MIFID II: cambios radicales en los mercados de valores de Europa

La Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) II entrará en vigor el 3 de enero de 2018, trayendo con ella grandes cambios en los mercados de valores de Europa. El nuevo marco legislativo tiene como objetivo reforzar la protección de los inversores y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros mediante una mayor transparencia de precios, competencia y eficiencia del mercado.

Implicaciones para la industria de la inversión en Europa

Un aspecto que tendrá un particular impacto entre la industria de la inversión reside en los precios y métodos de pago de las investigaciones ofertadas por los bancos de inversión, corredores y proveedores de investigación independientes. Un nuevo requisito en MiFID II es que las comisiones por servicios de ejecución sean desglosadas de forma independiente del pago de la investigación de inversiones. Esto pondría fin a la práctica de lo que se ha venido en llamar "comisiones blandas".

Los intermediarios que ofrezcan investigación de inversiones deberán establecer un precio para aquellas, y los gestores de activos tendrán que confeccionar presupuestos para las mismas; bien sea transfiriendo el coste a los clientes a través de cuentas de pago de investigación (RPAs) previamente acordadas, o absorbiendo el coste de la investigación contra su cuenta de pérdidas y ganancias. Hasta el momento, las estimaciones de precios sugeridas por los intermediarios y otros proveedores externos han variado significativamente según la clase de activo y el nivel de servicio ofrecido. Se han publicado estimaciones sobre precios de venta que oscilan desde decenas a cientos de miles de euros. Claramente, definir un precio para un servicio que carecía del mismo, tiene sus complejidades.

Comprender las expectativas de los profesionales en el lado comprador

Los profesionales de la gestión de activos son los que mejor pueden valorar los probables efectos de MiFID II, y como afecta a la provisión de servicios investigación de inversiones en Europa. Recientemente, CFA Institute ha preguntado a 365 profesionales de la inversión, que utilizan, producen o adquieren investigación de inversiones, sus opiniones al respecto, y también a algunas firmas de gestión de activos.

Muchos gestores de activos podrían optar por absorber el coste de la investigación, por la presión competitiva o por ser más sencillo que crear RPAs

La principal decisión que las firmas deben tomar es si absorben los costes de investigación o, por el contrario, los transfieren a sus clientes. Curiosamente, más de la mitad (53%) de los encuestados cree que sus empresas absorban el coste, en comparación con solo un 15% que estiman que pasarían el coste a los clientes. Estos resultados ponen de relieve que muchos gestores de activos podrían optar por absorber el coste de la investigación, tal vez debido a la presión competitiva o porque puede ser más sencillo que crear RPAs. Solo el 12% esperaba una atribución mixta y, sorprendentemente, más de la quinta parte (21%) aún no estaba segura de quién pagará por la investigación bajo MiFID II.

Igualmente, parece que las empresas más grandes, a comparación de las pequeñas, estarían más dispuestas a asumir los costes; la proporción de encuestados que esperan que su empresa los absorban es proporcional a su volumen de activos bajo gestión. El 67% de los encuestados pertenecientes a firmas con activos bajo gestión superior a 250.000 millones de euros afirmaba que sus empresas lo absorberían; solo el 42% de encuestados en firmas con menos de mil millones bajo gestión pensaban que sus empresas se harían cargo de los costes. Esto podría sugerir la existencia de una desventaja competitiva de la regulación en contra de las firmas más pequeñas.

La nueva legislación dificultará hacer negocios para determinadas empresas. Los resultados de la encuesta indican que los bancos de inversión serán los más afectados. Cuando se les preguntó si tenían la intención de obtener relativamente más o menos investigación de ciertos proveedores bajo MiFID II, tres cuartas partes (78%) de los encuestados indicaron que dispondrían de un menor volumen de investigación procedente de los bancos de inversión. De hecho, en lugar de pagar por la externalización de estos servicios, el 44% afirmó la probabilidad de llevar a cabo más trabajo de investigación internamente.

Hay falta de consenso entre los profesionales de la industria sobre cuánto les va a costar anualmente la investigación externa a sus empresas. El rango de las respuestas subrayó la dificultad inherente de valorar la investigación, que depende del tipo de estrategia a desarrollar, y del poder de negociación de cada firma. En la actualidad hay en curso negociaciones para la fijación de precios entre las gestoras de activos y los proveedores de investigación, por lo que es posible que, solo después de la implementación de MiFID II, surja un estándar de precios para toda la industria.

Mirando más allá de Europa, no queda claro si el pago explícito de la investigación se adoptará en otras jurisdicciones: el 54% de los encuestados cree que es probable o muy probable, y el 46% piensa que es poco probable o muy poco probable. Sin embargo, los efectos de MiFID II se harán sentir en todo el mundo, especialmente en el caso de las gestoras de inversión con clientes globales.

Con tanta incertidumbre sobre la fijación de precios y la asignación de los costes de investigación, los verdaderos efectos de MiFID II tendrán que ser monitorizados muy de cerca cuando la nueva legislación entre en vigor en enero de 2018.

Rhodri Preece, CFA, es Director de Política de Mercados de Capitales para la región EMEA en CFA Institute.