Absentismo laboral: una dolencia en aumento que no se quiere sanar

Sin duda alguna, el absentismo laboral es uno de los principales causantes de pérdida de productividad de las compañías ocasionando una menor competitividad en el mercado y problemas en las relaciones laborales. Y no parece que se le quiera meter mano al problema.

Hace unos días The Adecco Group Institute publicaba los datos de absentismo laboral del tercer trimestre de 2024 en nuestro país, poniendo en negro sobre blanco la preocupante realidad que las empresas están viviendo desde tiempo atrás: la tasa de absentismo en España sigue subiendo y ya alcanza el 7,5%, teniendo las bajas médicas por incapacidad temporal una tasa del 5,8%. Además, el informe elaborado por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) cuantificó que en 2023 cada día se ausentaron de su trabajo un total de 1,45 millones de personas —el 7% del total de empleados—. Y ahora ya superamos los niveles de 2020 en plena pandemia.

No podemos hacernos trampas al solitario y pensar que el único problema del absentismo es que «tan sólo» conlleva un coste de unos 20.000 millones de euros —el 1,4% del PIB según Eurostat— que es sufragado por papá Estado. Es el gran error de los análisis que se hacen sobre esta cuestión donde siempre usan una óptica macroeconómica. Los costes son mucho mayores y los pagamos todos.

En el plano económico, empresas y trabajadores sufragan ese coste con las cotizaciones a la Seguridad Social —costes empresariales que se han incrementado en un 73,95% en el periodo 2018-2023—, lo que resta poder adquisitivo a las familias y genera más gastos a las compañías.

En el plano de la actividad y organización empresarial, el absentismo no sólo genera una pérdida directa de productividad, sino que además ocasiona sobrecarga de trabajo en los compañeros de aquellos que se ausentan, provocando tensiones profesionales, sobreesfuerzos y desgaste físico, mental y emocional. Y la gran dificultad que supone sustituir a trabajadores que están temporalmente de baja acaba provocando las denominadas IT en cadena, esto es, aquellas bajas médicas por estrés y ansiedad de quienes han estado asumiendo durante un largo tiempo una carga de trabajo extraordinaria. La pescadilla que se muerde la cola.

No es fácil abordar una solución para reducir el absentismo. Por un lado, tiene un origen multicausal y ello requiere que se deba acometer desde diferentes perspectivas. Por otro lado, es una cuestión especialmente sensible en nuestra sociedad, lo que hace poner los nervios a flor de piel del político cuentavotos.

Evidentemente las bajas por incapacidad temporal son las que provocan un mayor número de ausencias al trabajo y un mayor coste económico directo, pero cualquier medida que pretenda atajar esta cuestión no estará exenta de polémica. Idealizar la posibilidad de un cambio legislativo en el sistema de protección social es una quimera. Pensemos que no sólo está en juego el derecho del trabajador a la protección —económica y sanitaria— en una situación de especial vulnerabilidad, sino que también sobrevuela la idea de llegar a generalizar el estigma de quienes se aprovechan del sistema para dejar de trabajar.

Porque sí, aunque es difícil que se reconozca abiertamente, hay quienes engañan al médico para conseguir una baja o para alargarla innecesariamente, así que luchar contra ello requiere de medidas quirúrgicas para no perjudicar a quienes realmente están enfermos. Y a falta de una figura como la del «medico fiscale» en Italia, que realiza visita ambulatoria al domicilio del enfermo a petición de la empresa para confirmar o modificar la prognosis del médico de cabecera —nada que ver ni por asomo con nuestra inspección médica—, las empresas están abocadas a contratar detectives privados para acreditar el fraude del empleado. Un negocio que, por cierto, no para de crecer del mismo modo que cada vez son más los juicios por despido por realizar actividades incompatibles con la baja médica.

Los estudios señalan que existe una correlación entre el incremento de la duración media que están experimentando las bajas médicas en los últimos años y el aumento de aquellas que tienen como causa un diagnóstico relacionado con la salud mental. Parece lógico teniendo en cuenta no sólo el tiempo que puede llegar a durar su tratamiento, sino también las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para que un especialista pueda atender al paciente sin que éste tenga que esperar un buen número de meses desde que recibe el parte de baja. A este respecto, el año pasado el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, se propuso combatir estas cuestiones y presentó como solución el que los médicos de cabecera no pudieran dar la baja a las personas con estrés o ansiedad leves, y que fueran los médicos especialistas en salud mental los que expidiesen ésta cuando certificaran que su estado de salud les impide realmente trabajar. Perdió las elecciones.

No podemos olvidar otro gran dolor de muelas: el absentismo presencial. En todas las organizaciones hay auténticos profesionales del escaqueo. Caraduras expertos en desviar responsabilidades y obviar obligaciones sabedores de que pueden vivir del cuento una buena temporada hasta que la situación pasa a ser insostenible, pudiéndose aprovechar de un sistema legal que está ideado para que ese despido sea improcedente y se puedan llevar, además, un dinerillo.

Los primeros afectados por la desfachatez de estas rémoras son sus compañeros, que, lógicamente, no pueden entender cómo estas personas que dedican sus aptitudes a encontrar la mejor manera de consagrar su tiempo al reposo pueden estar cobrando un sueldo. Si se le suma que, además, suelen acabar asumiendo las tareas de aquellos porque si el trabajo ha de salir es más fácil encomendarlo a quien realmente va a responder, tenemos un cóctel perfecto para una nueva baja por ansiedad.

Mucho se está avanzando por las empresas en mejoras centradas en el clima laboral, lo que es muy loable, pero hay problemas casi endémicos que requieren acciones a mayor escala y que escapan a las compañías.

A ver quién le pone el cascabel al gato.

*Ricardo Fortún Sánchez, Socio del Área Laboral de Selier Abogados