Adamuz y la imprudencia acumulada

Ha pasado un mes desde la tragedia de Adamuz que dejó 45 muertos y cientos de heridos. Desde el primer momento se ha querido averiguar la causa del descarrilamiento del tren y subsiguiente choque frontal con otro y, también muy pronto, se señaló que la causa podía estar en una rotura de una vía mal soldada que habría dado lugar al accidente.

Según avanzan los días, aparecen más datos que se suman al mentado defecto de la soldadura de la vía. También se quiso apuntar al peso del tren, y últimamente se dice que Adif llevaba dos años sin hacer la revisión electrónica de la vía de alta velocidad, pues terminó la contrata de la empresa encargada de ese trabajo y no se renovó, por lo que se dejó de hacer esa comprobación preventiva. Habrá que saber quién decidió que fuera así, pero es seguro que ninguno de esos factores, y otros más (soldadura, peso, revisión, control, decisión sobre inversiones y gasto, etc.) es individualizable como causa de la tragedia.

La sociedad, evidentemente, no puede admitir que, a falta de una causa concreta, a la postre, no responda nadie. La reacción (previsible) que denuncia la "inutilidad de las leyes", es humanamente comprensible y, sobre todo, de una indiscutible importancia política. Es cierto que siempre habrá la responsabilidad de la Administración (art. 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público). Pero la ciudadanía demanda, además de eso, responsabilidades personales e institucionales. La técnica jurídico-penal tiene respuestas teóricas sobre las condiciones que se han de reunir para apreciar una imprudencia punible, pero esa técnica topa con dificultades para alcanzar la totalidad del drama e imputarlo a personas concretas. Con ello no quiero decir, en modo alguno, que el derecho no tenga nada que decir.

Apuntar a un hecho (cuál puede ser la rotura del raíl) como causa inmediata de lo que pasó no sirve para mucho en orden a determinar la responsabilidad jurídica personal, o corporativa, y, en su caso, penal por las terribles consecuencias. El motivo más próximo al accidente no puede ser el único, y ni siquiera considerarse el más importante. Decir que se rompió un tramo de vía lleva a la pregunta relativa a las causas de esa rotura, y seguirán las correspondientes al estado de la vía, a los materiales con los que fue hecha, a la detección previa de las condiciones de los raíles, y la lista de preguntas sigue y se amplía. Sobre una estructura como la red de ferrocarril de alta velocidad incide necesariamente una amplia gama de protocolos que afectan a su construcción, a su calidad, a su custodia y vigilancia, a la detección de anomalías, etc. Y, a su vez, cada una de esas parcelas del problema atañe a personas diferentes, sin perjuicio de que se pueda llegar en cadena jerárquica hasta los máximos responsables de la organización ferroviaria y del propio Gobierno del Estado.

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El desgaste de los raíles, el defectuoso mantenimiento, achacable, tal vez, a decisiones orientadas a reducir gastos, la insuficiencia o falta de inspecciones de control que hubieran podido detectar el deterioro del raíl, incluso los defectos del tren o el exceso de velocidad –aunque esas dos parecen ser las hipótesis más improbables– y, por supuesto, la fatal coincidencia del descarrilamiento con el paso de otro tren en sentido contrario, contribuyeron en conjunto al trágico final.

Con ese panorama se exigen, y es justo, respuestas jurídicas, además de la obligación de atender a las víctimas y reparar los daños de toda clase. Como he dicho antes, la posibilidad de imputar la tragedia a una causa concreta hay que descartarla. En principio, se excluye la posibilidad de que la causa sea un fallo absolutamente imprevisible en el actual estado de la ciencia (así lo sugirió como posibilidad el ministro del ramo), lo cual cerraría el paso a cualquier imputación de responsabilidad.

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Tenemos un resultado que puede traer causa de la inobservancia o transgresión de una o diversas normas de cuidado (primer y esencial componente de la conducta penalmente imprudente). Cada una de ellas puede integrar una conducta imprudente por sí sola. Por ejemplo, la decisión de ahorrar gasto reduciendo los controles técnicos sobre el estado de la vía, es un acto imprudente, pues esos controles no son caprichosos, sino que se orientan a prevenir problemas futuros, sin que tengan que ser tan catastróficos. Quiere eso decir que el segundo componente de la conducta imprudente punible (la previsibilidad del resultado) se cumple sin necesidad de que la previsión sea precisa y exacta, entre otras cosas porque la previsibilidad de un resultado dañoso es una nota estructural del delito imprudente, determinada por conocimientos, experiencia y conciencia de que las normas de cuidado obedecen a una razón preventiva. Eso es independiente de que quien se comporta imprudentemente haya contemplado o no ese riesgo potencial: el que conduce un automóvil sin frenos sabe que puede causar un accidente, aunque no pueda prever la entidad y alcance de ese accidente, pero podía y debía hacerlo.

La tragedia de Adamuz probablemente será consecuencia de una acumulación de causas y, por lo mismo, de conductas imprudentes atribuibles a personas diferentes. Sí, por tomar un punto del relato, alguien desdeñó indagar las causas de extraños ruidos al paso del tren por un cierto punto, obró imprudentemente, pero lo mismo cabe decir de quien decidió ahorrar suspendiendo un sistema de control electrónico del buen estado de los raíles. De esa investigación se tendrá que ocupar la Administración, pero también la instrucción penal. Por ese camino llegaremos a establecer una serie de responsabilidades personales parciales, con independencia de que de algunas de ellas puedan ser responsables varios a la vez, y de que no coincidan la Administración y el Instructor.

Esas responsabilidades personales pueden tipificarse como delitos imprudentes, al cumplirse los requisitos básicos (infracción de norma de cuidado y producción de un resultado potencialmente previsible), pero se tratará de conductas relacionadas entre sí por una consecuencia final, a la que cada una habrá podido contribuir más o menos, incluso en los que la relación físico-causal con el resultado sea inexistente (no gastar dinero en controles facilita la catástrofe pero no la determina causalmente).

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En suma: no será posible atribuir la totalidad del resultado (muertes y lesiones) a una sola de esas conductas, y no se puede olvidar que los Tribunales han de tener en cuenta la entidad del mal previsible y producido cuando hayan de determinar y concretar la pena imponible.

La consecuencia será insatisfactoria para muchos, pues difícilmente se aceptará que solamente se señale a una o pocas personas como responsables de lo ocurrido (como acabó sucediendo en el accidente de Angrois ocurrido en 2013, cuyo proceso concluyó condenando a dos años y medio de prisión al maquinista del Alvia y al exdirector de Seguridad de ADIF) declarándoles culpables de 79 homicidios y 143 lesiones por imprudencia grave.

Está por ver si en el caso de Adamuz se solicitará la responsabilidad penal de todos y cada uno de quienes hayan hecho su aportación al resultado final, además de la previsible dilación en el enjuiciamiento y sentencia (el accidente de Angrois fue resuelto, en el modo antes dicho, once años después de los hechos). En esta ocasión, portavoces gubernamentales han proclamado su interés en un rápido esclarecimiento de los hechos y señalamiento de los responsables, pero ante un drama como este eso es casi una fórmula de estilo.

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Lo único expresamente descartado, por ahora, es la llamada responsabilidad política (en España, un concepto teórico), pues tanto el ministro correspondiente como el inefable presidente del Gobierno (que ha aplaudido el celo del ministro) no ven razón alguna para que se tenga que producir esa clase de responsabilidad. ¡Hasta ahí podríamos llegar!

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho penal y abogado.