Cuando suena el timbre en la puerta de muchas Sicavs, no piensan que pueda ser el cartero

El Ministro de Economía, Pedro Solbes, trata de poner orden en el desmadre-descoordinación existente entre Hacienda y la CNMV, dos departamentos de su dependencia, a cuenta de una normativa con muchas trampas que permite diferentes interpretaciones y que amenaza con cargarse la industria de las Sicavs.

La preocupación de las grandes fortunas por la repentina “inseguridad jurídica” en el ámbito de las Sicavs surge de la apertura de más de 200 expedientes y otras tantas sanciones por parte de Hacienda y sus inspectores, que hasta ahora habían hecho una interpretación distinta de la ley.

El endurecimiento de su posición -tras más de 20 años de existencia de estas Simcavs; ahora Sicavs- ha pillado por sorpresa sobre todo a los que, según Hacienda, incumplían la norma porque realmente han usado estas sociedades de inversión colectiva única y exclusivamente para pagar menos al Fisco.

Por supuesto que ahora recurren ante instancias más altas las cuantiosas sanciones, porque se niegan, en principio, a pagar un 35% frente al 1% previsto y presionan con la amenaza de que el dinero puede irse a Luxemburgo. La deslocalización de los patrimonios es mil veces más fácil que la de la industria y se produce también por cuestiones de competitividad.

A la CNMV le toca mojarse. Todos quieren que sea la responsable de decir si una sociedad cumple o no con los criterios de Institución de Inversión Colectiva (IIC), aunque esto puede ser insuficiente, como se ha demostrado hasta ahora. El organismo regulador, además de supervisar, hasta ahora se limitaba a dar cuenta de la existencia de 100 inversores y un capital de 2,4 millones en las famosas Sicavs, sin ir más allá. Había algo parecido al todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada, puesto que la ley lo permite.

Algunos juristas opinan que si Hacienda quiere cambiar la norma, que no establece cuál debe ser la inversión de cada uno de los partícipes, pues que lo haga, pero lo que no puede ser es que, de repente, decida hacer una interpretación no literal de la misma y provoque el estupor en el sector. Ahí es donde se crea inseguridad jurídica, insisten.

En puridad, con 99 mariachis se cumple la normativa existente, así que los cambios anunciados por Solbes en el famoso reglamento de IIC, quizá, vayan en ese sentido de modificar el papel de estos partícipes de cartón piedra y obligar a que tengan una inversión mínima. Si esto es así, muchas Sicavs deberían reconvertirse, para lo que será necesario un plazo o, simplemente, ser liquidadas.

Estaríamos ante un cambio de filosofía de estos instrumentos considerados de inversión colectiva y que algunas grandes fortunas y no tan grandes patrimonios han usado para pagar menos a Hacienda, cumpliendo, eso sí, con una ley que permite la trampa.

A cambio, no han huido a Luxemburgo donde la fiscalidad es mucho menor y se tarda menos de 24 horas en constituir una empresa de características similares, amén de pagar los impuestos fuera.

El debate de nuevo está en saber si se rompe directamente con esta figura de las Sicavs o se mantienen determinados límites que impidan esa deslocalización. Ahora, aunque paguen el 1%, como ocurre si se está en un fondo, al menos las grandes fortunas están controladas por Hacienda y supervisadas por la CNMV, que no es poco, indican algunas fuentes del mercado.

Del mismo modo, basta asomarse a los nombres que se repiten como socios de multitud de Sicavs para observar cómo la ley ha permitido actuar, sin problemas, a una buena parte de estos repentinos amantes de la inversión colectiva. Todo con el mariachi, pero sin el mariachi, que diría Luis XIV.

El desarrollo espectacular de las Sicavs se produjo bajo la presidencia de Juan Fernández-Armesto en la CNMV, que dejó de dar licencias con cuentagotas y optó por el desarrollo de la industria, hasta las más de 3.000 existentes, con lo que supone de creación de empleo y pago de impuestos en España por parte de las grandes fortunas frente a la deslocalización.

Ahora le toca a Pedro Solbes y su ministerio definir qué quiere hacer con esta industria y para ello tiene sobre la mesa el famoso reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, que, si llueve café en el campo y pasa felizmente los trámites de la Secretaría General Técnica del Ministerio y el Consejo de Estado, podría ser aprobado en Consejo de Ministros antes del verano. Mientras, cuando suena el timbre en la puerta de algunas Sicavs no piensan, ni de lejos, que puede ser el cartero.