Un país, dos políticas de vivienda

¿Puede un mismo país mantener dos políticas contrapuestas y hasta enfrentadas de vivienda? España, la única nación del mundo en la que como decía el duque de Wellington dos y dos no siempre dan cuatro, parece estar en condiciones de tenerlas si se presta atención a las ofertas que estos días proclaman enérgicamente los dos grandes partidos.

Durante esta semana hemos podido escuchar dos planes alternativos para atajar un gran problema de los españoles. Primero y en boca del líder de la oposición, hemos escuchado un plan de choque que promete hacer accesible la vivienda. Al día siguiente, el presidente del Gobierno reiterando ideas ya expresadas, ofrecía otro. Ambas propuestas también están o parecen estar – porque hasta el momento sólo hay palabras- en las antípodas ideológicas de las soluciones posibles. Una defiende el estímulo del mercado y la otra propone reforzar la iniciativa pública … ¿Cuál de las dos tiene razón? ¿Cuál está en lo cierto? Pues cómo no lo sabemos, podríamos pensar en dejar que la economía resuelva. Ella determinará quien acierta, dirá alguno.

El problema está en eso que los economistas que saben llaman elasticidades y rigideces de la vivienda (lo que tarda la oferta en adaptarse a la demanda y a la inversa) y que lleva al largo plazo, es decir, que nos obligaría a esperar bastante tiempo para resolver el dilema. Y en el largo plazo, decía o venía a decir Keynes, todos calvos.

Pero en el caso de que la economía no resuelva la disyuntiva, ¿por qué no proceder entonces a la lectura de la Constitución, de la que por otra parte habría que partir desde un principio, para esclarecer las competencias de Estado y Comunidades Autónomas?

¿Por qué no leer la Constitución para esclarecer las competencias de Estado y Comunidades Autónomas?

Si nos atenemos a ello, comprobamos que en virtud del artículo 148. 1. 3º, las Comunidades Autónomas tienen competencia (exclusiva, dicen algunos) para el desarrollo de una política propia en “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, quedándole al Estado -según diferentes apartados del art 149 CE- atribuciones de tipo general relacionadas con la igualdad de todos los españoles, la planificación de la economía o el medio ambiente, de lo que alguien podrá deducir que ambos sujetos, en la medida en que los partidos que dominan cada representación territorial así lo quieran, están competencialmente -léase constitucionalmente- legitimados para operar separadamente en lo suyo de manera diferenciada.

¿Es esto posible? ¿Resulta cabal? ¿Es tan absurda nuestra Constitución como para abocarnos a una política en que un solo país mantenga dos políticas separadas de vivienda? Rotundamente, no.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez lanza un PERTE de vivienda, ayudas fiscales, golpe a las socimis y veta la compra de extranjeros

Ruth Ugalde

Lo anterior es una lectura interesada de la Constitución que nace y lleva a perpetuar el estéril conflicto que nos invade: la lucha por el poder que tanto aburre a una sociedad que está fatigada de que sus necesidades reales sean víctima propiciatoria de un combate ridículo. La Constitución abre otro camino que -y en la medida que es un oficio que conozco- me permito apuntar por encima.

El problema de la política de vivienda debería ser materia de una comisión parlamentaria de investigación que aclarase con el concurso de todos lo que está sucediendo en sus causas y sus diferentes alternativas. Me refiero a una comisión del artículo 76 CE “destinada a investigar cualquier asunto de interés público” y no a la comisión de vivienda que existe de manera estable que, con lo que está pasando, ha demostrado sobradamente su ineficiencia. ¿O es qué acaso las comisiones de investigación están solo para los escándalos, para echarse unos a otros a la cara insultos e imputaciones que cada vez degradan más la ya de por sí escandalosa vida política española?

El problema de la política de vivienda debería ser materia de una comisión parlamentaria de investigación que aclarase con todos

¿No podrían intentar por una vez llegar a algún acuerdo del que por otra parte, y a juzgar por sus discursos, no parecen estar tan distantes las propuestas sobre política de vivienda que hemos conocido? Al menos, esto nos permitiría conocer a todos en qué coinciden y en qué se diferencian dos estrategias que deben afrontar un mismo y común problema, el difícil -casi imposible para algunos- acceso a la vivienda.

Aún más. La Constitución también permite legislar de común acuerdo para afrontar el problema desde unos principios neutros compartidos. Para ello están en el artículo 150. 1 CE las leyes marco que imponen a las comunidades autónomas y también al Estado un programa de acción dirigido en una misma dirección. No se trata de desapoderar a los gobiernos autonómicos ni de repotenciar al poder central. Lo que permite este precepto es concordar, acordar y caminar en la misma dirección de forma obligada. Y no como sucede ahora, que leyes meramente retóricas (volitivas cabría denominarlas) proclaman lo que no quieren o pueden hacer efectivamente, generando una enorme frustración y el descredito social de la acción pública.

TE PUEDE INTERESAR

La ministra de Vivienda pide apartar las cuitas partidistas y aprobar la Ley del Suelo

Ruth Ugalde

Por último. También el Tribunal Constitucional, a petición de algún sujeto u órgano constitucional legitimado, puede advertir a ambos sujetos que el mandato constitucional impone a los poderes públicos cooperar y coordinar sus acciones en el sentido de resolver las necesidades que acucian a los españoles.

¿Y qué necesidad más urgente que construir una política común de vivienda que resuelva el problema más grave que afrontan los españoles? ¿Es pedir mucho que se acuda a la Constitución en este asunto?

* Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional.