Propuesta Lagares: una reforma fiscal no buena, sino excelente

Se ha escrito mucho a lo largo del fin de semana sobre la propuesta de reforma fiscal realizada por el comité de expertos encabezado por el catedrático Manuel Lagares a requerimiento del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La mayoría de las voces han sido críticas porque, entiendo, olvidan su valor fundamental: el carácter integral. Esto la convierte, de por sí, en excelente, en única, en inigualable. Punto de partida imprescindible, sea bueno, malo o regular. No hay callo que no pise, ni cuestión que no se aborde. Resulta de alabar su carácter ordenador y corrector. Es verdad que el diablo está en alguna que otra idea peregrina y en unos detalles muy alejados en su concreción futura de la conveniencia política –y, por tanto, quiméricos– pero, en una España permanentemente superada por la cicatería en las medidas de sus dirigentes –que los obliga a abrir melones que ya daban por cerrados, caso de las reformas financiera o eléctrica, por citar sólo dos ejemplos–, las casi 500 páginas del documento preliminar son, sin lugar a dudas, una buena noticia.

A partir de ahí, la realidad es que vivimos en un país insoportable tributariamente hablando. Las cuentas son claras, como el chocolate espeso, y la teta de asalariados y empresarios no da más de sí tal y como está concebido hoy día el sistema de prestaciones públicas. Algo que coincide, paradójicamente, con un nivel de recaudación fiscal sobre producto interior bruto que es de los menores de Europa, resultado de la existencia de enormes bolsas de economía sumergida. Por el lado de los ingresos, es en ese ámbito en el que se ha de actuar de manera prioritaria. Ya está bien de castigar a los que cumplen, es hora de perseguir a los que no lo hacen. No va a ser subiendo los impuestos indirectos como se consiga, sino aflorando empleo, estableciendo mecanismos de control de facturas, reforzando la inspección laborar e impositiva, acelerando el cobro de multas y sanciones…, esto es, creando condiciones propicias –caso de la bajada de cotizaciones a la Seguridad Social– sin hacer aún más sangre a aquellos cuya cesta básica de subsistencia puede verse ahora penalizada por las alzas en el IVA.

Junto a ello, es evidente que la creación de puestos de trabajo y a la atracción de capitales va a venir de tres vías, dos de ellas incluidas en la reforma y otra, aún más importante, soslayada por no pertenecer a su ámbito de juicio. Una, la simplificación de los impuestos: la consideración de cualquier actividad de contenido económico como hecho imponible ha creado un esperpento normativo que conviene desmontar, como bien sugieren los expertos. Es urgente la claridad. Dos, la simplificación del impuesto, esto es: la sustitución de múltiples bonificaciones, deducciones y reducciones por tarifas atractivas en el ámbito societario y por auténticas palancas para la contratación en el que grava la renta personal, primando eso sí la generación indirecta de riqueza a través de la natalidad y la conciliación. También por ahí van bien los tiros. Tres, la continuidad del sistema pues no hay que olvidar que, siendo como es el factor tributos un elemento esencial para el cálculo de la rentabilidad financiero-fiscal de cualquier inversión, la alteración sucesiva de las reglas de juego puede hacer un daño irreparable a nuestra credibilidad como nación. El fantasma de la inseguridad jurídica hay que desterrarlo para siempre. La imposición, mal que pese, no debiera ser arma arrojadiza entre partidos (vale, por soñar que no quede).

Es evidente que una España como la nuestra de ingresos de la Administración estructuralmente bajos, resulta igualmente perentorio el ajuste no del gasto corriente de sus entes y organismos, sino de sus componentes estructurales. Junto con la política de gestos, que tan absurdamente han obviado los gobernantes del PP por más que de las elecciones del 2011 salieran con un mandato claro de la ciudadanía de actuar en esa dirección –las diputaciones son un ejemplo claro, pero hay otros muchos–, se hace imprescindible actuar en las principales partidas: Educación, Sanidad, Pensiones o Desempleo. La corresponsabilidad en las dos primeras, tanto financiera como de uso, un desarrollo amplio de los planes privados de jubilación muy distinto a lo propuesto por Lagares y el zanjar el paro como alternativa rentable frente a un trabajo remunerado, debieran ser principios básicos de una economía que, siendo liberal, garantiza la continuidad de lo social, algo de lo que no se dan cuenta los críticos acérrimos del liberalismo.

Es verdad, para concluir, que hay cosas en lo presentado por los expertos que no se entienden muy bien, como la eliminación con carácter retroactivo de la deducción por la primera vivienda y su inclusión en la base del ahorro del IRPF de forma paralela a la supresión simultánea del Impuesto sobre el Patrimonio. Pero aun así. Las 200 y pico medidas van en la buena dirección. Lo peor que nos podría pasar, después de lo dado a conocer el pasado viernes, es que las ramas nos impidieran ver el bosque de un buen intento de poner orden en el carajal en que se ha convertido la fiscalidad en nuestro país, hecho que ha contribuido sin duda a su ineficacia estructural en términos de incentivos y recaudación, algo que debería ser tomado como un elemento de reflexión, un primer paso y no una meta. Eso sí, en el proceso de hacer los impuestos casi tan inevitables como la muerte, mal que nos pese, se echa de menos reconciliar imposición con ciudadanía, desterrar confiscación frente a redistribución, reemplazar persecución por colaboración. El día en que esa barrera se rompa, seremos finalmente europeos del norte.

Buena semana a todos.