Autoamnistía: miremos mejor a la Chile de Pinochet o a la Argentina de Videla

Por mucho que nos esforcemos para intentar evitarlo, la imaginación delictiva del ser humano es tan profusa y creativa que resulta imposible que no surjan nuevos ilícitos de forma constante. Con las más diversas formas y estructuras, en las más variadas modalidades. Pero los más peligrosos son aquellos que gozan de una cobertura legal, esto es, de una apariencia de buen derecho.

En el pasado ya ha habido ejemplos de autoamnistías. Alguno de ellos, como el de la ley nº 22.924 de 1983 de Argentina, relativa a los delitos cometidos por la dictadura de ese país entre 1976 y 1983, con la desfachatez incluso de autodenominarse como tal. En otros casos, como el del Decreto Ley 2.191 de 1978 de Chile, concerniente al régimen dictatorial de Pinochet, vigente entre 1973 y 1978, lo bautizaron, simplemente, con algo más de decoro, Ley de Amnistía.

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Sin embargo, ambas normas corrieron la misma suerte. La primera fue derogada de manera casi inmediata y la segunda fue declarada contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, declarándose su nulidad y negándoles efectos jurídicos, por razón de haber concedido los gobiernos que las promulgaron dicha medida de gracia a actos cometidos por ellos mismos, utilizando en su provecho los instrumentos legales a su alcance.

En lo que a nuestro país se refiere, estos días asistimos atónitos los ciudadanos al proceso de cocción lenta de una ley de amnistía en favor de los otrora gobernantes de Cataluña, con una tramposa y eufemística dialéctica que no trata, sino de camuflar la comisión de un delito, el de auto perdonarse, que ni siquiera es original, como ya hemos visto.

Porque, aunque la gravedad de los hechos exculpados o más bien borrados sea bastante diferente, ¿no es lo mismo lo que hicieron argentinos y chilenos en el poder que lo que en España se está realizando para intentar llegar al mismo?, ¿no es la pretendida medida de gracia a los condenados por el 1-O sino una autoamnistía encubierta que se están concediendo a sí mismos los condenados?, ¿cómo se puede calificar si no a una amnistía impuesta en determinados términos por los únicos que se van a beneficiar de ella?

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Aparte de lo anterior, todos somos conscientes de que, en el fondo, la medida constituye el justiprecio que ha de pagar el gobierno en ciernes para lograr que un determinado número de diputados voten en favor de su investidura. Es, en consecuencia, un perdón obligado.

Causa estupor que, en aras de dar una cobertura de legitimidad a todo el asunto, se pretenda vestir de precedente la amnistía española de 1977 que, como es evidente para cualquiera que se moleste en indagar un poco, no tiene nada que ver con la situación que nos ocupa, dado que en ese año ni se negoció por Adolfo Suárez el contenido de la ley con los que se iban a ver beneficiados por ella, ni se concedió la remisión de las penas a cambio de algo. Pero para mí lo más importante es que benefició por igual a condenados de los dos “bandos”, no solo, como en esta ocasión, a los de uno, que en realidad son los únicos a los que se puede amnistiar, al ser los únicos que delinquieron y fueron condenados por ello.

"Somos conscientes de que la medida constituye el justiprecio que ha de pagar el gobierno para lograr que un determinado número de diputados para su investidura"

Ahora la cuestión reside en qué ocurrirá si se acaba promulgando la norma de marras y finalmente no pasa los filtros de validez tanto nacionales como internacionales en unos años. Pues lo más probable es que no pase nada. Hoy día nadie tiene la sana costumbre de dimitir en el mundo de la política pese a haber cometido errores flagrantes y a los hechos me remito. Se justificarán aduciendo que lo importante era pasar página en pos de la concordia, cuando las normas abusivas e impuestas lo que hacen es abrir nuevas heridas y no restañar las previas.

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I. P.

Así que no nos queda otra que, o bien no traguen con la pretendida ley aquellos diputados que, pese a estar atados por la disciplina de voto, disientan en conciencia; o dejar claro de antemano la ilicitud del proyecto, para poder así imputar por prevaricación a sus promotores, que estarían dictando una norma a sabiendas de no ser ajustada a derecho y en claro interés propio y no público.

Porque otras alternativas, como podría ser la abstención de un número equivalente de diputados del partido al que pertenece el anterior candidato propuesto por Su Majestad, me temo que no impediría la aprobación de la medida, aunque al menos serviría para desnudar la desfachatez del Gobierno, que tendría que reconocer que necesita amnistiar no sólo para lograr la investidura sino también para poder gobernar.

En definitiva, dejemos por favor de faltar a la verdad desde los medios más afines. Si queremos buscar precedentes, miremos mejor a la Chile de Pinochet o a la Argentina de Videla.

* Javier Vasserot. Abogado y Escritor