La importancia de pagar como uno quiera

Cada segundo se produce un ciberataque en el mundo, y ya hay más de 430.000 aplicaciones operativas de inteligencia artificial en una economía digital que tiende a la concentración e interdependencia de las infraestructuras y sistemas, y como han advertido Taleb, Roubini o Gladwell, ello supone un riesgo de contagio acelerado.

El OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) hizo publica no hace muchos días una advertencia sobre la falta de preparación del sistema financiero global para tratar con los ciberataques, y que los bancos con una débil defensa pueden contaminar a entidades con sistemas robustos. Julian Jacobs, su economista senior, ha señalado que más de la mitad de los bancos centrales no disponen de una estrategia nacional en ciberseguridad para el sector financiero, casi los mismos que no cuentan con regulación contra el cibercrimen.Confirman estas advertencias el que el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha comenzado a desplegar iniciativas de coordinación y propuestas de regulación. En el último mes ha habido graves incidentes, como el del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Fidelity National Financial FNF.

Hace unos años la Junta Europea de Riesgo Sistémico ya alertó del riesgo latente en la conexión e interdependencia entre entidades, mercados e infraestructuras financieras. Más recientemente, la directiva europea NIS2 advierte de que ello implica que cualquier perturbación, aunque inicialmente se circunscriba a una entidad o un sector, puede tener efectos en cascada; y que el número, magnitud, sofisticación, frecuencia y efectos de los incidentes van en aumento, representando una grave amenaza que hace necesario proteger los intereses esenciales de seguridad nacional, el orden público y la seguridad pública.

Tambien admite que la última pandemia puso de relieve la "vulnerabilidad de unas sociedades cada vez más interdependientes frente a riesgos de baja probabilidad". Pero los riesgos no sólo se refieren a ciberataques, o a fallos de sistema como el de hace unos días en España, la caída del Silicon Valley Bank escenificó el problema de descontrol de las redes sociales. En este caso se publicaron numerosos comentarios negativos de empleados, clientes y personas ajenas a esa entidad, difundiendo rumores sin base real que aceleraron su colapso, frente a los que el banco no tuvo capacidad de desplegar contramedidas eficaces.

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J. Zuloaga

Tienen razón los diversos portavoces de bancos afectados por la caída de Redsys al reconocer que el sistema puede tener fallos, que España cuenta con uno de los mejores sistemas de pagos del mundo y que lo ocurrido es una excepecionalidad en su historia, pero es evidente que este incidente permite interpretar con más agudeza el documento publicado hace unas pocas semanas por el Riksbank, el banco central sueco. Como resultado de una investigación sobre el papel del Estado en su sistema de pagos, esta autoridad del país más cashless del mundo concluye que el dinero en efectivo es tan importante que, más allá de obligar legalmente a que sea aceptado en los pagos de productos esenciales como los de farmacia, gasolina, comida o bebida, hay que identificarlo como el "único medio viable de pagos" si cae la electricidad o las telecomunicaciones, para lo que urge una legislación que lo fortalezca.

Suecia aprobó una ley en el 2021 que obliga a los bancos a prestar servicios de acceso y uso de efectivo, pero si la motivación entonces fue la protección de personas vulnerables, ahora se plantean la resiliencia del sistema de pagos, "se necesitan medidas políticas urgentes para que todos puedan pagar", atribuyendo a los operadores financieros una responsabilidad directa y al mismo tiempo demandando al Estado su intervención cuando el funcionamiento del mercado no lo garantice. Como ha señalado el Gobernador del Sveriges Riksbank, Erik Thedéen, "el cash necesita reforzarse para que los consumidores puedan usarlo", "todos los que necesiten pagar deben tener la capacidad de pagar". Y Aino Bunge, subgobernadora del Riksbank, ha declarado que "para que el efectivo se utilice en el futuro, tanto en condiciones normales como en situaciones de crisis y guerra, el Riksdag (el parlamento sueco) debe regular dónde y cómo puede utilizarse".

Pero a la vez perciben un riesgo significativo en que el efectivo quede aún más marginado y que en un futuro próximo no pueda utilizarse para compras esenciales, por lo que demanda medidas legislativas urgentes para tener el derecho y la posibilidad de pagar en efectivo bienes esenciales, así como la obligación de los bancos de aceptar depósitos en efectivo de los consumidores, para disponer de un mercado de pagos eficiente, seguro y accesible en el largo plazo. Y añadiendo algo inusitado en estos tiempos tan digitales, la disponibilidad de alternativas de pagos no es sólo para las personas vulnerables que no puedan pagar digitalmente, sino también para aquellos que no quieran hacerlo. Es la primera vez en el mundo que una instancia pública plantea una verdadera libertad de elección, poniendo en evidencia esa anomalía democrática, la obligación de ser digital en todo momento como una condición para ser ciudadano. Una libertad, un derecho, que considera íntimamente ligado a un concepto tan cívico como el de seguridad, porque una interrupción grave y duradera de un sistema tan interdependiente como el de pagos es un problema tanto para las personas, como de orden público y seguridad nacional. Por eso definen al efectivo como esencial en caso de interrupciones significativas del suministro eléctrico o de las comunicaciones electrónicas, porque supone una mayor capacidad de resiliencia.

Cualquier gestor de riesgos sabe que la mejor estrategia es la diversificación y no la concentración, y por eso el sistema de pagos, por su diseño y estructura de mercado, requiere lo que plantea ese banco central, "para que el efectivo sea una alternativa real para realizar pagos si la sociedad está expuesta a desafíos y elevada preparación, debe existir una infraestructura básica incluso en tiempos normales". En esta era tan agitada por sus propios riesgos y vulnerabilidades, se necesita un sistema nacional de dinero en efectivo que asegure su distribución y uso en momentos de emergencia, con una estrategia general que asegure su usabilidad y acceso en tiempos de normalidad para asegurar su funcionalidad en caso de crisis grave. Una decisión de prudencia estratégica nacional resumida en una idea bastante sencilla, que el Estado asegure que cada uno pague como quiera.

*Gonzalo Suárez Martín es abogado