Bruselas sigue sin saber qué hacer con el Private Equity

Aunque parezca mentira, ya han transcurrido más de tres años desde que a finales de 2006, y cuando todavía nadie anticipaba la crisis crediticia que se acercaba, se iniciaron las primeras conversaciones en Bruselas sobre la conveniencia de regular las inversiones alternativas en Europa.

Como suele ocurrir en muchas situaciones, el creciente protagonismo de los gestores de inversiones alternativas -especialmente de los hegde funds- animó a nuestros europarlamentarios a considerar el establecimiento de un marco estable para las inversiones alternativas, a través de una nueva Directiva, conocida como Alternative Investment Fund Managers (AIFM)”.

Varios meses después, y como consecuencia del estallido de la crisis financiera, la suspensión de pagos de Lehman Brothers y AIG y el colapso del sistema financiero internacional; el interés “regulatorio” de la inversiones alternativas en Bruselas creció de forma considerable.

Por si no fuera suficiente, la pujanza de las economías emergentes ante el debilitamiento del sistema anglosajón encumbró al G-20 como máximo órgano de decisión del planeta. Éste estableció como una de sus prioridades poner orden en el sistema financiero y sugerir mayores dosis de supervisión y regulación financiera.

Después de más de veinte meses desde el colapso de Lehman Brothers y teniendo en cuenta todos estos precedentes, la nueva Directiva sigue sin ver la luz y los dos grandes grupos políticos en Bruselas siguen sin ponerse de acuerdo sobre el alcance de la nueva regulación.

A pesar de los diferentes borradores presentados y el intento de varias presidencias rotativas, especialmente la sueca en el último semestre de 2009, no parece inminente la aprobación de la nueva Directiva, para la que se han presentado más de 1200 enmiendas en el Ecofin, algo nunca visto en Bruselas. El debate ha traspasado las fronteras continentales y desde Estados Unidos se analiza con mucho recelo las consecuencias de algunas de las propuestas presentadas.

Uno de los aspectos más polémicos son las restricciones que se quieren imponer a los gestores no europeos para poder captar fondos y realizar inversiones en Europa que ha llevado al mismísimo secretario del Tesoro, Paul Geithner, a advertir por escrito en dos ocasiones a Bruselas sobre las consecuencias que puede acarrear si se aplicaran medidas proteccionistas similares al otro lado del Atlántico.

Asimismo, la nueva Directiva pretende regular aspectos tales como el nivel de apalancamiento máximo permitido, la relación entre la propiedad y los trabajadores, y las condiciones de remuneración de los ejecutivos de las compañías controladas por fondos de Private Equity, algo que contradice de alguna forma lo recogido en la legislación mercantil vigente en cada país.

Es razonable pensar que la nueva Directiva aporte más transparencia y seguridad al inversor en lo que se refiere  a las inversiones alternativas, especialmente en aquellos países europeos donde esta actividad no está regulada. En España, sin embargo, la actividad de capital riesgo cuenta con uno de los sistemas regulatorios más modernos y favorables y que está supervisado por la CNMV.

Esperemos que los parlamentarios europeos se pongan pronto de acuerdo y aprueben una Directiva que sirva para reforzar el papel de la inversión de capital riesgo como dinamizador de las economías europeas, y como “activo financiero” adecuado para mejorar las rentabilidades de los fondos de pensiones, compañías de seguros e inversores institucionales en Europa.