Pasarela al RETA: años cotizados que merecen una respuesta

Hace ya varios años que procuradores y abogados descubrimos algo que nadie nos había explicado con claridad: que décadas de trabajo y cuotas pagadas puntualmente sin rechistar no iban a traducirse en lo que cualquier trabajador de este país da por sentado. Estamos ante una injusticia estructural que el Parlamento lleva demasiado tiempo mirando de reojo.

Este mismo viernes 20 de febrero, mientras escribo estas líneas, procuradores y abogados se concentran frente a las sedes del PSOE de las principales ciudades de España como medida de presión pidiendo el fin de la demora. Han elegido esas sedes porque la responsabilidad de resolver esto recae sobre quienes gobiernan.

Lo que pedimos tiene un nombre concreto: pasarela al RETA. Y una fórmula también concreta: 1x1. Un año trabajado, un año cotizado. Sin recortes, sin exclusiones. Hay compañeros que después de cuarenta años ejerciendo cobran 280 o 300 euros de pensión, menos que la mínima contributiva. Por eso hay procuradores y abogados que no se jubilan ni con ochenta años. Porque no pueden.

El Estado autorizó este sistema y lo reguló. Los procuradores no podíamos acogernos a ningún otro modelo de cobertura social. Cuando empezó a permitirse la cotización en el RETA, pasarse implicaba perder todo lo aportado. Muchos no pudimos asumir dos cuotas simultáneas. Quedamos atrapados. Faltó valentía institucional para decirnos la verdad: que las cuotas bajas que nos prometían estabilidad eran la semilla de pensiones insuficientes.

La Proposición de Ley, presentada por el Grupo Socialista y publicada en el Boletín del Congreso el 29 de noviembre de 2024, lleva más de un año prácticamente paralizada. La ponencia encargada de elaborar el texto se constituyó el 18 de noviembre de 2025 y, desde entonces, los avances han sido mínimos. En este tiempo, miles de colegiados han alcanzado la edad de jubilación sin saber qué pensión les corresponderá y muchos se han visto obligados a seguir trabajando.

Por su parte, el PP ha presentado enmiendas que condicionan los avances a un acuerdo previo en el Pacto de Toledo, con seis meses de desarrollo reglamentario posterior. El PP fue el primer partido en impulsar una Proposición no de Ley sobre la pasarela en 2024, y ahora propone derivar el asunto a un instrumento que puede alargar el proceso indefinidamente.

La ministra Elma Saiz, al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde noviembre de 2023, asumió en diciembre de 2025 la portavocía del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría para encabezar la candidatura del PSOE a las autonómicas de Aragón de 2026. Más cargos, más agenda. Y los mutualistas llevan más de dos años y medio sin conseguir una reunión con ella. Resulta incomprensible que quien presume de diálogo no esté al frente en esta reclamación. Quien habla recurrentemente del escudo social, nos deja fuera.

El miedo que más pesa hoy es que la legislatura acabe sin solución. Fuentes parlamentarias advierten que alcanzar un acuerdo en este Congreso sería casi un milagro. El bloqueo de Junts complica la aritmética. Si la reforma no prospera antes de las generales, todo el proceso volvería a empezar desde cero.

Tres ejes irrenunciables: primero, principio 1x1 sin excepciones, cada día cotizado en la mutualidad reconocido como día cotizado en la Seguridad Social; segundo, incorporación voluntaria con tiempo e información suficientes para que cada mutualista decida; tercero, transferencia sin pérdidas y pasarela para todos: activos, pasivos, enfermos, quienes agotaron su fondo. Cualquier criterio de exclusión reproduce la desigualdad que venimos a corregir.

Hemos recorrido los despachos parlamentarios. Hemos explicado, documentado y argumentado. Y seguiremos haciéndolo. El Gobierno habla de Estado del bienestar. Que lo demuestre. La legislatura no puede terminar sin dar una respuesta a los miles de procuradores y abogados que sostuvieron el sistema judicial durante décadas y hoy esperan que ese mismo sistema les devuelva lo que les corresponde.

* Lina Vassalli Arribas es procuradora de los tribunales y vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores de España. Forma parte del Movimiento #J2.