Banca Universal y libre competencia

La reconversión del sistema financiero español dejará tras de sí un reguero de consecuencias que habremos de asimilar en el futuro. La intención del Gobierno de mantener abierto el cauce de financiación empresarial ha chocado frontalmente con las dificultades de captación de recursos en el exterior. Pero también ha sido el año en el que se ha hecho frente a la nueva configuración del sector y al saneamiento de las entidades.

Las grandes empresas siguen avanzando en la captación de recursos en los mercados internacionales, reduciendo su dependencia de las entidades de crédito, aún cuando sean éstas las mismas entidades que colocan el papel en el mercado. La separación entre banca de inversión y banca comercial volverá a ganar adeptos puesto que el desapalancamiento de los balances bancarios no afecta sólo a los bancos españoles, sino al conjunto del sistema de financiación en Europa.

Todos los agentes económicos necesitan reducir su dependencia de la financiación ajena. Las economías domésticas lo están haciendo, al tiempo que se ven obligadas a ceder un mayor porcentaje de sus ingresos al Estado por vía de la imposición directa o indirecta. La devaluación interna a la que se está viendo sometida la economía española encuentra en las familias y en las pymes su mayor exponente. Tasas, impuestos y precios regulados extraen el jugo con el que deben alimentarse las Administraciones Públicas y los sectores regulados: banca y energía fundamentalmente.

Los efectos sociales -o si lo prefieren, socioeconómicos-, de la crisis de gran número de cajas de ahorro todavía no se han puesto de manifiesto con toda su crudeza en las actividades asistenciales, educativas y culturales de la tupida red de entidades que dependen o dependían de la Obra Social. A la falta de presupuestos públicos que pudieran suplir aquellas actividades, se suman las estrecheces del sector privado y una desvinculación territorial de muchas sedes bancarias que en el proceso de fusiones reducen vínculos algo más que afectivos.

En definitiva, nos encontramos ante una economía que no encuentra la forma de cubrir su financiación, al tiempo que los sectores y agentes económicos luchan por atraer hacia sí los escasos recursos disponibles. Es aquí donde el Estado gana la partida como primer competidor de la empresa en la captación de fondos. La financiación de las Administraciones Públicas detrae recursos que le son necesarios al tejido empresarial.

En estos días, los responsables políticos sacan pecho por la evolución de las cuentas del sector exterior. Las grandes empresas -y muchas medianas-, han logrado ocupar nichos importantes en los mercados exteriores, reduciendo las necesidades de financiación de la economía española. Nuevamente el sector privado viene a sacar las castañas del fuego atrayendo los recursos necesarios para que fluya la actividad económica interior.

Tras el Estado, las empresas exportadoras se han convertido en privilegiados interlocutores financieros. Visto desde las entidades de crédito, ¿cómo van a dificultar los flujos de sociedades que generan en el exterior la caja con la que pagar las deudas contraídas en el interior? Visto desde el Ministerio de Economía, ¿cómo van a entorpecer el cauce por el que se minoran las necesidades de financiación del país?

La pyme es quien advierte los primeros zarpazos de la hambruna financiera. Un día te reducen la línea de descuento, otro te incrementan los tipos y al tercero te aconsejan que consigas recursos por vías más imaginativas. La pyme es también la última en conseguir los fondos que se reparten por los canales que oxigenan el circulante y la inversión en activos fijos. De ahí, la imperiosa necesidad de organizar los mecanismos que permitan formas de financiación más ágil y diversa. Es imprescindible garantizar la transparencia de los mercados en los que la pyme pueda encontrar la financiación.

El riesgo de un mercado de financiación intervenido y proceloso vuelve a respirar en el cogote de la pyme. El momento no puede ser más oportuno. Reguladores, supervisores, legisladores y el poder ejecutivo pretenden encajar nuevos mercados financieros que conecten con la vida diaria e innovadora de la pyme. Que los excesos de regulación no asfixien los canales. Que la bancarización no vuelva a encorsetar los mercados. Nos encontramos ante la feliz circunstancia del nacimiento de nuevas instituciones abiertas a la libre competencia o ante la insatisfacción social por la lentitud y torpeza de los responsables políticos que dicen oír las demandas de centenares de miles de pymes y autónomos. Ya al final de los años ochenta y comienzos de los noventa, se celebraban actos sociales para dar la bienvenida al mercado de pagarés de empresa.

Hoy quería referirme a un aspecto quizá poco citado en estos momentos de escasez de crédito. No ha sido ocurrencia mía. Me lo expone con argumentos jurídicos un empresario emprendedor. Y es que la escasez parece justificar las costumbres del mercado, sin atender el daño que pueda sufrir el régimen de competencia en el que se desenvuelve nuestra sociedad y que ha de ser garantizado por los poderes públicos.

Cuando debatimos sobre el alcance y funciones de los organismos que han de velar por el ejercicio de la libre competencia, hemos de considerar los límites de la actividad bancaria cuando entra en colisión con sectores a los que tradicionalmente suministraba recursos, pero que, inopinadamente, parecen haberse convertido en competidores.

La financiación para la adquisición de viviendas y otros inmuebles, cuando son propiedad de las entidades que otorgan el préstamo, no deberían gozar de condiciones más favorables por el hecho de ser juez y parte en la financiación. En una consideración extrema podría argumentarse un supuesto de colusión del mercado y de la libre competencia si la financiación fluyera, mayoritaria e injustificadamente, hacia los inmuebles puestos en el mercado por las propias entidades.

La adquisición de vivienda parece ahora condicionada por las entidades suministradoras de crédito que arbitran las operaciones desde una posición que podría considerarse dominante. En definitiva, no se compran ni venden viviendas, mayoritariamente, sin financiación bancaria.

Es momento oportuno para no dejar de lado estos aspectos al afrontar una nueva regulación bancaria. Bien está la banca universal siempre que por universal entendamos el acceso a variadas formas de depósito, crédito y servicios bancarios a múltiples agentes económicos. Universal no significa ser juez, parte, colaborador y competidor de actividades de terceros. La financiación de vivienda puede ilustrar estas reflexiones aunque sin abundar en los aspectos jurídicos que le atañen.