La renta mínima y el derecho a no trabajar

Hay un artículo de la Constitución Española que desde siempre me ha parecido sensacional. Y no por ser original. Aparece recogido en la mayoría de cartas magnas, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero a mí me sigue sonando igual de mágico.

Me refiero al que lleva el número 35 y, en efecto, es el que reconoce el derecho al trabajo, acompañado, no se nos olvide, del deber de trabajar. Y es que así es como desde tiempos inmemoriales ha funcionado la cosa. Como uno tiene la obligación de hacer algo de provecho para el resto de la sociedad, se le reconoce el poder hacerlo de una manera digna, siendo libre de escoger aquello a lo que le gustaría dedicar su tiempo productivo.

Se trata de una lucha histórica que, después de unas cuantas décadas de tiras y aflojas, por fin se recogió formalmente en la Constitución de Weimar de 1919. Fue un gran logro. Se reconocía, lisa y llanamente, que todos tenemos derecho a dedicarnos a algo de provecho y a recibir una remuneración justa por ello. El trabajo nos dignifica y por eso hemos de exigir poder realizarlo en condiciones adecuadas.

Así que ahora, una vez librada y ganada esa batalla, que se rememora cada primero de mayo (el de este año no ha sido ninguna excepción), a mí me generan un gran asombro y una indudable inquietud algunas de las propuestas que, desde posiciones radicales, se lanzan en estos meses preelectorales cuales globos sonda para atraer al electorado. Y que quede bien claro que soy un firme defensor del modelo de Estado Social, pero sin llegar a una perversión total de los fundamentos sobre los que se cimentan los logros verdaderamente sociales alcanzados desde principios del siglo pasado.

En particular, me refiero a la propuesta de una renta mínima anunciada por Unidas Podemos y a la de una "herencia universal" auspiciada por Sumar, el nuevo partido de Yolanda Díaz; dos ocurrencias que, de llevarse a la realidad, tendrían un efecto catastrófico. Porque, aunque puedan encerrar a primera vista una apariencia de conquista social, en realidad implican todo lo contrario.

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La renta mínima supone, tal y como avanzó hace unos meses Ione Belarra, que los mayores de 18 años tengan garantizados unos ingresos mínimos de entre 700 euros y 1400 euros al mes con independencia de si están o no trabajando; mientras que la herencia universal postula que los jóvenes, al alcanzar la mayoría de edad, reciban del Estado una cantidad determinada (se ha barajado la cifra de veinte mil Euros) para poder emplear en lo que consideren adecuado. Una especie de ayuda para conseguir emanciparse.

En resumidas cuentas, se pretende reconocer la percepción de un sueldo o de una remuneración a cambio de absolutamente nada y con las miras puestas en un estrato de población que, muy probablemente, en su mayoría tampoco haya tenido la oportunidad de aportar (aún) nada relevante a la sociedad.

Se trataría del reverso tenebroso del mencionado derecho a trabajar que tanto ha costado consolidar, dado que lo que se estaría reconociendo es un derecho a no trabajar, a vivir del Estado sin necesidad de hacer ninguna labor. No obstante, esto tampoco es nuevo. Muchas sociedades intentaron en el pasado modelos similares de reparto de riqueza sin un criterio meritocrático que lo sustentara. El resultado es bien conocido, al menos para aquellos que han vivido lo suficiente o que han tenido el interés de consultar los libros de Historia.

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Pero no es eso lo que otorga réditos electorales, en especial entre los más jóvenes. Es mucho más eficaz, en clave de obtención de sufragios, prometer dinero que ayudar a ganarlo, sin reparar en los efectos que ello tendrá a medio plazo en la economía y en la sociedad de nuestro país.

Porque a quienes reciban esa renta mínima o esa herencia universal les estaremos inoculando la idea de que el Estado debe sostenerlos, reduciendo así su cultura de esfuerzo y, por ende, la competitividad de nuestra economía, que dejará en pocos años de poder continuar sufragando la fiesta. Nada nuevo bajo el sol, en cualquier caso, porque esto ya lo hemos vivido. Consiste, sin más, en una vuelta al comunismo, que se ha demostrado incapaz de desarrollar sociedades eficientes (y felices). Y lo peor es que, aun así, a un sector amplio de la ciudadanía no le parecen mal estas ocurrencias. Tenemos una memoria muy corta.

* Javier Vasserot es abogado y escritor.