Conejos en la chistera

El diálogo social en el marco de las relaciones laborales en España ya no es lo que era. Hace ya tiempo que dejó de ser la punta de lanza que permitía la adecuación de nuestro marco laboral a los desafíos de un mercado de trabajo en transformación. El problema, como todo, radica en no saber usar lo que se tiene para la función con la que se concibió. La otrora función propositiva y mediadora del ejecutivo en el diálogo entre patronal y sindicatos ahora no es más que una labor impositiva, con sometimiento al criterio gubernamental no sólo en cuanto a las materias objeto de diálogo sino también a sus tiempos. El motivo, como casi siempre, la agenda del pragmatismo y conveniencia política.

La última ocurrencia, que parte directamente de Presidencia del Gobierno a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: las bajas laborales flexibles. Más allá del interesantísimo debate técnico que supondría para nosotros los juristas abrir una discusión acerca de su conveniencia, lo cierto es que no es un tema que ni centrales sindicales ni patronales tuvieran ubicados en su agenta como primordiales o urgentes. Ni siquiera el Ministerio de Trabajo y Economía Social había sido advertido de esta ocurrencia. La premura parte de una promesa política (o más bien, de la necesidad de reorientar el foco informativo reciente) que sin duda está dando al traste con la utilidad de la mesa tripartita. No hizo falta siquiera que se llamara a la constitución de la misma ya que las posturas de todos los implicados estuvieron claras desde un primer momento.

La idea detrás de las bajas médicas flexibles es sencilla: permitir la prestación de determinadas tareas para los que los trabajadores puedan no estar impedidos a pesar de encontrarse en situación de baja médica, superando la prohibición absoluta de prestación de servicios amparados por su falta de aptitud transitoria por cuestiones de salud. La propuesta se presentó como revulsivo para empleados que quisieran reincorporarse paulatinamente al trabajo tras un episodio médico, o para pluriempleados cuya baja médica afectase a sus facultades para desempeñar sus cometidos en un puesto de trabajo en concreto, pero no en los restantes. Y como siempre sucede con este gobierno, la medida se revistió de una pátina de derecho social que siempre hace más difícil escuchar voces disidentes. Hay muchos agentes que se sienten aun más cómodos en el alineamiento que en la discrepancia.

Pues bien, hete aquí que, contra todo pronóstico, la medida fuera rechazada tanto por los actores sindicales como los empresarios por la imposibilidad de proceder a su implementación con tan escasa antelación y falta de preparación y estudio. Sin embargo, no ha sido la única ocurrencia reciente. Este fiasco no ha impedido que se continuase con el ingenio anterior de tramitar por vía de urgencia la pretendida reducción de jornada. En torno a esta cuestión, se ha abierto un falso debate entre productividad y bienestar con fecha de caducidad que viene a poner el foco de nuevo en materias estructurales de regulación normativa cuando la realidad del mercado laboral requiere de una atención a cuestiones más perentorias y gravosas. Desde el Ministerio de Trabajo se ha establecido como prioridad alcanzar la imperatividad de la reducción antes de que finalice el año en curso. Una nueva estridencia, una más, que desoye las voces especializadas acerca de la necesidad de atender a otras cuestiones de mayor prioridad, o de por lo menos amoldar la implementación de la reducción según sectores de actividad.

Resultan desacertadas las manifestaciones de que en España ha cobrado fuerza en los últimos meses la necesidad de repensar los tiempos de trabajo en un contexto de cambios económicos, sociales y tecnológicos. Mientras los sindicatos defienden que trabajar menos horas sin pérdida salarial podría mejorar la calidad de vida de los empleados y aumentar su productividad, las patronales advierten sobre los posibles efectos negativos para la competitividad empresarial, conscientes de la pérdida de pujanza comercial de nuestras empresas en el contexto internacional. El debate de adaptar las dinámicas laborales a las nuevas realidades y a las demandas de una sociedad que aspira a un mayor equilibrio entre la vida profesional y personal no constituye más que un elemento aspiracional de una parte muy reducida de la sociedad española, y sobre todo, de una casta de políticos más interesados en sacar a la palestra falsas preocupaciones de la ciudadanía, como si los principales afectados por estas medidas no fueran conscientes en primera persona de cuáles son las cuestiones que les acucian y ahogan el día a día.

Matar moscas a cañonazos serviría como refrán muy acertado a la hora de definir la actualidad legislativa en el ámbito de las relaciones laborales. Quizás esta expresión ya no sea conforme a los dictados de la nueva moral (las protectoras de animales quizás no entiendan el símil), pero no hay grafismo que pueda captar de manera más certera la esencia de cómo se proyecta la agenda del ejecutivo en esta materia.

No cabe duda de que no toda actuación tripartita reciente es reprobable. Merecido reconocimiento ha de llevarse el acuerdo común para desbloquear el desarrollo de las medidas para la igualdad y no discriminación de la comunidad LGTBI en el trabajo, o el apoyo definitivo al anteproyecto de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social. Aun así, la urgencia en los últimos postulados se antoja demasiado imaginativos. No blanqueemos ni pisoteemos lo que tantas veces se ha demostrado que funciona. Y sobre todo, no apuremos los conejos en la chistera, no vaya a ser que se acabe desvelando el truco de magia.

* Samuel González, socio responsable de Laboral de Pinsent Masons.