Contra los delitos flagrantes, Código Penal

El Grupo Parlamentario de Ciutadans ha presentado este viernes una denuncia contra la presidenta del Parlament y otros miembros de la Mesa, por prevaricación y desobediencia, al haber admitido a trámite una iniciativa legislativa popular que intenta una nueva declaración unilateral de independencia en el Parlament.

La Sra. Erra fue alcaldesa de la ciudad de Vic de 2015 a 2023. Durante su mandato, además de promover todo tipo de performances, carteles, lazos y megafonía orwelliana llamando a la resistencia desde la plaza pública cada día a las 12, su ayuntamiento denegó una carpa en el municipio a Ciutadans porque hacíamos una campaña por el respeto al castellano en la enseñanza, y eso iba, según ellos, "en contra de la opinión mayoritaria de la población". Ciutadans recurrió y el juzgado condenó a la alcaldía de Anna Erra, declarando en la sentencia que el ayuntamiento había vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas que ampara la Constitución.

En el año 2023, fue nombrada presidenta del Parlament por la expulsión de su predecesora Laura Borràs, que fue condenada por falsedad y malversación de caudales públicos a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación. Falseaba presupuestos para contratar a dedo a un amigo suyo. Ciutadans aportó a la Fiscalía los documentos decisivos para su condena, obtenidos de la Generalitat por gestiones de Ciutadans que, según la propia Borràs, la "teníamos frita" con nuestras solicitudes de información. Hubo un cierto escándalo en noviembre de 2018 porque trascendió que la Sra. Borràs le pidió información privilegiada a su compañero de Gobierno, el Sr. Buch, conseller de interior y responsable de la Policía, para saber si los Mossos la estaban investigando por ese delito. El Sr. Buch, por cierto, está condenado por malversación de caudales públicos a cuatro años y medio de prisión y 20 de inhabilitación, porque le pagaba el escolta en Bruselas al fugado Puigdemont. Ciutadans denunció a Buch y aportó datos que demostraban la malversación y que condujeron a su condena.

El presidente de la Generalitat cuando Buch era conseller fue Quim Torra, sucesor de Puigdemont, descabalgado de la Presidencia de la Generalitat porque, denunciado por Ciutadans, se negó a descolgar un lazo amarillo y una pancarta de la fachada de la Generalitat en época electoral. Le denunciamos otra vez ante la Fiscalía y acabó inhabilitado por delito de desobediencia.

La ilegalidad del acuerdo les ha sido advertida incluso por los letrados del Parlament

La Sra. Anna Erra y sus compañeros de Junts y la CUP han acordado tramitar la ILP de independencia pese a conocer su ilegalidad, puesto que la doctrina del Tribunal Constitucional es inequívoca en cuanto a la imposibilidad de tramitar iniciativas radicalmente inconstitucionales que busquen la independencia de Cataluña. La ilegalidad del acuerdo les ha sido advertida incluso por los letrados del Parlament.

Pero es que, además, la admisión a trámite lleva aparejado por ley un pago a la Comisión promotora de hasta 40.000 euros por las firmas conseguidas y un posible adelanto de esos gastos. Dichos pagos, realizados con dinero público, sufragarían el proceso de agitación y propaganda de recogida de firmas para una ley que es imposible que entre en vigor mientras España exista. Por eso, en el momento que se produzcan los pagos, ampliaremos la denuncia, añadiendo el delito de malversación de caudales públicos a los ilícitos cometidos por los miembros de la Mesa.

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Marcos Lamelas. Barcelona

Desde 2017, los políticos del Parlament no se habían atrevido a incurrir en flagrante delito otra vez tramitando una declaración de independencia. Visto el destino judicial que corrían sus compañeros de fechorías, los dirigentes separatistas tenían buen cuidado también en no malversar caudales públicos a los ojos de todos para pagar acciones ilegales con el fin de subvertir el orden constitucional. Ha habido Tsunamis, CDR detenidos por tenencia de explosivos, organizaciones de algaradas, persecución de policías, ataques a personas y heridos graves. Todo, naturalmente, desde la clandestinidad para evitar la acción de los tribunales.

El trabajo que han hecho Pedro Sánchez y Salvador Illa por la "convivencia" y para "pasar página" ha sido indultar, despenalizar la sedición, rebajar la malversación y, finalmente y para tener el voto de Puigdemont, amnistiar a todo quisqui. La consecuencia ya la tenemos aquí. El fanatismo supremacista ataca de nuevo, en la confianza de que ahora el Poder Judicial se verá impotente para hacer cumplir las leyes a los políticos protegidos por Sánchez.

El trabajo que hizo y que sigue haciendo Ciutadans en Cataluña es defender los derechos y libertades de todos los catalanes. Centrados en solucionar los problemas de los ciudadanos, pero firmes contra los privilegios de una clase política que no escatima dinero para la agitación y propaganda a costa de unos servicios públicos cada vez más precarios.

Mientras el PSOE reparte amnistías y el PP ve a Puigdemont "respetable" con tal de llegar a la Moncloa, Ciutadans seguirá siendo el dique de contención del totalitarismo separatista. Y lo haremos políticamente, pero también recurriendo al Código Penal, en tanto el separatismo amparado por Pedro Sánchez siga cometiendo flagrantes delitos.

*Carlos Carrizosa es presidente de Ciutadans y diputado en el Parlament de Cataluña