La AIPI entra en funcionamiento: El modelo español frente a Europa

El próximo 1 de septiembre de 2025, España activará oficialmente la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), una pieza clave en el nuevo marco normativo de integridad corporativa y lucha contra la corrupción. Esta institución, prevista en la Ley 2/2023, nace con el objetivo de garantizar la protección efectiva de quienes denuncien infracciones normativas, tanto en el sector público como en el privado.

La entrada en funcionamiento de la AIPI no solo activa nuevas obligaciones para las empresas, sino que también plantea una pregunta estratégica: ¿cómo se compara el modelo español con el de otros países europeos que ya han implementado mecanismos similares?

España ha apostado por una autoridad administrativa independiente con competencias amplias: gestión del canal externo de denuncias, protección frente a represalias, instrucción de procedimientos sancionadores y emisión de recomendaciones. A partir del 1 de septiembre, las entidades obligadas deberán notificar a la AIPI el nombramiento de sus responsables del sistema interno de información, con plazo hasta el 1 de noviembre. Aunque aún no se han publicado instrucciones operativas, se espera que la AIPI las defina en sus primeras semanas de actividad.

En el contexto europeo, Francia ha sido uno de los países más proactivos en esta materia. Desde la Ley Sapin II (2016), las empresas de más de 50 empleados están obligadas a contar con canales internos de denuncia. La Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) supervisa el cumplimiento y puede imponer sanciones o emitir recomendaciones. En 2022, Francia reforzó su marco legal con una nueva ley que amplía la protección a más colectivos y mejora la confidencialidad de los canales. El uso de convenios judiciales de interés público (CJIP) permite resolver casos sin necesidad de juicio, lo que ha incentivado la cooperación empresarial.

Alemania, por su parte, ha optado por un enfoque más técnico y menos penalista. La Ley de Protección del Informante (HinSchG), en vigor desde 2023, obliga a empresas de más de 50 empleados a establecer canales internos. La Oficina Federal de Justicia (BfJ) gestiona el canal externo. Aunque no existe una autoridad con competencias tan amplias como la AIPI, el modelo alemán destaca por su claridad normativa y por la integración del compliance en la cultura empresarial. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no está reconocida, pero sí existen sanciones administrativas severas.

Italia introdujo la protección del informante en 2017, vinculada a los modelos de organización y gestión del Decreto Legislativo 231/2001. La Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) gestiona el canal externo en el sector público, pero no existe una autoridad centralizada para el ámbito privado. La transposición de la Directiva europea ha sido parcial y desigual, lo que ha generado incertidumbre jurídica. No obstante, el marco normativo italiano ofrece una base sólida para el desarrollo de sistemas de compliance eficaces, especialmente en grandes corporaciones.

Con la creación de la AIPI, España se alinea con los países que han optado por una autoridad centralizada con competencias amplias. A diferencia de Alemania o Italia, donde el enfoque es más técnico o fragmentado, el modelo español apuesta por una supervisión activa y sancionadora. Sin embargo, el éxito de la AIPI dependerá de su capacidad para: establecer criterios operativos claros; Ganarse la confianza de los informantes; Coordinarse eficazmente con las autoridades autonómicas y judiciales; Emitir guías prácticas que sirvan de referencia para el sector privado.

La entrada en funcionamiento de la AIPI representa una oportunidad para que España se sitúe a la vanguardia europea en materia de integridad corporativa. Para las empresas, supone un nuevo escenario de cumplimiento que exige preparación, transparencia y compromiso. El reto no es solo normativo, sino también cultural: fomentar entornos donde denunciar no sea un riesgo, sino un acto de responsabilidad. En este camino, la AIPI puede y debe ser un actor clave.

* María Massó Moreu, socia del área de compliance, investigaciones y derecho penal económico de Baker McKenzie.