El envío de la fragata y la autorización del Congreso

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido enviar a aguas de Chipre la fragata F-105 Cristóbal Colón de la Armada para contribuir a la defensa de este país, miembro de la UE pero no de la OTAN, ante los ataques del régimen iraní. Es una medida proporcionada y sensata, pero tomada sin la autorización del Congreso, lo que la convierte en una medida ilegal.

Cuando en el año 2004 el PSOE alcanzó de nuevo el gobierno, se dispuso a reformar la ley orgánica 6/1980 que hasta ese momento y con algunas modificaciones había regido la defensa nacional y la organización militar. Uno de los aspectos estrella de esa nueva ley era la regulación de la autorización previa que el Congreso debía dar antes de que el Gobierno pudiera enviar tropas españolas al exterior. Como recordamos todos, la izquierda española fue extraordinariamente crítica con el apoyo político dado por el Gobierno de José María Aznar a la invasión de EEUU de Irak y por la ayuda militar enviada más tarde. Hay que recordar que España desplegó la Brigada Plus Ultra una vez terminada la fase de invasión, participando posteriormente en la llamada fase de estabilización y bajo el amparo de las resoluciones 1483 y 1511 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, con pleno respeto a la legalidad internacional.

Llegados al gobierno en marzo de 2004, los socialistas comenzaron a publicitar un nuevo orden legal según el cual el gobierno ya no podría enviar soldados españoles al extranjero si el Congreso no lo aprobaba antes. El PP estuvo en contra de ese sistema al entender que la defensa nacional es una competencia propia del Gobierno a tenor de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución ("el Gobierno dirige la administración civil y militar y la defensa del Estado") y presentó enmiendas tendentes a que el Congreso y también el Senado fueran informados a posteriori de ese envío de tropas, pero sin que tuvieran que autorizarlo previamente. El PSOE votó en contra de aquellas enmiendas y fueron rechazadas.

Como resultado de lo anterior, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional vigente establece que el Gobierno solo puede enviar tropas al exterior con el acuerdo previo del Congreso, salvo que se trate de misiones que estén directamente relacionadas con la defensa de España o con el interés nacional. Si se examina el debate parlamentario, el ministro de Defensa que presentó el proyecto de ley orgánica ante el Pleno, al tratar sobre esta autorización previa, aclaró que la "defensa de España" se refiere a actos de legítima defensa ante una agresión militar exterior, y que las operaciones "de interés nacional" son aquellas relativas a la defensa de intereses exclusivamente españoles en el extranjero, y puso como ejemplo la llamada "guerra del fletán", aquella operación en la que España hubo de enviar buques de guerra a aguas internacionales para proteger a los pesqueros españoles que estaban siendo acosados por patrulleras canadienses. En caso de máxima urgencia, la ley prevé que el Gobierno pueda ordenar el despliegue de fuerzas en el extranjero, pero sometiendo esa decisión a ratificación del Congreso.

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El Gobierno actual ha decidido que esta misión de la fragata Cristóbal Colón no requiere la autorización previa del Congreso porque según lleva diciendo la señora ministra de Defensa doña Margarita Robles, desde que fue nombrada en 2018, las misiones de la OTAN o de la UE afectan a la defensa nacional de España o son de interés nacional. Con esa excusa tenemos desplegados a más de mil militares en Eslovaquia y en Rumanía desde el año 2022 sin que la señora ministra se haya tomado la molestia de solicitar al Congreso autorización alguna. De hecho, la última vez que un ministro de Defensa acudió al Congreso para pedir una de esas autorizaciones, cumpliendo con la ley, fue el 24 de enero de 2018, cuando lo hizo la ministra doña María Dolores de Cospedal.

Según el Gobierno, como acabamos de ver, las misiones en el seno de la OTAN y ahora también las de la UE, están comprendidas dentro de la excepción del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (que afecten a la defensa de España o al interés nacional) pero ese es un argumento inaceptable. El artículo 19 de esa misma ley regula las condiciones que deben cumplir las misiones que no son "de defensa de España o de exclusivo interés nacional", y allí se dice literalmente que deben estar previamente acordadas "por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el marco de sus respectivas competencias".

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Si se lee el artículo 17 aisladamente, como hace ahora el Gobierno, se podría decir que toda misión de la OTAN o de la UE, de las que formamos parte, es una misión de interés nacional, y en consecuencia concluir que no requiere autorización previa del Congreso. Pero si se lee ese precepto en relación con lo dicho en el artículo 19, es decir haciendo la correcta interpretación sistemática de la norma, veremos que la ley incluye a las misiones de la OTAN y de la UE entre aquellas que son distintas de la mera actuación unilateral de España y que, por tanto, requieren tal autorización previa. Si el artículo 19 dice expresamente que las misiones que requieren autorización del Congreso deben haber sido acordadas por la OTAN o por la UE, no puede sostenerse, sin retorcer el texto de la ley, que como lo que se hace dentro de esas dos organizaciones interesa a España, no hace falta el acuerdo previo del Congreso. Semejante interpretación, que es la que vienen haciendo doña Margarita Robles y sus colegas de gabinete desde que llegaron al cargo, es contraria al texto y al espíritu de la ley. Es sencillamente ilegal.

¿Por qué este Gobierno jamás ha acudido al Congreso a solicitar las autorizaciones que la ley exige para el envío de tropas? Pues porque no ha querido, ni quiere ahora, que se ponga en evidencia que sus socios parlamentarios son claramente contrarios a la Alianza Atlántica. Cuando se gobierna con Podemos y con Sumar, y se tiene de socio parlamentario a Bildu y a la Esquerra, se corren esos riesgos. El Gobierno podría haber contado con el respaldo del PP en esos asuntos, pero entonces Pedro Sánchez no podría haber sostenido la necesidad de "levantar un muro" frente al PP, y al mismo tiempo dejaría claro que solo puede cumplir sus compromisos internacionales con el apoyo de aquellos a los que quiere aislar. Pedir ahora el apoyo de esa extrema izquierda para defender a un socio de la UE de los ataques del mismo régimen que le financiaba la televisión a Pablo Iglesias, no parece que sea algo por lo que Pedro Sánchez quiera pasar.

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A la izquierda le gusta hacer leyes populistas que luego incumple cuando le conviene. A la derecha liberal, cuando una ley no le gusta la cambia si tiene mayoría para hacerlo, pero mientras tanto la cumple. La cumple y exige a los demás que también lo hagan. Ha llegado el día de que el Gobierno acuda al Congreso a pedir autorización para enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre y que cada grupo parlamentario se retrate allí con su voto. No me cabe duda de que el Partido Popular otorgará el suyo para que España cumpla con sus obligaciones internacionales de defensa colectiva, pero sería interesante comprobar con quien más cuenta el Gobierno para ello.

*Agustín Conde Bajén, diputado del PP en el Congreso por Toledo y Ex Secretario de Estado de Defensa.