Obesidad, la nueva pandemia que amenaza el estado del bienestar
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S. McCoy

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Obesidad, la nueva pandemia que amenaza el estado del bienestar

No se trata de una boutade, forma ingeniosa de atraer al lector, sino de un problema mucho más serio de lo que parece. Estamos hablando de

No se trata de una boutade, forma ingeniosa de atraer al lector, sino de un problema mucho más serio de lo que parece. Estamos hablando de una auténtica epidemia que, en algunas naciones, va camino de convertirse en pandemia. Ya en 2006, un estudio de la Universidad de Carolina del Norte advirtió de que ya hay en el mundo más personas gordas que desnutridas, planeta de contrastes. Entre costes directos e indirectos, McKinsey ha calculado que esta situación le cuesta a Estados Unidos alrededor de 450.000 millones de dólares al año, un 3% de su Producto Interior Bruto. El doble que hace una década y la mitad de lo previsto en 2018.

En Illinois, capital Chicago, se acaba de proponer eliminar la deducción por hijos a los padres de niños obesos; de ahí que traiga el tema a colación hoy. Uno de cada cinco niños del estado se encuentra en dicha situación, mientras que el 62% de los adultos padecen de sobrepeso. Una medida fiscalmente punitiva que va acompañada de programas educativos, promoción del ejercicio físico y limitaciones a la comercialización y/o adquisición de determinados productos alimenticios. El debate está servido: ¿intervencionismo arbitrario o necesario? Un servidor lo tiene claro pero deja su opinión para el final del post.

Los datos son escalofriantes. Según este monográfico de la propia McKinsey sobre la cuestión, hay en el mundo cerca 1.300 millones de adultos y 42 millones de niños en situación de sobrepeso, sea está severa o mórbida. Y las proyecciones no son nada halagüeñas. Afecta a sociedades opulentas como la saudí, en desarrollo como la mexicana o pobres como las ciudades del África Subsahariana. Solo Japón parece ajeno a esta realidad.

Diabetes, infartos, problemas coronarios, artritis y algunas patologías del cáncer están asociados a “esos kilos de más”. El gasto médico para paliar sus efectos oscila, en las economías desarrolladas, entre un 2% y un 7% del total. Un porcentaje que, de seguir la tendencia actual, crecerá exponencialmente. A ello hay que unir el impacto en términos de absentismo, productividad y similares. Anualmente fallecen 2,6 millones de personas por este motivo alrededor del globo. Pronto superará al tabaco como primera causa de muerte prematura en muchas naciones. Según un estudio publicado por The Lancet, por cada cinco puntos que se incrementa el índice de masa corporal (peso dividido por la altura al cuadrado), el riesgo de deceso aumenta un 33%.

Tras analizar 1.000 estudios publicados en los últimos diez años, que incluyen casos prácticos muy reveladores, la consultora norteamericana concluye que es necesario, de partida, un compromiso público que aglutine a todos los actores necesarios, la implicación del conjunto de la comunidad afectada, fijación clara de a quién va destinado y qué es lo que se pretende (preventivo o paliativo) y prolongación y revisión en el tiempo. A partir de ahí identifica seis áreas concretas de actuación: alimentos, diseño urbano y transporte, soporte mediático, facilidades de chequeo, colegios y centros de trabajo. El coste asociado a esta acción directa se vería compensado con creces por el beneficio social que de la misma se derivaría. No incluye, sin embargo, medidas de corte tributario como las que se van a aplicar en Illinois.

Volvemos, para concluir, al principio. Desde mi modesto punto de vista, el estado ha de cumplir un doble papel: fijar el marco necesario para que el mercado funcione, evitando a priori sus excesos; actuar directamente en la economía cuando de la acción privada se derivan consecuencias indeseables para el conjunto de la sociedad. Doble función: preventiva, que es donde se concentran buena parte de sus fallos, y reactiva, que suele ser objeto de todo tipo de reproches. Es el caso que nos ocupa, bastante similar por cierto al debate que ha surgido en los últimos años con el tabaco. El panorama descrito con anterioridad hace necesaria y hasta imprescindible la intervención pública. Que ésta tenga que ser coercitiva, cooperativa o asistencial depende de la dimensión de un problema al que España empieza a no ser ajena. Uno tiende a inclinarse por la colaboración frente a la imposición. Pero no cuenta mi opinión, sino la suya. Les toca.

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