La ruinosa economía de los abortos condena a España

Mariano Rajoy ha decidido no seguir adelante con la reforma de la ley del aborto que había propuesto en su programa electoral. Lo hace con un

Foto: Mariano Rajoy y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (EFE)
Mariano Rajoy y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (EFE)

Mariano Rajoy ha decidido no seguir adelante con la reforma de la ley del aborto que había propuesto en su programa electoral. Lo hace con un argumento tan peregrino como que no hay consenso. Cabe preguntarse si, uno, lo ha buscado con la insistencia que exigía la cuestión, y, dos, si de verdad cree que alguna vez lo va a haber en una materia tan sensible como esta desde planteamientos puramente políticos. Da igual. El hecho es que, salvo pequeñas modificaciones, la ley Aído seguirá en vigor casi como hasta ahora. Y, más allá de la consideración subjetiva de cada uno sobre la cuestión (la mía, contraria, la pueden encontrar razonada aquí: Valor Añadido, "Aborto libre y gratuito, vale. ¿Y después?", 03-01-2014), su mantenimiento tal cual nos hará aún más pobres, condenando nuestro futuro como nación.

Porque, no se equivoquen, aunque no salga en las encuestas del CIS, el principal problema de España es el demográfico. Estamos hartos de ser los Pepito Grillo que advierten machaconamente de lo relevante de la peligrosa dinámica en la que ha entrado el país (VA"Demografía: pinta muy mal el futuro de España", 20-01-2014). Pero es necesario que todos tomemos conciencia de la gravedad del asunto. No en vano, estamos en la cola mundial de número de hijos por mujer en edad fértil, empezamos a vivir un problema severo de reposición ciudadana en muchas regiones, sufrimos un peligroso proceso de envejecimiento colectivo auspiciado por una elevada esperanza de vida y carecemos del flujo migratorio que nos permitía compensar tales deficiencias en el pasado. Corremos el riesgo de convertirnos en pocos años en el geriátrico de Europa.

Las consecuencias económicas de todos estos procesos son ruinosas y afectarán a la actividad privada y pública de los agentes sociales.

No en vano, el fenómeno tiene un impacto directo sobre producción y productividad, en consumo e inversión, sobre innovación y emprendimiento. Todos ellos se ven afectados de manera negativa. La falta de mano de obra limita el output y encarece el factor trabajo. No hay iniciativa ni empeño en proyectos de futuro. El gasto se reduce por lo que pueda pasar y las compras de activos tienen carácter predominantemente patrimonial. Desaparece la demanda de vivienda (VA, "Por qué la vivienda en España no se recuperará", 20-05-2014). Una sociedad de viejos –aparte de triste– es una sociedad improductiva, ahorradora y conservadora que reclama legítimamente capitalizar como derechos sus obligaciones pasadas. Se sustituye aportación por una percepción incremental que añade a la ordinaria, derivada de la jubilación, las sanitarias propias de la edad. Tiembla entonces el ya precario Estado del bienestar y con él una deuda y déficit crecientes por mor de la falta de ingresos y las servidumbres del sistema.

Se trata de una muerte a cámara lenta, como la de la rana que se cuece lentamente en una olla de agua hirviendo. Se abandonan pueblos, se cierran escuelas, se vacía el centro de las ciudades, se pierde dinamismo creador en una secuencia imperceptible que hace que sigamos croando alegremente pensando que nuestro medio natural está a salvo. Para cualquier observador exterior, y son múltiples los organismos internacionales que han puesto el dedo en esta, nuestra llaga, el diagnóstico es evidente: salta de ahí ahora que todavía puedes. Sin embargo, preferimos hacer oídos sordos (VA, "Los cinco miedos de Mario Draghi: Europa, camino de ser como Japón", 26-08-2014). No es de extrañar cuando hace tiempo que renunciamos como colectivo a trascender nuestros actos, a empeñarnos en dejar una herencia mejor que la recibida. Carpe diem, disfruten gustosamente de nuestras ancas, queridos competidores mundiales: están ya casi a puntito.

Es evidente que, en un entorno como el descrito, que uno de cada cinco embarazos en España termine en aborto (112.000 anuales) no deja de ser una tragedia nacional que nos condicionará a todos; de una u otra manera, más antes que después. Yendo al límite de la banalización, no nos lo podemos permitir.

Nuestro país necesita nacimientos y la mejor manera de tenerlos es no evitarlos. Un punto sobre el que es difícil no alcanzar el demandado consenso. Para ello, resulta imprescindible más y mejor educación sexual, la recuperación de valores como la responsabilidad y el compromiso en familias y escuela, la comunicación sensorial madre-feto en toda gestación, el desarrollo de programas de adopción y acogimiento, más ayudas de tipo económico y social, mejores mecanismos de conciliación o que las prestaciones futuras de los progenitores estén ligadas a su natalidad presente.

Parte de ellas se implantaron en la liberal Francia y encabeza el ranking de partos a nivel comunitario. No es, por tanto, tan difícil. Sólo hay que creer que el consenso es posible y, si me apuras, hasta buscarlo, ¿eh, Mariano?

Pues eso.

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