Las PYMES, las grandes olvidadas de los fondos Next Generation

Y digo las grandes olvidadas porque las pymes representan el 66% del empleo y el 62% del VAB (Valor Añadido Bruto) de nuestro país, por lo que, sin entrar en más detalles sobre la capacidad tractora, competitividad de país o reparto de la riqueza, estos datos ya nos dan buena muestran de la relevancia de la pyme y su clara mayoría.

Y a estas pymes, en busca de esperanza tras la pandemia, la recesión económica y demás calamidades, se les anunció un paquete de medidas y fondos, apadrinados desde Europa, con un plan denominado 'Recuperación, Transformación y Resiliencia'. Tres sustantivos tan acertados como necesarios, y hasta un nombre en inglés, Fondos Next Gen, que también llamaba a ilusionar.

Pero a la hora de la verdad se ha recuperado la complejidad burocrática, se han transformado las esperanzas en desilusiones, y ha vuelto la resiliencia del pequeño empresario y su manido “siempre nos toca soportar a los mismos”. Los Fondos Next Gen, además de nutrir convocatorias ya existentes, tienen sus grandes figuras de impacto a través de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Dichas convocatorias, muy ambiciosas y casi siempre acertadas en sus retos, son en muchos casos de difícil aplicación a la pyme.

La ambición y el ánimo tractor de los PERTE obliga a presentarse a los mismos a través de grandes consorcios, en ocasiones implicando a toda la cadena valor, con presupuestos de varios millones de euros, y un alcance tecnológico del más alto nivel. ¿Y quién puede traccionar un gran consorcio, atraer a toda la cadena de valor, y permitirse abarcar desde investigaciones tempranas a resultados industrializables? En efecto, las grandes empresas de los determinados sectores, tan necesarias como las pymes, pero con mucho mayor margen operativo, presupuestario y de representación.

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¿Y a qué se ha visto relegada la pyme? Pues a quedarse a la espera de si encaja en el correspondiente consorcio, y en todo caso, a modificar su proyecto y/o tecnología para que tenga cabida en la senda marcada por el líder del mismo.

Esto por no entrar en los requisitos adicionales en estas convocatorias, que, en algunos casos, hasta para profesionales que llevamos más de una década gestionando grandes consorcios vinculados a ayudas públicas, nos ha costado comprender e interiorizar.

Pero esta tendencia no se limita a las ayudas, sino que se extiende también a los incentivos fiscales. Recientemente, se ha aprobado la tan esperada Ley Startups, la que sin duda es un acierto y punto de partida excelente como apuesta estratégica de país, con la consiguiente atracción de inversores y talento. Dicha Ley trae consigo varias acertadas ventajas fiscales para la startup y su entorno.

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En cambio, el pasado verano, nos vimos sorprendidos por una consulta vinculante que modificaba el criterio de aplicación de las deducciones fiscales por I+D+i, limitando su aplicación, y obligando a un replanteamiento del Impuesto de Sociedades a 3 semanas del 25 de julio. Rápidamente, recordar que esta nueva consulta vinculante, a los efectos prácticos, limita la aplicación de las deducciones fiscales por I+D+i solo a los años no prescritos, los últimos 4 ejercicios, y no a los 18 establecidos anteriormente, obligando en todo caso a la rectificación de las cifras declaradas en anteriores IS.

¿Y quién es el mayor perjudicado de esto? Nuevamente, la pyme, la cual en muchas ocasiones desconocía estas deducciones, pensaba que no eran de su aplicación o por fin volvían a tener resultado positivo, viendo truncado, dado el nuevo criterio, el ejercicio de reflexión, recopilación y apuesta por este incentivo (recuperando los gastos en I+D+i de los últimos años), eliminando, por tanto, dicho ahorro en el Impuesto de Sociedades, y generando nuevamente el "siempre nos toca soportar a los mismos".

Y para acabar el 2022 y empezar el 2023, también se quieren limitar las bonificaciones al personal investigador a los primeros 3 años, y las deducciones de I+D+i por desarrollo software.

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En cuanto a las primeras, las pymes, donde más que la “marca” son sus personas el principal baluarte, no pueden permitirse (ni quieren) reemplazar a una persona válida, que han formado y conocen por su nombre, cada 3 años. En cuanto al software, es extraño que escuchemos continuamente que se apuesta por la “digitalización de las empresas”, pero al mismo tiempo se eliminen sus incentivos fiscales.

En definitiva, sabemos que la Administración tiene también sus limitaciones y dificultades operativas, con un control férreo desde Europa y plazos exigentes, pero también creemos que se debería ser más empático en esta recuperación económica con la pyme, dado que si bien quizás no sean tan “mediáticas” como una gran empresa tractora, o una nueva prometedora startup, soportan la mayor parte del empleo y cultura industrial del país.

* Abel Fernández es socio de Consultoría de Innovación Empresarial en Vaciero.