Cambio y liderazgo en la administración local y autonómica

Los resultados producidos en las elecciones municipales y autonómicas le van a posibilitar al Partido Popular obtener el gobierno en la mayoría de las Comunidades Autónomas y en casi la mitad de los municipios de España, ofreciéndole, una mas que razonable expectativa de éxito para las elecciones generales, gracias especialmente al muy relevante avance obtenido en toda la zona sur de España.

La campaña electoral y los programas tuvieron un escaso enfoque local, centrándose más en los problemas generales que nos acucian, que sólo pueden gestionarse con plena capacidad desde el Gobierno de la Nación, y la respuesta dada por el electorado, apunta, en principio, a un posible cambio de color del mismo en las próximas elecciones generales.

Rajoy ofreció ayer el primer discurso reposado tras los comicios, situándose en la responsabilidad adquirida o que habrá de adquirirse una vez que se constituyan los consistorios y gobiernos autonómicos, para exponer las líneas generales de gobierno que desde el partido se plantean en éstos ámbitos territoriales, y hablando desde la autoridad que el respaldo del electorado le ha otorgado para apuntar también ideas concretas a poner en practica en la hipótesis de una victoria en las elecciones generales.

En el contexto de incertidumbre en el que estamos anclados las palabras del Presidente del PP, sonaron bien, en cuanto muestra de liderazgo, concreción de objetivos, enfoque respecto de los ámbitos de actuación y procedimiento de trabajo.

El discurso fue claro: hay que corregir los déficits presupuestarios y para ello se han de conocer en detalle las necesidades y compromisos, eliminar la superfluo, atender lo esencial, siendo austeros pero aspirando a no reducir las atenciones sociales, mejorar la eficacia en la gestión de los recursos públicos, no incrementar los impuestos e incentivar la iniciativa empresarial.

La coordinación de un plan dirigido a estos objetivos requiere de unidad de dirección y cohesión entre administraciones y por ello planteó la convocatoria inmediata de los órganos e instituciones que vertebran las políticas locales y autonómicas en España: Conferencia de Presidentes, Consejo de Política Fiscal y Financiera y Comisión Nacional de la Administración Local.  

De la lista de problemas que nos atenazan y que nos han situado en posiciones de descenso en la liga de las economías desarrolladas, la puesta en orden de las cuentas públicas en los niveles menores de la administración territorial es una de las más urgentes prioridades,  por el gran impacto que su desequilibrio provoca a muchos niveles.

Refiriéndonos  exclusivamente al ámbito local, la primera cuestión con la que hay que enfrentarse es la dimensión del aparato administrativo y la insuficiencia de recursos para financiarlo.

El sistema financiero local se asentaba principalmente en los recursos tributarios y otros de derecho público y estos han descendido estrepitosamente a causa de varios factores del que el principal ha sido la debacle del sector inmobiliario y la construcción en general, al tener un peso muy significativo los tributos y los ingresos por licencias vinculados a los activos y actividades inmobiliarias.  

Los Ayuntamientos no han tomado todavía suficientes medidas de adaptación de su estructura a la nueva situación y es algo que difícilmente pueda resolverse sin recortes pues una de las fuentes de entrada de recursos se ha secado, no han comenzado a aflorar nuevos manantiales que las sustituyan y no es solución incrementar los impuestos que inciden sobre hechos imponibles no vinculados a actividades económicas y que soportan los ciudadano de a pie, pues muchos de estos se encuentran ya en situaciones límite.

Otra de las razones que ha afectado a la insuficiencia de recursos tributarios tiene que ver con los planteamientos fiscales electoralistas. Un buen número de municipios han desplazado la presión fiscal hacia grandes contribuyentes, como las compañías de telefonía o las eléctricas mediante el establecimiento de tasas específicas vinculadas al aprovechamiento particular del dominio público por las mismas o la adaptación de las ordenanzas municipales fiscales modificando los elementos de configuración o cuantificación de los tributos de manera que afectasen en mayor medida a los contribuyentes que no votan (las empresas y especialmente las más grandes). Muchas de estas empresas han litigado contra los ayuntamientos, suspendiendo la recaudación y en numerosos casos alcanzado el amparo de los Tribunales a sus pretensiones, por resultar contrario a la ley el establecimiento o cuantificación de estos tributos.

La adaptación y racionalización del sistema de ingresos, especialmente los tributarios, sobre parámetros de justicia (especialmente de capacidad contributiva) y el redimensionamiento de las estructuras administrativas se convierten, por tanto en reformas necesarias y urgentes de entre las muchas que hay que acometer.

También constituye una de las cuestiones a las que hay que dar prioridad la reducción de la morosidad de los Ayuntamientos. La suspensión de pagos a sus proveedores de servicios está originado un daño en cadena a empresas y familias que alimenta los círculos viciosos en los que está estancada nuestra economía de destrucción de empleo, reducción del PIB y aumento del déficit público. Es especialmente ominosa al posibilitarse los retrasos de los pagos  por las especiales prerrogativas de que dispone la Administración. 

Pasa todo ello por identificar previamente el importe exacto de los déficits en cada ente local, pues el mismo no se conoce con exactitud, contribuyendo a esta incertidumbre las estructuras desarrolladas en los últimos años de empresas públicas y fundaciones con la finalidad de acometer proyectos al margen de los presupuestos oficiales.

La adecuación de los recursos (tributarios, financieros y patrimoniales) a la atención de los servicios, pasará necesariamente por una evaluación de estos últimos, un establecimiento de prioridades y una reflexión sobre la mejor y más eficiente forma de prestarlos. En este punto algunos ayuntamientos están explorando y poniendo en marcha fórmulas de colaboración público privada, a través de sociedades mixtas u otras modelos similares los cuales el Partido Popular defiende y cuya validez y eficacia habrá que contrastar con el tiempo.

Los ajustes y cambios que demanda la actual situación en éste ámbito de la Administración son, por tanto, profundos y urgentes y probablemente su puesta en marcha no va a ser fácil.

Esperemos que se tome la senda adecuada y que los objetivos y propósitos expuestos por el Presidente del PP se atiendan y cumplan con rigor, objetividad y eficacia.