Una simple fórmula invalida cualquier ajuste de déficit en España

Y no solo en nuestro país, sino en la mayoría de las economías desarrolladas y en alguna de las emergentes.

Vamos a ver, el déficit público no es sino un saldo presupuestario negativo, diferencia entre ingresos y gastos a favor de estos últimos. Se puede producir, por tanto, porque se haya recaudado menos de lo previsto, porque se haya gastado más de lo estimado, o por ambos factores a la vez. Esa cifra absoluta carece de valor si no se compara con la renta generada por un país en un periodo de tiempo concreto, que es el PIB. Cuando hablamos del X% de déficit, nos estamos refiriendo al cociente entre el saldo y dicho producto interior bruto.

Bien, ¿cómo se corrige?

De lo anterior se deduce que hay dos caminos: actuando sobre el numerador (más impuestos, menos prestaciones a fin de corregir el desequilibrio) o mejorando el denominador (a más PIB, menor déficit).

Cualquier déficit es necesidad de financiación y más recurso al dinero de terceros. La bola sigue creciendo cuando debería reducirse a pasos agigantados

En un entorno de magro crecimiento económico, la autoridad fiscal española pide operar sobre la parte de arriba de la división y solicita un ajuste a las regiones de 2.000 millones de euros, complementarios a los 2.000 que va a acometer el Estado central. Eso garantizaría, a un PIB constante, la reducción del agujero y su convergencia hacia las exigencias de Bruselas.

Sigamos.

Más allá de las implicaciones políticas y sociales para el conjunto de los partidos y para la ciudadanía de una recomendación como esa, la pregunta inevitable que surge es: de llevarse a cabo ese esfuerzo, ¿verdaderamente servirá para algo?

Mi respuesta es no. Y les voy a explicar por qué.

La aritmética no falla. Las distintas capas de la organización administrativa de España deben una cantidad aproximada al 100% del PIB nacional, que a cierre de 2015 se situaba en un billón 80.000 millones de euros. Este porcentaje convierte en muy fácil la aritmética a la hora de calcular el impacto de un 1% al alza en el coste de financiación de esa deuda sobre el conjunto de las cuentas públicas.

La amenaza está latente y, si no desarrollan políticas de estímulo de crecimiento e inversión que lo impidan, terminará manifestándose con toda su crudeza

Por cada 100 puntos básicos de más que España -su aparato central, sus comunidades, sus ayuntamientos, sus demás entes públicos- tenga que pagar por sus letras, bonos y obligaciones, un 1% del PIB se irá por el sumidero de los intereses a abonar a los acreedores. Puesto en cifras redondas, 10.800 millones de euros, es decir, dos veces y pico del sacrificio adicional que ahora se exige a los distintos gobiernos.

Alguno de ustedes podrá decir que, de momento, con la acción de los bancos centrales, esa sangre no va a llegar al río. Que mientras el dinero se mantenga a los precios actuales y haya una mano fuerte que contenga las veleidades del mercado, esta alerta es infundada.

Vale, estoy de acuerdo.

Pero eso no quita que el problema siga ahí. Cualquier déficit es necesidad de financiación y, por ende, más recurso al dinero de terceros. La bola sigue creciendo cuando, más bien al contrario, debería reducirse a pasos agigantados.

Comentábamos hace bien poco que España debe tres veces el ebitda que genera cada año. Y que, como noticia positiva dentro de la tragedia que eso supone, la parte pública de tal endeudamiento comienza a estabilizarse. Menos es nada. Sin embargo, la amenaza está latente y, antes o después, si no se desarrollan políticas de estímulo de crecimiento e inversión que lo impidan, terminará manifestándose con toda su crudeza.

Avisados quedan.

Todo lo que se debe se termina pagando, directa o indirectamente. No se dejen engañar por los apóstoles del despilfarro.