Dejemos de agujerear el IVA

El IVA es un impuesto con un enorme potencial recaudatorio, fundamental para cimentar nuestras cuentas públicas. Pero su gran cantidad de tipos reducidos y superreducidos (que suman hasta un tercio de su recaudación total) lo convierte en el instrumento perfecto para cuando el gobierno de turno quiere beneficiar a tal o cual grupo de presión, o producir un espejismo redistributivo o de alivio para las clases trabajadoras: rebajas como la que tenemos en vigor desde inicios de año a los alimentos básicos, pero también otras (al cine, a la hostelería) llenan de agujeros este impuesto central.

En origen la idea de estos tipos reducidos y superreducidos era muy intuitiva: al ser el IVA uno de los impuestos más regresivos del sistema fiscal, es razonable que el legislador quiera mitigar el efecto de este impuesto sobre los hogares de menos ingresos reduciendo el tipo efectivo del IVA que pagan esos hogares, lo que conseguiría al mover al tipo reducido y superreducido los productos que consumen mayoritariamente estos hogares.

Pero la realidad en la que hemos acabado dista mucho de ese objetivo original. De acuerdo con la Airef, el tipo efectivo del IVA que soportaban los hogares con menos renta era marcadamente similar al que soportan los hogares más adinerados: un 9% frente a un 10% en la media ponderada de su consumo. Es decir, estamos implementando una política que nos cuesta muchos ingresos perdidos, que acaban en gran parte en bolsillos de rentas altas, y que, por tanto, es más bien ineficiente en términos redistritutivos, pese a que consiga reducir mínimamente el efecto regresivo del IVA.

A todo lo anterior se suma el problema que supone la presión de los intereses sectoriales sobre los legisladores, como quedó de manifiesto con la rebaja del IVA al cine o las repetidas peticiones de aplicar dicha rebaja al IVA de las peluquerías. Estos grupos de presión dificultan cualquier reforma del impuesto o, lo que es peor, impulsan desastrosas reformas de las que únicamente se benefician las propias empresas de dichos sectores y de sus consumidores, más frecuentemente de rentas medias en adelante.

Por último, la capacidad del gobierno de mover los productos entre los diferentes tipos del IVA supone un incentivo perverso importante, que se ha puesto de manifiesto durante los últimos dos años. Las reducciones del IVA en situaciones de emergencia, como lo es la subida del precio de la luz o de los alimentos que sufrimos desde 2021, le dan a los diferentes gobiernos una salida fácil pero extraordinariamente costosa a una situación que, en otras circunstancias, solo podría abordarse de manera realmente eficaz mediante políticas de rentas a personas de bajos recursos, ya fuera una renta mínima de alta cobertura o un impuesto negativo sobre la renta. Si un gobierno no puede modificar el IVA de productos específicos y tampoco tiene un sistema de rentas mínimas u otras herramientas con una cobertura suficiente, entonces sin duda este gobierno pagará un peaje electoral al no haber sido capaz de compensar a sus ciudadanos de ninguna forma.

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En un contexto en el que el gobierno considera necesario incrementar de forma muy acusada sus ingresos haciendo uso de la imposición sobre el trabajo, tanto mediante el IRPF al no corregirlo por inflación como a través de los incrementos de las cotizaciones sociales asociados a la reforma de pensiones, merece la pena considerar la imposición indirecta como una alternativa menos costosa en términos de empleo y actividad. Esto no quiere decir que la imposición indirecta esté exenta de costes: tal y como cuantificó la Airef, la eliminación de todos los tipos reducidos del IVA únicamente lograría recaudar 13.800 millones de los 16.700 que podrían recaudarse de no producirse una reducción del consumo como consecuencia directa. Sin embargo, diversos estudios como el publicado por Funcas en 2018 argumentan que, pese a sus efectos redistributivos más negativos, la imposición indirecta es la mejor vía para obtener una mayor recaudación destruyendo la menor cantidad de empleo y actividad posible.

Todo ello nos lleva a plantear la necesidad de contar con un conjunto de políticas fiscales, que estén apoyadas por gran parte de la población, para que los gobiernos de diferentes ideologías no puedan modificarlas para beneficiar a parte de su electorado o a determinados grupos de presión, como ya ha ocurrido en España en los últimos años.

La prioridad fiscal debería pasar por la reforma del IVA, de tal modo que lo agrupemos en un único tipo efectivo del 18%, con la salvedad de los servicios sanitarios y educativos, que creemos, que deberian mantenerse exentos por las claras externalidades positivas que presentan. Esta unificación provocaría un aumento de la recaudación, sobre todo por la subida de aquellos bienes y servicios que actualmente están en los tipos reducidos y superreducidos, por lo que creemos que se tendrían que llevar a cabo una serie de medidas complementarias a esta subida.

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La Airef aquí nos muestra como los impuestos directos al trabajo están llegando a nivel, por encima del 50% para el salario medio en España. Por lo que pensamos que una politica publica complementaria al aumento del IVA de los bienes que ahora tienen un IVA del 4 o 10% podría ser una reducción de los impuestos al trabajo. Por lo que podría ser interesante dos medidas: eliminar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un impuesto para todas las nominas españolas que no genera prestaciones futuras y que provoca que los trabajadores jóvenes soporten durante mas años este impuesto abusivo y como segunda medida podría ser relevenate reducir los tipos impositivos del IRPF para aquellas rentas por debajo de los 50.000 euros brutos anuales.

Todo lo anterior nos lleva a proponer como prioridad fiscal la reforma del impuesto de tal modo que pase a tener un tipo impositivo único, con la salvedad de los servicios sanitarios y educativos que, creemos, deben mantenerse exentos dadas las claras externalidades positivas que presentan. Este tipo impositivo único lograría desincentivar el uso que hace el gobierno del IVA como instrumento para hacer redistribución, algo tremendamente costoso e ineficiente, reducir el margen de maniobra de los grupos de presión para conseguir prebendas fiscales a favor de su sector y, si este tipo impositivo se estableciera por encima del tipo efectivo medio actual, un incremento de la recaudación de la forma menos distorsionadora posible que podría evitar, al menos, una parte de las subidas de impuestos al trabajo previstas por el gobierno.