La nueva ley de emprendedores: ¿necesidad o redundancia?

El pasado mes de diciembre, se aprobó el Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como la Ley de las Startups. La tramitación parlamentaria tiene por objetivo que se apruebe y entre en vigor en torno al verano. Como fecha límite sería el último trimestre de 2022, que es el periodo en que se ha comprometido a la Unión Europea que se harían estas reformas, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta ley responde a una realidad incuestionable: el peso de las startups en la economía, atrayendo una gran inversión de los instrumentos de capital riesgo. En Europa, se estima que han recaudado más de 121.000 millones. En todo caso, Europa sigue estando muy por detrás de EEUU, donde se prevé que la inversión total alcance los 200.000 millones de dólares a finales de 2021, según otras proyecciones de EY. Otro aspecto importante es el impacto en la economía de este tipo de iniciativas. De acuerdo a un estudio realizado por la Asociación de Startups de Alemania, cada nueva empresa tecnológica genera 5,7 puestos de trabajo, mientras que las compañías tradicionales, como las autónomas o las franquicias, generan 0,8.

Según el Gobierno, el proyecto de ley forma parte de un paquete de medidas con las que espera "cambiar la estructura productiva del país", pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes. Las startups son "la base de la nueva economía digital". Pero ¿responde a una necesidad o viene a reunir incentivos que ya se pueden conseguir en otros instrumentos legales? ¿Será realmente esta ley un revulsivo para la creación de empresas?

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La ley considera startup a una empresa de nueva creación o de menos de cinco años (siete en caso de empresas de biotecnología, energía, industriales u otros sectores estratégicos), que sean independientes, que no coticen en mercado ni hayan distribuido beneficios, y tengan un carácter innovador, además de que su volumen de negocio anual sea inferior a los cinco millones de euros. Las empresas emergentes tendrán que contar con una certificación que expedirá la ENISA.

Las startups así consideradas disfrutarán de una reducción del Impuesto de Sociedades durante sus primeros cuatro años de existencia hasta el 15%. También se eleva la base máxima de deducción por inversión en startups (de 60.000 a 100.000 euros anuales), y el tipo de deducción pasa del 30% al 50%. Continuando con el aspecto fiscal el proyecto incluye la exención fiscal sobre las 'stock options' a los 50.000 euros anuales y además se permitirá retrasar su tributación hasta el momento en el que se hagan líquidas, ya sea por venta o por salida a bolsa.

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Otro aspecto interesante es su afán para atraer a nómadas digitales y al talento expatriado que emigró durante la crisis, ofreciéndoles un régimen tributario especial y tributando por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Estamos ante un avance, está claro, pero la ley genera dudas. Deja fuera de los incentivos fiscales a otras modalidades societarias como son los autónomos o las sociedades cooperativas. Es muy probable que la mayoría de las startups sigan optando por los planes de Phantom Shares frente a las 'stock options', ya que tendría que haber reconocido un aspecto fundamental: cuando un empleado las recibe, está asumiendo un riesgo. En cierto modo, invierte su tiempo en un valor que puede generar rendimientos o no. Por eso, deberían tratarse como rendimiento de capital, no como parte del salario.

Es probable que las startups opten por planes de 'phantom shares' frente a las 'stock options'

Otro aspecto criticado es que la mayoría de los emprendedores, no tienen precisamente salarios altos. Muchos, incluso no cobran nada para mantener el capital en el proyecto o financiar su crecimiento. A todos ellos, la rebaja de la tasa impositiva durante los primeros años de vida no les resulta de gran ayuda. Reducir los impuestos para las empresas pequeñas y jóvenes es, por definición positivo, sí. Pero este cambio beneficiará más a las pymes tradicionales que a las startups.

El Ejecutivo quiere convertir a España en el lugar más atractivo del sur de Europa para emprender y en el país líder en creación de nuevas empresas disruptivas, el tipo de iniciativas que definirán las industrias del futuro. El problema es que los emprendedores del presente se enfrentan a problemas reales que esta ley no acaba de resolver.

* Miguel Ángel Rodríguez es director del máster en Negocios Digitales de la Universidad de Loyola.