El Estado liquida generosamente el fraude piramidal catalán

Catalunya ha liquidado definitivamente su particular fraude piramidal. Y lo ha hecho con la generosa ayuda del estado central

Foto: Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y Artur Mas, presidente catalán. (EFE)
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y Artur Mas, presidente catalán. (EFE)

Catalunya ha liquidado definitivamente su particular fraude piramidal. Y lo ha hecho con la generosa ayuda del Estado central, ese del que nada quieren saber sus gobernantes salvo cuando de pagarles las facturas se trata.

En efecto, el Fondo de Liquidez Autonómico realizó a finales de abril una nueva aportación a las arcas de la Generalitat con objeto de que esta pudiera hacer frente al pago de principal e intereses del remanente de bonos patrióticos aún en vigor. El sueño independentista acapara ya un 42% del total de los recursos del FLA.

Como recordarán, estas emisiones se concibieron como una fuente alternativa de financiación para el ‘Tesoro catalán’. Ante el cierre de los mercados financieros para España en general y sus regiones en situación financiera más precaria en particular, y la renuencia de los bancos a ampliar su exposición crediticia a comunidades autónomas y ayuntamientos, sus dirigentes, socialistas primero y convergentes después, decidieron buscar el apoyo de los ciudadanos a través de esta deuda, concebida fundamentalmente para un público minorista. En la colocación contaron con el apoyo de la propia banca, que no dudó en sangrar al emisor con unas comisiones abusivas. Es lo que se llama hacer de la necesidad virtud. Y al cliente, pues eso, que le den.

Porque, ya desde el principio, cualquier persona medianamente informada sabía que nos encontrábamos ante una estafa de libro que sólo se podría sostener en la medida en que, a cada vencimiento, se captara el dinero suficiente como para liquidarla y mantener el esquema funcionando (premonitorio este Valor Añadido, "Bonos de la Generalitat, entre la idiocia y la desfachatez", 10-11-2010). En ningún momento fue una posibilidad cierta que se pudieran generar recursos para amortizarla cuando llegara su término. Vamos, como ocurre con el ingente volumen de renta fija emitida por el Estado o con los propios flujos de entrada y salida de la Seguridad Social, déficit de cotizantes frente a receptores de fondos.

No es este, por sí mismo, por tanto, motivo de escándalo alguno. O sí.

 

Así ocurrió con los dos primeros lanzamientos, de noviembre de 2010 y mayo de 2011, respectivamente.

Los 3.000 millones de euros de la inicial, que ofrecían un 4,75% a doce meses, para los que hubo más de 230.000 peticiones, se renovaron al año siguiente mediante entradas por valor de 4.200 millones, en este caso, divididas en dos tramos de 12 y 24 meses (2.640 al 4,75% y 1.580 al 5,25%).

Los 2.240 millones de euros a un año de la segunda (al 4,25%, que se complementaron con otros 960 a dos al 4,75%) se abonaron gracias a los 2.300 (1.530 a 12 meses al 4,50% y 780 al 5% a 24) que se captaron en mayo de 2012, en este caso, año y medio más tarde de su aparición, con un interés limitado a 100.000 compradores, menos de la mitad.

A partir de ahí, todas las liquidaciones en tiempo y forma de capital invertido y rendimiento –noviembre de 2012 y 2013 y abril de 2013 y 2014– han corrido por cuenta del Estado, es decir: de usted y de mí, ciudadanía catalana incluida.

Lo que nos lleva a la interesante cuestión de hasta qué punto es legítimo que la Administración abone la extrarremuneración asociada a un riesgo que llevó a que muchos inversores racionales descartaran estos títulos como inversión. ¿No hubiera sido más lógico que se ajustara el retorno finalmente obtenido, al menos, por el coste que todos vamos a tener que pagar por su rescate?

Y a otra casi igual de interesante. En la medida en que esto sucede, cualquier deuda de ayuntamiento o de comunidad autónoma que cotice a un fuerte descuento respecto al nominal es, al calor de esas actuaciones, una oportunidad única de compra, tenga o no aval público explícito. Una compra, por cierto, que, en contra del discurso oficial de Gobierno nacional y organismos internacionales, será propia más del especulador que del que llega para quedarse.

En fin, así son las cosas y así se las estamos contando. Ya saben. Lo que huela a que, al final, Supermán Rajoy va a venir, capa desplegada, en su ayuda, todo suyo. Hasta que el esquema Ponzi de la financiación de la Administración haga catacroc. Pero queda tanto para eso…

Buena semana a todos.

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