Check and Balance: un sistema pervertido

Hubo un tiempo en que cuando alguien que ostentaba un cargo de responsabilidad cometía un error, se disculpaba. Y ya no me refiero a la manera nipona, el inefable “saikerei” con esa bella reverencia a 90 grados exactos de inclinación, como la que realizó hace casi 10 años Hisao Tanaka, presidente entonces de Toshiba, antes de dimitir por un escándalo contable. No espero, ni mucho menos, ese nivel de decencia en nuestros coetáneos compatriotas gestores. Ni, por supuesto, que practiquen el noble arte del “harakiri”, tal y como hizo en 2007 el en ese momento ministro de Agricultura japonés, avergonzado por haber ocultado ciertas donaciones económicas.

No hace falta irse tan lejos. Ni en el lugar ni en el tiempo. Yo casi que me conformo con una vulgar dimisión, que es lo que hicieron nada menos que tres ministros de la señora Merkel al descubrirse que habían plagiado sus tesis doctorales. Al parecer, consideraban un deshonor haber hecho un mal uso del respetado título de doctor.

Sin embargo, me temo que no vamos a tener esa suerte. Porque aquí no dimite nadie que ostente un puesto de mínima entidad (Errejón no entra en esa categoría), haya copiado su tesis, se encuentre imputado o haya hecho dejación de sus funciones. Nadie. Y esto es un problema

Y para solucionar problemas tenemos el funcionamiento del Estado de Derecho, que cuenta, en teoría, con los mecanismos adecuados para hacer frente a los que no se dan por aludidos y hacen uso del poder como si fuera suyo y no delegado por la ciudadanía. Es el famoso sistema de “check and balance” (y disculpen, una vez más, la utilización de anglicismos), que podríamos traducir como sistema de contrapesos, que surgieron ya en la época de la República Romana y que fueron descritos con maestría por Polibio.

En fin, que siempre nos quedarán los contrapesos, pensaba yo. Pues no.

Porque, ¿cuáles son esos elementos que conforman nuestro entramado de “check and balance”? Y, sobre todo, ¿por qué no están funcionando? Basta con contestar a la primera pregunta para comenzar a responder la segunda. Puesto que, en nuestra democracia, como en las que nos rodean, el principal equilibrio lo otorga la manida división de poderes, acompañada de la existencia de determinadas instituciones que aspiran a ser independientes, tales como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Fiscalía General del Estado o, de manera menos formal, los medios de comunicación (en especial los públicos, como Televisión Española).

No hace falta recordar las numerosísimas injerencias a las que han estado y están expuestos la gran mayoría de las mencionadas instituciones, orientadas a que pierdan su carácter independiente y pasen a estar al servicio del Gobierno. Cada nuevo nombramiento de un sospechoso de partidismo como gobernador del Banco de España, o Fiscal General, o presidente de RTVE, es una puñalada al corazón del conjunto de equilibrios que armoniza nuestro Estado de Derecho. Y no parece que esto vaya a parar.

Por esa razón, llega el momento de plantearse si estamos aún a tiempo de descontaminar el entramado o si, más bien, sería preciso establecer nuevas reglas que preserven su buen funcionamiento, tales como el aumento de prerrogativas del Consejo de Estado o la prohibición de acceder a puestos de relevancia en el sistema de contrapesos a quienes no puedan acreditar una mínima independencia.

Más bien parece que eso no sea suficiente y que, antes de que sea demasiado tarde y todo esté definitivamente pervertido, deberíamos esforzarnos en establecer un nuevo modelo que garantice la independencia para evitar así que el tacticismo político sea el rasgo habitual a la hora de hacer frente a emergencias políticas, sanitarias o naturales, como hemos tenido, lamentablemente, la oportunidad de comprobar en tiempos recientes.

En el mundo del Derecho existen algunos ejemplos que pudieran ser útiles, como, por ejemplo, el sistema societario alemán, en el que, aparte de los conocidos órganos de nuestra regulación de sociedades (Junta de Socios y Órgano de Administración), es obligado disponer de un tercer cuerpo, el Consejo de Vigilancia, compuesto por miembros elegidos por los accionistas y los empleados.

Claro que, en caso de poder llegar a establecer un mecanismo así, fácil no iba a resultar encontrar candidatos idóneos, salvo que, a semejanza del Senado romano, se compusiera en su mayoría de miembros natos y no electos. Porque, si no, volveríamos al punto de partida.

¿Queda grandeza suficiente para que algún partido que llegue a gobernarnos plantee algo así? Sinceramente, lo dudo, y el tiempo se nos está acabando.

* Javier Vasserot, abogado y escritor.