Los delitos de odio a la naturaleza van cada vez a más

Pegarle fuego al monte, diseminar veneno para acabar con las 'alimañas', cazar de manera ilegal, verter sustancias tóxicas al entorno, amenazar y agredir a los agentes medioambientales, desviar cauces, contaminar el aire, invadir el dominio marítimo… el catálogo de delitos ambientales que se cometen en España es tan variado como bochornoso.

Uno de los mejores ejemplos es el de los incendios forestales: principal causa de destrucción de los hábitats silvestres en nuestro país. Según los datos oficiales el 81% se deben a una imprudencia humana, mientras que la mayoría de ellos son directamente provocados (un 55% en número y un 58% en superficie del total).

Los datos oficiales confirman que en los últimos años se está produciendo un aumento generalizado de los delitos ambientales

Pegarle fuego al monte constituye un delito que puede acarrear penas de hasta 20 años de prisión. Y según datos de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en 2019 se incoaron 1029 procedimientos penales por delitos de incendio, 164 más que en 2016.

Pero el de los incendios intencionados no es el único delito que se comete contra la naturaleza. Como nos recordaba la organización conservacionista SEO/Birdlife, que lleva más de medio siglo defendiendo la naturaleza en nuestro país, en un detallado informe, en los últimos años se está produciendo un aumento generalizado de los delitos ambientales.

Opinión

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Además de los datos contenidos en las memorias de la Fiscalía y que reflejan ese aumento, según la información aportada por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, y solo con relación a los delitos contra la fauna, en 2020 se investigaron 154 delitos de caza ilegal, 67 más que en 2018, 67 delitos por tráfico ilegal de especies protegidas o amenazadas, 22 más que en 2018, y se detuvieron o investigaron a 664 personas, 240 más que tan solo dos años atrás.

Los datos recogidos muestran que el uso ilegal de veneno entre 1992 y 2017 causó la muerte de 21.260 animales, pudiendo llegar la cifra real a más de 200.000, en un total de 9.700 episodios. Un delito que, a pesar de mostrar una tendencia decreciente, genera impactos severos, como el registrado en Salamanca el pasado mes de junio al hallarse un centenar de buitres envenenados por una sustancia prohibida: el carbofurano.

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El problema sigue siendo que en este país, quien comete un delito de odio contra la naturaleza casi nunca acaba pagándolo. Este tipo de delitos, pese a estar descritos y sometidos a penas cada vez más disuasorias (aunque todavía muy lejos de las que deberían imponerse en comparación al daño causado) cuentan con un elevado índice de impunidad, siendo además muy compleja su investigación y judicialización.

Para luchar contra esa sensación de inmunidad que tienen los agresores ambientales, en 2018 SEO/BirdLife ha puesto en marcha el proyecto Guardianes de la Naturaleza, una iniciativa ciudadana que, enmarcada en el Programa LIFE de la UE y apoyada por Bruselas, agrupa a diversas entidades privadas y públicas que trabajan para mejorar la eficacia y la efectividad de la lucha contra los delitos ambientales.

Para David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife: "Los delitos contra el medio ambiente no solo suponen una amenaza directa para la conservación del patrimonio natural, sino para nuestra propia subsistencia, bienestar y calidad de vida". Por todo ello, la lucha contra este tipo de agresiones ha sido declarada como una de las prioridades de la UE, quien reclama la alianza de toda la sociedad para librarnos de esta lacra.

NOTA: El proyecto 'Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental', coordinado por SEO/BirdLife, tiene como objetivo principal la mejora de la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra el medio ambiente, especialmente aquellos cometidos contra la fauna silvestre en España y en Portugal. Financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, cuenta como socios beneficiarios al Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Junta de Andalucía y la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).