasta llegar a Marlaska, Navarra pretendió recuperar sus competencias sobre regulación de tráfico sobre caminos y carreteras, que la creación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en los años sesenta del s. XX no respetó.

La policía foral hoy modernizada y con un número de efectivos mucho menor que el de las referidas CCAA, pero con la pretensión de ser una policía integral —en parte ya lo es, policía de proximidad, con comisarías desplegadas en el territorio, judicial, grupos antidisturbios, etc.—, iba a asumir las competencias de tráfico que el Gobierno de María Chivite había pactado con Sánchez.

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Pablo Gabilondo

Es sabido que más allá de la referida competencia histórica, Bildu (socio de gobierno de Chivite) tiene especial interés en que la Guardia Civil no se ocupe en Navarra de estas cuestiones. Sin embargo, hay que decir que la coordinación actual bajo el mando de la Guardia Civil ha funcionado razonablemente bien.

Una sentencia del Tribunal Supremo (Tercera), de 15 de febrero de 2024, ha negado que el amejoramiento del fuero (Lorafna), en su redacción vigente, en especial los artículos 49.3 y 51, contemplen la posibilidad de traspaso en materia de tráfico con la retirada gradual de la Guardia Civil en favor de la Policía Foral, si no se reforma el amejoramiento (art. 71.2) o se utiliza como en el caso catalán, la Ley de Transferencia ex art. 150.2 CE, que exige mayoría absoluta para su aprobación en las Cortes, al ser orgánica.

La sentencia es un varapalo al Gobierno de Sánchez, pues anula el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, de traspaso, y parte al de Chivite (con Geroa, Bildu y los restos de Podemos) al no seguir los dictámenes jurídicos de la mejor doctrina foralista que le advirtió sobre los riesgos que corría una decisión unilateral del Gobierno. Tampoco negoció con UPN o el PP.

El tema es sensible, pues se debate una vez más la retirada coordinada de la Guardia Civil de Tráfico en las carreteras propiedad de Navarra (competencia exclusiva, incluso autopistas). El debate está servido: socialistas y nacionalistas han puesto el grito en el cielo. Pero de momento deberán esperar y sobre todo negociar si quieren que se apruebe en las Cortes Generales.

El tema es sensible, pues se debate la retirada coordinada de la Guardia Civil en las carreteras propiedad de Navarra (competencia exclusiva)

¿Y en las demás CCAA, qué? Fraga fue práctico y pidió la adscripción de unidades de la policía nacional al servicio de la Xunta de Galicia como hoy contempla el art. 47 de la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, para todas las comunidades que no tengan policía propia. Es posible, por tanto, la heterogeneidad en el modelo policial, como la realidad demuestra, si hay claridad competencial, de funciones y coordinación.

Pero si se trata el tema es por la necesidad de abrir un debate nacional sobre qué policía queremos en un Estado cuasi federal. Todo poder territorial debe tener una policía a su servicio. Pero conviene fijar su naturaleza, competencias y límites. Diego López Garrido en la segunda edición de su libro sobre la Guardia Civil y los orígenes del estado centralista, esbozó un esquema de coordinación entre policías del Estado central, autonómica y locales, que no ha tenido receptividad. Hoy habría que añadir el referente Europeo.

Piénsese, que aunque hoy se habla de coordinación de policías en el seno de la UE, vb. gr., entre España y Francia o entre Estados, ejemplo con Marruecos en temas de inmigración, las CCAA no pueden destacar policías locales en verano para ayuda a las CCAA limítrofes receptoras de turistas de otras regiones, porque la doctrina del TC sobre Policías locales lo impide.

Es necesario antes que tarde un debate sobre las policías en un Estado como el nuestro, claro si se cree en el Estado de las autonomías y no si todo se hace en clave de construcción o deconstrucción nacional según se vea, en cuyo caso es imposible. Pero al menos en territorio común debería intentarse y lograr mejores resultados. Y también con la UE, piense el Sr. Marlaska en la policía de fronteras de la UE.

*Manuel Pulido Quecedo es profesor y abogado.