Financiación verde ¿Algo más que una etiqueta?

Ya no es extraño oír hablar en nuestro día a día de instrumentos de financiación ‘verdes’ (o, en algunos casos, tratando de dotar al concepto de mayor amplitud, ‘sostenibles’). Un término que hasta hace muy poco tenía una indudable connotación exótica -a la par que ecológica- va cada vez más formando parte de la terminología financiera habitual.

Muchos pensarán que simplemente se trata de instrumentos financieros con una diferenciación puramente cosmética y, si bien es cierto que en algunos casos esta ha podido ser la justificación esencial, ser verde supone, en ocasiones, algo más que una simple etiqueta y empieza a tener implicaciones en el coste de la financiación, pudiendo verse reducido con el cumplimiento de determinados criterios y aumentado en caso contrario.

España es un mercado en el que los préstamos y las emisiones de deuda verdes han tenido un desarrollo relevante. En esta línea, algunas empresas españolas están sin duda a la cabeza de estos instrumentos e incluso el propio Instituto de Crédito Oficial ha emitido ya bonos verdes. Por su parte, el Tesoro está estudiando la emisión el próximo año de su primer bono verde, que destinará a financiar iniciativas sostenibles.

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No obstante, esta tendencia no es exclusiva del mercado español, puesto que desde 2017 se han sucedido de forma regular los préstamos y emisiones de bonos verdes en otras partes del mundo. En concreto, las regiones en las que la inversión –y, por ende, la financiación- en activos verdes es mayor en la actualidad son Europa, Estados Unidos y Japón, siendo este último el país que más ha crecido en el período 2016-2018, según el Global Sustainable Investment Review 2018. Les siguen de cerca otras potencias internacionales como Australia/Nueva Zelanda y Canadá. En estas cinco regiones, el importe de inversión materializado en activos verdes era de más de 30 trillones (anglosajones) de dólares a comienzos de 2018, cifra muy significativa que, a su vez, supone un incremento del 34% desde 2016.

Las iniciativas para tratar de estandarizar algunos criterios en este mercado son recientes, pero cuentan con una importante implicación de las instituciones y entidades participantes en el mercado. Así, en junio de 2018 se lanzaron los Green Bond Principles (GBP) con el objetivo de establecer una serie de recomendaciones en materia de transparencia, información y reporting. A su vez, en diciembre de 2018, se publicaron los denominados Green Loan Principles (GLP) con el fin de crear un marco de estándares que permitieran la homogeneización y consistencia del mercado de préstamos verdes impulsando su desarrollo sin menoscabo de la flexibilidad del instrumento.

En particular, los GLP que un préstamo debe cumplir para ser considerado verde se centran en (i) el uso de los fondos obtenidos mediante las disposiciones del préstamo, que deberán destinarse a proyectos verdes tales como proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, medios de transporte limpios y conservación de la biodiversidad marítimo-terrestre, entre otros; (ii) el establecimiento de un proceso de evaluación y selección de proyectos que conlleve un flujo de información por parte del prestatario a los prestamistas respecto de los objetivos de sostenibilidad medioambiental del prestatario; (iii) la gestión y seguimiento del uso de los fondos obtenidos, de forma que si existen diversos tramos en un préstamo el tramo o tramos verdes queden claramente identificados e incluso que los fondos relativos a ese tramo se depositen en una cuenta separada y, en relación con ello, se establezcan sistemas adecuados para el seguimiento y asignación de esos fondos a proyectos verdes y (iv) el envío periódico de información a los prestamistas en relación con el uso de los fondos y sobre los proyectos a los que se destinen, de cara a dotar de la máxima transparencia a estas financiaciones.

Otra de las cuestiones más relevantes que ponen de manifiesto los GLP es el proceso de revisión y verificación de su cumplimiento, que puede ser externo, e incluir tanto la obtención de asesoramiento por parte de terceros con probada experiencia en cuestiones de sostenibilidad medioambiental o gestión de préstamos verdes, como la verificación de los criterios aplicados en la selección de los proyectos (y de los propios proyectos y activos verdes) por parte de auditores o agencias de calificación, pasando por la certificación de los préstamos respecto de estándares verdes externos.

La comprobación del cumplimento de los objetivos verdes de estos instrumentos es uno de los elementos que va a cobrar más importancia

El proceso puede realizarse también de forma interna mediante la autocertificación por el prestatario en el supuesto de que éste tenga la capacidad y experiencia para confirmar el cumplimiento de los GLP. Siempre y cuando los prestamistas tengan un buen conocimiento de los prestatarios y sus actividades, la autocertificación puede ser, en determinados supuestos, suficiente a estos efectos.

En cualquiera de los casos, ya se trate de un proceso externo o interno, la comprobación del cumplimento de los objetivos verdes de estos instrumentos es, sin duda, uno de los elementos que va a cobrar cada vez más importancia y que va a ser determinante para el desarrollo de este mercado y en este contexto han surgido algunas entidades que han creado una suerte de calificaciones, similares las de las tradicionales agencias de calificación de riesgo: los denominados ESG (Environmental, Social and Governance) ratings.

En esta línea, la etiqueta verde se está generalizando en sectores en los que hace unos años parecía difícil que se acogieran estos principios. La publicación, el pasado junio, de los Principios Poseidón, una serie de líneas maestras encaminadas a la reducción progresiva de gases contaminantes en el sector naviero y que va a tener un alcance relevante en lo que se refiere a la financiación de buques, es una buena muestra del avance experimentado.

En definitiva, y a tenor del impacto que está teniendo en distintos mercados y en sus participantes, parece claro que la financiación verde ha llegado para quedarse. Otra cuestión importante será, aunque ya se hayan producido algunos avances, la estandarización y homogeneización de los criterios.

Fernando Navarro, socio de la práctica de Derecho Bancario y Financiero en White & Case