Efecto dominó: la insolvencia provocada por las empresas zombies

Desde hace unos meses se anunciaba un cierto temor a que una gran cantidad de empresas zombis se declararían en concurso de acreedores tras la prórroga de la moratoria para solicitar la declaración del mismo. Dicho temor es ya una realidad. Los datos extraídos del portal del BOE, desde el inicio de 2022 hasta principios de mayo, reflejan un significante aumento del número de declaraciones de concurso y simultánea conclusión por falta de bienes, ascendiendo a 1032 empresas. Estos datos, contrastan con el número de declaraciones de concurso de acreedores de carácter ordinario y abreviado, los cuales totalizan 629.

Según datos oficiales, los concursos exprés declarados suponen el 62% de todos los concursos dictados, superando en gran volumen al número de concursos ordinarios, que ocupan el 38% del resto de declaraciones. En la situación actual, atendiendo al deterioro de la economía, el tejido empresarial de nuestro país está siendo el gran perjudicado, y de ahí la justificación de que la gran mayoría de solicitudes de concurso de acreedores vengan a acompañadas de la conclusión del mismo.

Según establece el artículo 473.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal, "procederá la conclusión por insuficiencia de la masa activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como culpable, la masa activa no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa".

En este sentido, un considerable número de empresas está aplicando el mecanismo del concurso exprés, debido a los obstáculos actuales por las que atraviesa la economía española. Entre ellos, cabe señalar, el riesgo de la inflación, que está provocando una subida considerable de los precios, y la crisis de desabastecimiento que genera una ruptura en la cadena de suministros. Sumado a estos, tampoco hay que olvidar el peligro a nuevas variantes de Covid-19, cuyo fantasma está dejando graves consecuencias en las empresas del sector turístico.

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Actualmente, a pesar de las numerosas medidas que existen, como líneas de financiación, avales públicos, e incluso los ERTE, no se logra detener el aumento de empresas que se extinguen por la vía del concurso exprés. Este hecho hace suponer que desde hace ya bastante tiempo dichas empresas dejaron de ser viables y, sobre todo, operativas en el mercado.

Este tipo de empresas, denominadas 'zombis', son compañías incapaces de generar en el corto plazo suficiente liquidez para suplir los gastos corrientes del día a día, no siendo capaces tampoco de generar mayores ingresos. Para peor suerte, a pesar de ser claramente inviables, muchas de estas empresas zombis siguen operando en el mercado, relacionándose con compañías sanas que se ven arrastradas a su propia insolvencia, en virtud de que la empresa zombi (sea socio, proveedor, cliente, etc.), no cumple con sus obligaciones.

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El aumento significativo de empresas zombis y de concursos exprés probablemente tenga parte de su justificación en la decisión que adoptó el gobierno de prorrogar el plazo de la moratoria para instar el concurso pese a que, reuniendo los requisitos para solicitarlo, tanto de forma voluntaria como por parte de sus acreedores no tuvieran la obligación de hacerlo.

No obstante, a pesar de no existir la obligación de presentar el concurso de acreedores, sí que existen responsabilidades para aquellas empresas y sus administradores que continúen con su actividad y contratando con otras empresas del mercado, mientras tienen conocimiento de la inviabilidad de su empresa. Por lo tanto, dicha prórroga no exime de las responsabilidades en que puedan incurrir las empresas y sus administradores. En definitiva, sería conveniente no mirar hacia otro lado para evitar cualquier tipo de responsabilidad, y agotar todas las opciones disponibles en la Ley Concursal a fin de salvar su compañía.

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Hay que tener presente que este escenario cambiará de decorado con la inmediata reforma de la Ley Concursal, puesto que el proyecto presentado aparta la exclusividad del juez para declarar y concluir el concurso. Así, los acreedores que representen un 5% del pasivo pueden solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que prepare un informe del activo y pasivo, y realice un análisis de las posibles acciones rescisorias, examinando también la culpabilidad del concurso y la responsabilidad de los administradores.

En conclusión, teniendo en cuenta el panorama venidero, por un lado, la finalización de la moratoria (30 de junio de 2022) y, por el otro, la inminente aprobación de la reforma concursal, consideramos que aquellas empresas que se encuentren en dificultades financieras no apuren el plazo de la moratoria y adopten las medidas que ofrece la normativa concursal para intentar superar su insolvencia.

* Ignacio M. Murillo Piquer es abogado en el departamento de concursal de Martín Molina Abogados y Economistas.