¿Por qué hay que proteger al lobo?

En los más de 50 años transcurridos desde que en WWF comenzáramos a trabajar por la conservación del lobo ibérico en España –entonces considerado simplemente una alimaña a exterminar– nuestro país y nuestra sociedad han cambiado profundamente, mostrando un apoyo creciente a la conservación de la naturaleza y de sus especies más emblemáticas.

En WWF tenemos una amplia experiencia en todo el mundo tratando de mediar en el conflicto entre grandes carnívoros y seres humanos, en entornos cada vez más dominados y humanizados en los que apenas queda ya espacio para la fauna salvaje; como ocurre en Europa, donde trabajamos en todos los países en los que el lobo trata de sobrevivir o de expandirse. También en España llevamos muchos años aportando soluciones constructivas a las tensiones que genera la presencia del lobo y exigiendo al mismo tiempo políticas de calado que aborden las auténticas amenazas a la ganadería extensiva, vital para conservar nuestra naturaleza, nuestros paisajes y un mundo rural vivo.

En los últimos días el lobo, ajeno a todo, ha vuelto a usarse como arma política, ocupando redes sociales y medios de comunicación y llenándolos de 'fake news' a raíz de la decisión de incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE). Desde WWF apoyamos sin reservas esta medida basada en el dictamen unánime del Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica y aprobada por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

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Una medida que ni va contra nadie ni es fruto de ninguna imposición, sino de un procedimiento administrativo reglamentado, seguido en numerosas ocasiones anteriores, iniciado a instancias de una tercera parte –la asociación ASCEL– y en el que el Ministerio de Transición Ecológica ha cumplido con su obligación de tramitarlo de acuerdo a la ley.

Las descalificaciones de diferentes sectores y administraciones cuestionando la validez de un dictamen científico porque no se ajusta a sus planes y las presiones de todo tipo para que sea obviado son inadmisibles, especialmente en el actual contexto de crisis ambiental global, en el que las decisiones que afecten al clima o a la biodiversidad deben tomarse con criterios científicos y sin supeditarse a intereses económicos o políticos.

Pero más allá de las polémicas, desde WWF creemos que dotar de mayor protección al lobo ibérico se justifica plenamente. Por un lado, porque el lobo presta de forma gratuita servicios ambientales de incalculable valor para la sociedad, trabajando como auténtico sanitario de la naturaleza, eliminando cada año miles de ungulados enfermos de tuberculosis que infectarían al ganado y manteniendo los ecosistemas sanos y en equilibrio. Por eso es necesario que ocupe de nuevo los territorios donde ha sido extinguido y en los que las densidades de ciervos, cabras monteses o jabalís crecen exponencialmente sin enemigos naturales.

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Por otro porque, contrariamente a lo que nos han contado estos días, el lobo se encuentra en estado de conservación desfavorable en España según el último informe de la Comisión Europea del Estado de la Naturaleza para 2012-2018 y su estado ha empeorado desde la evaluación anterior, incumpliendo muy posiblemente la Directiva de Hábitats. La realidad es que su población se encuentra hoy reducida a la tercera parte de su rango de distribución histórica y, aunque ha empezado a colonizar con gran dificultad territorios al sur del Duero, no logra avanzar por sí solo hacía el País Vasco o La Rioja debido a la enorme presión a la que está sometido y ya ha sido prácticamente extinguido en Andalucía.

Los lobos no entienden de fronteras administrativas y su inclusión en el LESPE obligará por fin a algo de puro sentido común en ecología: considerar a toda la población ibérica, incluyendo a Portugal, como una única población y no varias, como ocurre en la actualidad, con lo que se pondrá fin a la inseguridad jurídica creada por las diferentes figuras de protección y permitirá armonizar en toda España tanto las ayudas a la coexistencia como los sistemas de indemnización, lo que redundará sin duda en la reducción de daños.

Es cierto que su inclusión en el LESPE no supone su protección estricta, pero significa un gran paso al terminar definitivamente con la caza deportiva del lobo, permitirá una persecución más eficaz de las incontables muertes ilegales y obligará a que cualquier medida de control sea excepcional y debidamente justificada, un gran avance respecto al descontrol actual. A ello hay que sumar una mayor inversión en investigación para disponer de datos homogéneos, actualizados y fiables del estado de la población.

Mirar para otro lado y dejar que las cosas continúen como hasta ahora no es una opción buena para nadie; por eso este nuevo marco legal obligará a la revisión y aprobación de la Estrategia para la Conservación del Lobo –sin actualizar desde 2005 por el desinterés hasta ahora de las administraciones responsables–, en la que deberán incluirse herramientas de coordinación para una gestión integrada, para la dinamización del territorio gracias al creciente turismo rural y para mejorar la coexistencia con las actividades tradicionales.

Por mucho que nos lo repitan de forma interesada, el lobo no es el responsable de los males del mundo rural, ni hay relación alguna entre la presencia de lobos y el despoblamiento rural; de hecho, la mayor parte de las provincias que más población pierden hace décadas que no tienen lobos. Tampoco es el lobo responsable de la deriva de la ganadería extensiva, sobre todo la de caprino y ovino, tan importante para nuestra biodiversidad y que desaparece de territorios con y sin lobo por el abandono de las administraciones, la escasez de ayudas, la burocracia, el escaso relevo generacional, la marginación de la nueva PAC, los precios irrisorios ocasionados por la invasión de carne de otros países, la falta de diferenciación y la competencia desleal de la ganadería intensiva que, a pesar de su enorme impacto, sí que cuenta con un decidido y entusiasta apoyo político e institucional.

Estamos seguros de que este salto en la protección del lobo era necesario y que en lugar de una amenaza supone una gran oportunidad, por lo que pedimos a todas las administraciones y a todos los implicados que trabajen de forma constructiva y leal. En WWF siempre seguiremos dispuestos a tender puentes y a ayudar.

Juan Carlos del Olmo es el Secretario General de WWF España.