¿Por qué se quiere poner fin al trasvase Tajo-Segura?

Desde el primer ciclo de planificación hidrológica (2009-2014), ha habido una voluntad política, nunca consumada, de poner fin al trasvase Tajo-Segura y satisfacer, de este modo, una demanda cada vez más arraigada en Castilla-La Mancha. A mi juicio, se trata de una reivindicación artificial: las razones ambientales son simplemente una excusa.

Entonces, se decía que el trasvase era contrario a la Directiva 2000/60 Marco del Agua (DMA), que obligaba a que todos los ríos estuvieran en buen estado ecológico en 2015. Este argumento se vino abajo como un castillo de naipes. Primero, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 2012, confirmó que esta directiva no prohibía los trasvases; y después, porque tras la caracterización de las masas de agua del eje del Tajo según la metodología de la DMA se constató que, con los caudales mínimos circulantes vigentes, se alcanzaban los objetivos ambientales.

Desvanecido el argumento de la DMA, desde la Junta de Castilla-La Mancha se promovió en 2019 un plan director de la Red Natura 2000, para justificar que el trasvase era incompatible con la conservación de los espacios protegidos. Este plan nunca llegó a aprobarse. Y la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, en su proyecto de plan hidrológico de tercer ciclo (2021-2027), ha concluido que no se detecta una relación directa evidente entre el estado de conservación de especies objetivo en espacios Red Natura 2000 y el estado de conservación de las masas de agua donde habitan.

El trasvase no es contrario a la directiva europea del agua ni afecta al estado de conservación de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. En cualquier caso, la Confederación Hidrográfica del Tajo, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, ha elaborado un plan hidrológico que prohibirá "por la puerta de atrás" el trasvase, si se aprueba en los términos proyectados.

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Pues aunque el plan del Tajo admite que no puede modificar sus reglas, prevé fijar unos caudales ecológicos que impedirán que las existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía superen los 400 hectómetros cúbicos, que es el nivel mínimo exigido para que haya excedente trasvasable. Algunos de los más reputados especialistas han demostrado que estos caudales —incluso los 7 m³ /s previstos para el periodo 2023-2025 para Aranjuez— son tan injustificados como innecesarios para alcanzar los objetivos ambientales.

En la cuenca del Segura, el Organismo de cuenca —también dependiente del mismo Ministerio— ha elaborado un Plan que incluye entre las dotaciones de la demarcación 295 hm³/año procedentes de la cuenca del Tajo. Así es: aunque parezca increíble, los borradores de los dos planes que salieron a información pública en junio de 2021 contemplaban el Acueducto Tajo-Segura de forma opuesta. Y la contradicción entre los dos planes hidrológicos debe resolverse antes de su aprobación, que el Gobierno prevé tener lista en diciembre de 2022 (un año con retraso de lo que exige Europa).

En esta recta final, la situación es propia de un relato de suspense. La incógnita se mantiene hoy, pues la incompatibilidad entre los dos planes ha pasado a los textos sobre los que tenía que informar el Consejo Nacional del Agua, en su sesión del pasado martes 29 de noviembre. Este informe es uno de los últimos pasos de un largo proceso de elaboración, iniciado en octubre de 2018.

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Sin embargo, y en aras de la imprescindible coordinación entre las decisiones para el Tajo y el Segura, el proyecto de Real Decreto aprobatorio de los planes hidrológicos de competencia estatal, que también fue al Consejo Nacional del Agua, incluía en su disposición adicional novena que los caudales ecológicos del Tajo no se aplicarían si las medidas de un Programa especial de vigilancia y control del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura así como el seguimiento del programa de medidas asociado resultaban eficaces. Este programa prevé invertir 900 millones de euros para la depuración en Madrid y ampliar la capacidad de desalación en el Segura.

Esta solución era más que razonable: la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que respeta las transferencias existentes, impone que la balanza se incline por el mantenimiento del trasvase, siempre que no limiten los usos sostenibles que quieran desarrollarse de cara al futuro en la cuenca cedente. Esta limitación actualmente no existe: en las zonas regables de la cabecera del Tajo (Real Acequia del Tajo, de Caz Chico-Azuda y del Canal de las Aves) la dotación por hectárea y año (12.000 m3) multiplica las dotaciones de otras demarcaciones. Es decir, del mismo modo que no es ningún secreto que la principal presión en el Tajo es la insuficiente depuración de las aguas residuales de Madrid, debe conocerse que el trasvase no condiciona los usos en Castilla-La Mancha.

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Pese a esto, de forma insólita, en la sesión del Consejo del Agua que estoy comentando, el Secretario de Estado de Medioambiente manifestó que el texto definitivo que aprobaría el Consejo de Ministros sería distinto, pues se había advertido que condicionar el respeto de los caudales ecológicos era contrario a varias sentencias del Tribunal Supremo.

¡Menuda sorpresa! Resulta que el trasvase ya no es cosa de la Directiva del agua ni de Red Natura, sino que es el Tribunal Supremo quien lo prohíbe. Es esperpéntico que el máximo responsable del Ministerio, tras la Viceministra, anuncie que un texto elaborado por su Ministerio y sometido a votación no es el que va a aprobarse (¿por qué entonces se llevó al Consejo Nacional del Agua?) y que, además, cargue sobre el Supremo la responsabilidad de la gestión del agua. Como conoce cualquier ciudadano mínimamente informado, es función de un órgano judicial controlar la legalidad, pero carece –y ha de carecer­– de cualquier capacidad de decisión. Por favor, que no nos tomen el pelo.

La gobernanza del agua exige transparencia y respeto a la sostenibilidad. Poner fin al trasvase será una opción política para contentar a los votantes de Castilla-La Mancha, pero desde el punto de visto jurídico es, lisa y llanamente, una arbitrariedad. Pues ni siquiera se justifica en una idea ingenua de protección ambiental de máximos: si trata de razones ambientales, el agua es también más necesaria en la cuenca del Segura.

* Isabel Caro-Patón Carmona es socia de Menéndez & Asociados Abogados.