España, país de defraudadores, se escandaliza ante la amnistía fiscal

Yo no sé a qué viene tanto escándalo con esto de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP. Me encantaría que quienes la atacan ofrecieran alguna alternativa ante el colapso de los ingresos fiscales y el carácter estructural de una parte sustancial del gasto público español. Una situación, por cierto, que se deteriora por días. Cada parado tiene el doble efecto de menor recaudación y mayor prestación. Con cada jubilado ocurre otro tanto de lo mismo. La estructura laboral y demográfica española va en nuestra contra. Con un millón más de desempleados desde el verano de 2010, cuando Rajoy y Cospedal rechazaron la medida, echen sus cuentas. Estamos hablando de una actuación excepcional e incomparable a ninguna otra pues se dirige a ese 25% de nuestro PIB que opera en la sombra. Comparado con este volumen potencial, cualquier otra iniciativa presupuestaria palidece en su insignificancia.

Un porcentaje que, sin duda, nos pone ante nuestras vergüenzas. Alguno se podrá sentir ofendido, le pido perdón por anticipado, pero España es un país de defraudadores. Existe una tolerancia social al fenómeno que puede tener una triple causa: una imposición excesiva o intrincada, figuras tributarias o tipos de aplicación; una desconfianza en la gestión de los fondos públicos por parte de los políticos; o, finalmente, la sensación de seguridad que otorga el mantener el efectivo contante y sonante debajo del colchón. Su existencia se traduce en menos dinero para las arcas públicas de los que incurren en el fraude sin una renuncia simultánea por su parte a los beneficios derivados del estado del bienestar. A ver si nos queda claro. Y sin amnistía, sus causas se reforzarían ya que no quedaría otra que subir impuestos, recortar más el gasto o quitar los elementos que apuntalan el ya débil sistema financiero español. Frente a lo que arguyen sus detractores, su coste social es comparativamente menor. Seguro.

La erradicación de la economía sumergida requiere de una solución de abajo arriba, tolerancia cero. Toma de conciencia de que cualquier consentimiento ciudadano tácito o explícito es un boomerang que antes o después viene a buscarte con renovadas fuerzas en forma de menor renta disponible, más pagos al estado o menos servicios. Pero también de arriba abajo ya que “la existencia de un volumen amplio de este tipo de actividad y el aumento de la misma deben considerarse como un fracaso del sistema económico, político, social, ético y moral de un país y debería llevar a una revisión general de las leyes y normas de funcionamiento del mismo”, según nos recordaba Carmen Alcaide, ex presidenta del INE, en el prólogo de un estudio del Círculo de Empresarios sobre el particular. Desde ese punto de vista, la adopción de una amnistía fiscal parece un buen paso previo, especialmente cuando hay una parte de la población que está deseando aflorar fondos para hacer frente a sus compromisos corrientes. No va a existir una oportunidad igual.

Es censurable, no obstante, el modo en que se ha articulado a priori, a la espera de los detalles finales. Al plato principal de la excepcionalidad se le debería haber añadido, aún están a tiempo, un triple complemento: carácter finalista tanto de la multa como de los fondos aflorados, refuerzo de los mecanismos de inspección y aumento de las sanciones para los que no acudan.

Al primero nos referimos en este post de septiembre de 2011 en el que ya anticipábamos el 10% de penalización que finalmente se ha aprobado. El resto, decíamos, “se habría de colocar necesariamente en una emisión especial de deuda pública a un tipo, por ejemplo, del 1%, a cinco años, muy por debajo de donde cotiza en la actualidad”. Se prolongaba en el tiempo la penalización y se abarataba el coste de intereses para las arcas del estado. Aparentemente la jurisprudencia europea impide este destino del dinero aflorado pero cabría establecer opciones similares en forma de financiación público privada.  

Respecto al segundo, sirvan varias ideas que recogimos en otra entrada de octubre de 2010 en la que exigíamos “mayor comunicación y control de transacciones a través de la aplicación de nuevas formas de pago y avances informáticos; monitorización de los flujos de efectivo; cruce de datos entre plantilla y producción en base comparativa, registro centralizado de alquileres y así sucesivamente”. Hay mucho que hacer en términos de cruces de bases de datos: entre AEAT y Seguridad Social, entre consumo eléctrico y ocupación... Invertir en inspección para el retorno potencial que puede ofrecer sería, desde este punto de vista, una prioridad. Sin embargo, en la medida en que la tasa de reposición del personal del 10% se mantiene para este colectivo de funcionarios, mal vamos.

Por último, al refuerzo sancionador ya aludimos en marzo de 2008 como una condición no solo necesaria sino suficiente para, uno, junto a una penalización ex ante incentivadora propiciar con su amenaza la conversión de dinero B en oficial que, en definitiva, es de lo que se trata; y dos, recuperar el carácter ejemplarizante que ha de acompañar cualquier actuación de la administración. Solo faltaba que, después de tanta fanfarria mediática, el resultado final fuera un fracaso. Hacer un pan como unas tortas se llama a eso en mi pueblo.

¿Se trata de una medida idónea? No, por supuesto. Rompe con todos los principios que inspiran el sistema tributario, empezando por la equidad y la proporcionalidad. Sin embargo, insisto, no quedan muchas alternativas. Se trata de una medida desesperada en una situación desesperada en la que la recaudación ex ante, aun siendo importante, es lo de menos. Importa más la entrada de esos fondos en el circuito oficial y su recurrencia tributaria posterior. Los detractores se dividen en dos corrientes: la progresista que defiende el impago de lo debido y a nuestros acreedores que le den morcillas. Viva la asimetría del vale cuando me dan y paso cuando me exigen; y la conservadora que ahonda en el desmantelamiento del estado del bienestar sin importar su impacto sobre la cohesión social. Si me dan a elegir entre ambas, me quedo con la amnistía, qué quieren que les diga.

Feliz Pascua de la Resurrección del Señor, por decir algo.