Y, entretanto, en un pequeño país llamado Dinamarca…

El caos griego está teniendo la “virtud” de dejar en segundo plano fenómenos financieros de alcance. El Norte de Europa mira al Sur con recelo mientras los habitantes indignados de la periferia continental alzan sus ojos esperanzados ante lo que está sucediendo en los países nórdicos. Islandia se ha convertido, para muchos de ellos, en una suerte de paraíso anti sistema en el que los políticos acaban en la trena, las consultas populares son el pan nuestro de cada día y la banca castiga a sus ávidos acreedores con el impago. Solo la gélida climatología parece impedir un éxodo masivo a la isla, que es preferible el calorcito de Sol, dónde va a parar. En cualquier caso, la utopía por fin parece posible. Poco importan a estos soñadores las importantes consecuencias internacionales de tales medidas, que ya comentamos en un Valor Añadido de 14 de abril. Carpe Diem, que les quiten lo bailao.

Otro pequeño estado de la región ha decidido aplicar la misma medicina a los acreedores de la parte más precaria de su sector bancario. Eso sí, sin morder la mano de quien le rescató, discriminar entre nacionales y extranjeros a la hora de cumplir con sus obligaciones o retener domésticamente los fondos que puede obtener de la liquidación de las entidades quebradas, modelos de falsa virtud impuestos por los islandeses. Cómo se nota que dichas decisiones apenas tocan el bolsillo de los “revolucionarios” españoles que si no... Dicha nación es Dinamarca cuya situación política, económica y financiera dista mucho de ser equiparable a la de Islandia con la que comparte, sin embargo, no solo situación geográfica sino también su no pertenencia a la moneda única europea. Rige en el país la corona danesa.

Pues bien, las autoridades locales acordaron el año pasado la creación de un vehículo estatal que tiene por finalidad la absorción de los bancos en dificultades. Llamado Finansiel Stabilitet, se organizó bajo un esquema de reparto del quebranto entre los contribuyentes, en su condición de propietarios, y prestamistas de cualquier clase o prelación -minoristas y mayoristas, incluida la deuda senior- por su rol de acreedores de depósitos o créditos. Aunque ya han caído 12 instituciones en Dinamarca desde el inicio de la crisis, ha sido a partir de febrero cuando se ha puesto en práctica dicha iniciativa legislativa. Ha afectado de momento a dos instituciones: Amagerbanken entonces y Fjordbank Mors el pasado fin de semana.

En relación con esta última, el Irish Times publicaba este lunes que se espera una quita media para los prestamistas de mejor calidad sin garantía real  del 26% mientras que quedarán sin protección las imposiciones que superen los 100.000 euros por titular que ampara su Fondo de Garantía de Depósitos, para las que se estima a priori una pérdida similar. No quedan tan mal parados, en el caso de Amagerbanken la reducción fue del 41%. Es precisamente la ausencia de cobertura pública la que ha provocado que Moody´s haya rebajado el rating del sector danés dos veces en lo que va de año y que sus firmas cotizadas hayan vivido caídas sangrientas en los últimos seis meses. La justicia social es lo que tiene, que puede causar, sin quererlo, un quebranto mayor que el bien que pretende proporcionar.

La pregunta que surge es… ¿cuándo resulta conveniente su aplicación? Mientras que esta estrategia puede llegar a ser razonable en Dinamarca, toda vez que tiene fecha de caducidad en 2013, pretende desincentivar la asunción de riesgos por parte de las entidades, provocar la contracción de su balance y favorecer la concentración dentro del país antes de que exista un riesgo sistémico, su exportación en bloque a otras naciones como Irlanda o Grecia podría resultar suicida.

1. En el primer caso porque gran parte del caos se deriva de la imposible promesa realizada en su día por el ejecutivo irlandés de garantizar todos los pasivos bancarios, una declaración que produjo una indudable atracción de flujos a su sistema financiero. ¿Hasta qué punto cabe ahora castigar a esos prestamistas? 
2. En el supuesto griego porque lo último que necesitan ahora sus precarias finanzas es mayor incertidumbre y dificultades para atraer recursos a la Administración y a su banca.

De ahí que la fórmula de liquidación en la I y la del alargamiento de plazos en la G tengan más sentido a día de hoy. No todo el monte puede ser orégano del impago, ¿o sí?

¿Y España? Más allá de la improbabilidad de una quiebra del conjunto del sistema a la irlandesa o de un colapso de las cuentas públicas como en Grecia -como acabamos de ver el momento de la implantación es fundamental-, la lógica indica que habría que distinguir entre el ahorrador profesional y el particular, de modo tal que cualquier merma de lo debido salve a los minoristas y se centre en aquellos que, por su condición de expertos, deberían saber a ciencia cierta el riesgo que corren. Una discriminación que se basaría en el producto más que en el perfil.

Dinero efectivo y equivalentes por un lado; títulos de distinto tipo que requieren de un folleto o una term-sheet, por otro. En el primer caso hay una respuesta a un reclamo de rentabilidad que se entiende “garantizado” por quien tolera esos precios de pasivo, llámese Banco de España. En el segundo, existe una voluntad efectiva de “complicarse” la vida por la razón que sea exponiéndose al riesgo entidad. Que luego el quebranto, caso de llegar, sea culpa sea del director de la sucursal, de la agencia de rating o del sursum corda es harina de otro costal.

Para que fuera efectiva esta propuesta debería establecerse de antemano, variable t de tiempo. Claro, que quién es el guapo que abre este frente ahora… Por generar ideas para aquellos escenarios no contemplados en firme hasta ahora que no quede. Que luego ya sabemos cómo funciona esto: a través de la chapuza nuestra de cada día. Evitémoslo por una vez.