La CARUE: un teatro sin guion para las comunidades autónomas

Durante más de cuatro años, las comunidades autónomas hemos asistido a un silencio institucional difícilmente explicable en materia de Asuntos Exteriores y Unión Europea. Tras 42 meses sin convocar el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), el Gobierno de España decide finalmente reunirnos. Pero lo hace tarde, mal y con un orden del día que convierte una herramienta esencial de cooperación en un simple trámite administrativo.

Acudimos a esta reunión con una profunda sensación de desánimo institucional y con la convicción de que el modelo de gobernanza que se está practicando supone un claro retroceso democrático. No se trata de una queja retórica: estamos ante una quiebra evidente del principio de lealtad entre administraciones y ante una forma de entender la política europea que ignora deliberadamente a quienes gestionamos buena parte de las competencias que emanan de Bruselas.

El retraso acumulado en la convocatoria del Pleno no es una anécdota burocrática. Es un incumplimiento flagrante de la legalidad vigente. El propio Reglamento de la CARUE establece la obligación de reunirse, al menos, una vez al año. No hacerlo durante más de tres ejercicios completos equivale a despreciar las normas que el Estado se ha dado a sí mismo y a relegar a las comunidades autónomas a un papel irrelevante.

Resulta especialmente grave que, en todo este periodo, España haya ostentado la Presidencia del Consejo de la Unión Europea sin que se haya considerado necesario convocar a los gobiernos autonómicos ni una sola vez. Ni para informar de prioridades, ni para coordinar posiciones, ni para rendir cuentas. Andalucía, como el resto de regiones, ha sido tratada como una espectadora pasiva de decisiones que afectan de lleno a su economía, a su tejido productivo y a sus ciudadanos.

Esta manera de proceder vacía de contenido los cauces formales de participación y contradice el espíritu de cooperación que debe presidir nuestro sistema autonómico. Porque conviene recordarlo: la política europea no es un asunto exclusivo del Gobierno central. Las políticas de cohesión, los fondos estructurales, la política agrícola común o los programas de desarrollo regional se ejecutan, en gran medida, desde las comunidades autónomas.

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La convocatoria actual no corrige esa deriva; al contrario, la agrava. Se nos reúne con un orden del día fundamentalmente informativo, sin puntos de decisión y con una mezcla de asuntos secundarios y cuestiones de enorme trascendencia tratadas de forma superficial. Temas como la política arancelaria de Estados Unidos, la respuesta de la UE o la política industrial merecerían sesiones monográficas y debates rigurosos. Sin embargo, se introducen casi de soslayo.

Pero hay una ausencia que resulta clamorosa: la del debate sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Estamos hablando de las reglas que determinarán la financiación comunitaria durante los próximos siete años, de la columna vertebral de la política de cohesión y del futuro de territorios como Andalucía. Pretender reducir este asunto a un punto genérico y sin documentación de apoyo es, sencillamente, una irresponsabilidad.

La política arancelaria de EEUU, la respuesta de la UE o la política industrial merecerían sesiones monográficas y debates rigurosos

La propuesta inicial de la Comisión Europea apunta a una recentralización de decisiones y a un debilitamiento del papel de las regiones. Desde Andalucía observamos con enorme preocupación esa deriva hacia macrofondos nacionales que diluyen la capacidad de las comunidades para definir sus propias prioridades. Ya sufrimos en los últimos años los efectos de un modelo opaco y centralizado en la gestión de los fondos MRR. No queremos que esa experiencia se repita.

Por eso exigimos, con toda legitimidad, conocer cuál es la posición del Gobierno de España: qué defensa está haciendo de la política de cohesión, qué postura mantiene sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional y cómo piensa garantizar que las regiones sigan siendo protagonistas en la gestión de los recursos europeos. Son preguntas elementales que, a día de hoy, siguen sin respuesta.

Andalucía no va a resignarse a ser convidada de piedra. Queremos ser parte activa en la construcción del proyecto europeo

Desde Andalucía reclamamos lo que cualquier sistema democrático maduro debería garantizar: diálogo político real, transparencia, coordinación efectiva y una posición española construida de abajo arriba. No pedimos privilegios ni cuotas de poder. Pedimos respeto institucional y participación leal en decisiones que afectan directamente a nuestros ciudadanos y a nuestro futuro.

La política europea es una política de Estado. Y en ese Estado, conviene recordarlo, también estamos las comunidades autónomas. Mientras el Gobierno de España siga ignorando esta realidad, la CARUE continuará siendo un foro vacío, un mero decorado institucional y un ejemplo más de cómo no debe gestionarse la relación entre administraciones.

Andalucía no va a resignarse a ser convidada de piedra. Queremos ser, como nos corresponde, parte activa en la construcción del proyecto europeo. Porque Europa se construye desde los territorios, no de espaldas a ellos.

*Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior.