No hay Estado sin fronteras, ni fronteras sin Estado

Flota en el ambiente un nuevo disenso aparente entre el PSOE y Junts, esta vez a propósito del control de fronteras, tradicional competencia estatal en todas las naciones, que los independentistas exigen que les sea transferida. El argumento formal —que se expone al margen de lo que jurídicamente sea posible, extremo que resulta indiferente para ambas partes, todo sea dicho— es que Cataluña (o sea, los independentistas, pues los demás no cuentan) quiere y exige como "justo" controlar los flujos migratorios, esto es, la llegada de personas que quieran instalarse en su territorio…

Ese argumento, es solo de fachada, pues la meta última de la exigencia, expresada por Puigdemont, es el control de las fronteras, quitando esa competencia a la Guardia Civil, y todo bajo la amenaza de retirar el apoyo de los famosos siete votos que Sánchez necesita. En realidad, y así se han expresado los independentistas, y no solo Junts, se quiere expulsar de Cataluña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas.

Portavoces de Junts se explayan diciendo que exigen que las fronteras las controlen los Mossos porque, según dicen, quieren más soberanía, y eso es incompatible con la presencia en territorio catalán de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La autoridad sobre las fronteras es un paso imprescindible para poder "parecerse" a un Estado diferente del Reino de España, lo que se resume fácilmente en una idea: si los Estados tienen fronteras custodiadas por sus Policías, Cataluña ha de tener a su Policía controlando las fronteras y así, de un modo visible, se verá que se trata de las fronteras de Cataluña.

Por supuesto que esa idea la suscribirían los demás Partidos independentistas, pero no la mayoría de la ciudadanía de Cataluña, como el PSOE y el PSC saben, aunque ese no sea un óbice para proseguir en la senda de mantenerse en el poder al precio que sea. La benevolencia con la que el PSOE-PSC contempla las matonas peticiones de Junts, dio pie a que el Gobierno, en un primer momento, ofreciera que los Mossos controlaran puertos y aeropuertos junto a la Policía y la Guardia Civil, pero Junts rechazó esa oferta insistiendo en exigir la totalidad del control de fronteras.

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El último capítulo, por ahora, es que Illa promete que para el 2025 los Mossos asumirán las competencias de control en puertos y aeropuertos, además, que la Generalitat podrá gestionar dentro de poco las competencias en materia de inmigración, reconociendo que ese traspaso es imprescindible para desencallar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado cuya aprobación requiere de los votos de Junts.

Lo que eso pueda ofender a los cientos de miles de catalanes que no son independentistas es cosa que les trae al pairo, o, peor aún, están convencidos (o no les queda más remedio que estarlo) de que todos los que discrepan de la bondad de esos traspasos competenciales están dispuestos a sacrificarse y renunciar a sus opiniones y sentimientos a cambio del "bien mayor" de preservar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y eso es lo que hay, y así opinan los cientos de estómagos agradecidos que defienden la acción de gobierno. Pero el problema es bastante más complicado.

Sucede que la competencia sobre el control de la inmigración y, en general, la extranjería, es exclusiva del Estado, pues así lo dispone el art.149 de la Constitución, que reserva al Estado todo lo referente a nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Por lo tanto, la cesión de la competencia en esas materias topa con la Constitución, lo cual no es un obstáculo importante para el actual PSOE, y seguramente lo obviarían mediante una Ley que delegara esa competencia, fumándose limpiamente la advertencia de que se trata de una competencia de carácter exclusivo, por lo tanto, indelegable como regla, además de que es, por su propia naturaleza, supracomunitaria, razón por la cual no podría estar incluida en ningún Estatuto de Autonomía. Repito que eso no es un valladar, si se sigue la escala de valores del Gobierno y la ordenación de los intereses, que comienza con su permanencia en el poder, y lo del sometimiento a las exigencias del Estado de Derecho se deja para las clases en las Facultades de Derecho.

La autoridad sobre las fronteras es un paso imprescindible para poder "parecerse" a un Estado diferente del Reino de España

Enfocada la cuestión con "óptica de Estado" resulta que las fronteras que se dice que son de Cataluña no son tales, sino que son fronteras de España, y es ridículo negar que quienes entran en Cataluña entran en España, y pueden dirigirse desde Cataluña a donde quieran. Esa es una realidad que sería necio negarla, y es entonces cuando se quiere echar hojarasca sobre el motivo de fondo de todo (tener apariencia de Estado por tener frontera propia) y se aduce el argumento de la necesidad de controlar la inmigración.

Ese tema tiene su propia enjundia, pues, en primer lugar, el problema de la inmigración exige políticas de Estado, sin olvidar sus múltiples facetas: la inmigración ilegal, la inmigración necesaria en un país de baja natalidad, la necesidad de racionalizar el asentamiento de los inmigrantes, la distribución de los costes de acogida, el posible reparto de los migrantes entre territorios —tema en el que cada una de las CCAA plantea sus propias exigencias— y tantos otros problemas. En segundo lugar, sería absurdo negar que el control de la entrada y salida del Estado tiene también una importante dimensión de problema policial que, por su misma naturaleza, es de interés nacional y no puede ser cuarteada la política criminal vinculada a esa realidad.

Los independentistas se "refugian" en la alegación de que su interés —y, según ellos, su derecho— es controlar el flujo migratorio que quiera dirigirse a Cataluña, lo que se traduce en potestad para conceder autónomamente permisos de residencia y de trabajo, marcando condiciones, como, según ellos dice, exigir el aprendizaje del catalán para poder "tener papeles". La puesta en práctica de esa pretensión —dejando de lado la inviabilidad jurídica— daría lugar a un escenario absurdo y complicado, pues serían precisos diferentes programas de control de la entrada. Por una parte, quien llegara por tierra, mar o aire a Cataluña tendría que aclarar si su pretensión era instalarse y no regresar a su país, o si, por el contrario, era uno más de los cientos de miles de turistas que vienen a España, para disfrutar sus vacaciones o visitas en Cataluña o en otro territorio. Quiere eso decir, en suma, que los controles de pasaportes (si es que se exige la presentación de ese documento, lo que no siempre es cierto) no son una llave de control de la inmigración.

Los independentistas se "refugian" en la alegación de que su interés es controlar el flujo migratorio que quiera dirigirse a Cataluña

Tampoco hay que olvidar el control documental de la inmigración, que pasa por las concesiones de permisos de residencia o de trabajo. Es posible que el independentismo se quiera referir a esa clase de control como problema prioritario. Pero, además de que es inimaginable un permiso de "residencia en Cataluña", como en algún delirio habrá imaginado algún independentista, no hay que caer en la ingenuidad, porque, según creo, y conozco la tierra y el personal, el objetivo principal no es solo filtrar a las personas que quieran vivir en Cataluña, sino, como dije al principio, tener "frontera propia", que es un paso en la construcción del "Estado propio", y a eso "coherentemente" le ha de acompañar la expulsión de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas españolas, que algunos zangolotinos locales denominan "fuerzas de ocupación".

Estamos ante un batiburrillo de despropósitos, siguiendo con la línea de acción política de los últimos tiempos, y nada parece bastar para que el Gobierno del Estado diga a sus amados independentistas "hasta aquí podríamos llegar", pero ese frenazo, en estos temas de fronteras y residencia, todavía no se ha producido, y la experiencia no es tranquilizadora, pues a cada concesión extrajurídica (como sería el control de puertos y aeropuertos) le sigue otra exigencia más demencial, y así seguimos, viendo cómo la prensa está atenta a un tema, ese sí, de máxima importancia: saber si los Sres. Sánchez y Puigdemont se van a hacer una foto juntos, para sellar su idilio ante los españoles.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho penal y abogado.