Ante las elecciones a Decano y Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid

No alienta estas letras el reproche a quienes pretenden repetir mandato por sus posibles deficiencias en el que ahora culminan, ni a quienes llegan bisoños al trance, por el desconocimiento que pudieran poner de manifiesto sobre el objeto de su empeño. Solo pretendo llevar a la abogacía madrileña la única verdad sobre los que nos jugamos y lo que tendríamos que exigir a quienes nos gobiernen, sean quienes fueren elegidos.

La contienda electoral discurre con un mantra que iguala a todas las candidaturas sin distinción y a todos sus programas, como si se hubieran puesto de acuerdo en no competir: todas coinciden en lo sustancial en su oferta de defender el orgullo o la dignidad de la abogacía. Así, a la gruesa.

Creen haber descubierto la pólvora electoral con la oferta del "candidato audaz sin riesgo". Pero ignoran o prefieren ignorar que defender la dignidad de la abogacía sin más, es como defender la salvación eterna. A todo el mundo le parece estupenda, pero nadie sabe bien si existe ni lo que es. De modo que conviene que dediquemos al menos un momento a reflexionar sobre la dignidad de la abogacía, porque nos jugamos en ella bastante más de lo que parece dar a entender lo mucho que la repiten y en su defensa mucho más de lo que nos dará su mera repetición.

Todos los secretos de la dignidad de la abogacía están escondidos en su Estatuto o Estatuto General de la Abogacía –EGA-. En tanto que todas sus instituciones jurídicas se levantan precisamente para dar sede a la dignidad de la función de la defensa, que es la del abogado y la de toda la profesión, y que no es otra cosa que su independencia institucional y funcional y su garantía y respeto.

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Y, por tanto, todos los déficits y todos los cambios que pretendamos denunciar o anunciar para defender o engrandecer la dignidad de la abogacía deben de referirse de forma clara y concluyente a cualquiera de las instituciones que recoge o debería recoger ese Estatuto General. Lo demás es casquería electoral.

Estatuto que se asienta en tres pilares. Primero, el respeto y defensa del abogado hacia su función y su entorno u obligaciones éticas. Segundo, el respeto y defensa del abogado y su función frente a todo ese entorno o prerrogativas. Especialmente frente a los poderes públicos. Y tercero, el respeto y defensa de la institución que garantiza la exigencia y el amparo de los anteriores.

Institución que hoy reside en los Colegios de Abogados y en el ejercicio de sus dos competencias centrales: la disciplinaria para exigir la observancia de sus obligaciones éticas a los abogados y la de amparo para exigir el respeto de los poderes públicos a las prerrogativas de los abogados.

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E Institución que trae a manos de la propia abogacía la autorregulación de su competencia en el mercado, arrancándola de los Poderes Públicos (hoy la CNMC) y le otorga su independencia institucional y funcional, como Autoridad Reguladora de la Competencia en el Mercado de los Servicios Jurídicos, máxima expresión jurídica y política de la Dignidad de la abogacía, del abogado y de su función (art. 3.12 Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio).

De tal modo que cuando nos comprometemos a defender la dignidad de la abogacía, en realidad nos estamos comprometiendo con un EGA que recoja este cúmulo de instituciones jurídicas y del siguiente modo:

• Un Código Deontológico honesto, típico y sin agujeros, dispensas y autorizaciones ajenas a la independencia de la abogacía.
• Un Régimen Disciplinario completo que contemple la legitimación activa del denunciante ético para recurrir en vía jurisdiccional el archivo de sus quejas, el modo de ejecución de cada una de las sanciones previstas, sin que ninguna de ellas deje fuera de la jurisdicción disciplinaria de los Colegios al sancionado, incluso al expulsado del ejercicio.
• Un desarrollo de las prerrogativas del abogado que incluya con precisión su número, su contenido y sus límites.

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• Un Régimen de Amparo de las prerrogativas que incluya detalladamente su procedimiento, sus modos y cauces y que cuente en los Colegios con un departamento para su trámite.
• Unos Colegios de Abogados centrados en el ejercicio de las funciones disciplinaria y de amparo, con un reconocimiento expreso en la Ley de Servicios y Colegios y en el EGA de que son las Autoridades Reguladoras del Mercado de los Servicios Jurídicos y del carácter público de sus dos competencias, con jurisdicción universal necesaria incluso sobre los no colegiados y colegiación obligatoria y de oficio.
• Una Organización Colegial de la Abogacía moderna, con no más de 17 Colegios Autonómicos, la elección directa por todos los abogados españoles del gobierno y del Presidente del Consejo General de la Abogacía Española y la separación del poder Ejecutivo y el Disciplinario mediante una solución a la británica (órgano disciplinario a doble instancia elegido por cooptación por los 17 colegios).
• La recuperación de los Congresos Deliberativos y no académicos, en el que los gobiernos colegiales y el Consejo sometan sus políticas fundamentales a debate a toda la abogacía, bien que sus conclusiones no sean vinculantes.
• Con todo lo anterior recogido en un EGA integrado en una Ley Orgánica del Derecho de Defensa, bajo debate de toda la abogacía en Congreso Nacional deliberativo, que lo saque de comités de lobby y lo ponga en manos de toda la abogacía.

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Ir a las elecciones a decano y gobierno de un Colegio y hablar de cambio o de recuperar la dignidad de la abogacía sin hablar de cuanto queda enumerado, o es ignorancia, o es descaro, o es frivolidad. Soy consciente de que hacerlo no ayuda a ganar las elecciones, pero, mientras sigamos así, que nadie espere que cambie nuestro destino: perder nuestra independencia y dignidad institucional y que la CNMC regule el mercado de los servicios jurídicos.

Suerte.

* Rafael del Rosal es abogado.