Cosas que están pasando en Murcia (y que otros tendrían que imitar)

En los últimos meses, por circunstancias profesionales, he tenido que viajar varias veces a la Comunidad Autónoma de Murcia. Pese a haber veraneado durante más de 20 años en Cabo de Palos, mi conocimiento real de la región era limitado y sujeto a clichés como el turismo, la huerta o el aeropuerto fallido de Luis del Rivero.

Una visión sesgada que la realidad se ha encargado de desmontar.

Porque lo que he descubierto en este tiempo es una mezcla de impulso empresarial, emprendimiento y docencia que, a medio plazo, pueden situarla como uno de los territorios punteros de España a nada que los demás sigan como están, esto es: a las patatas, poniendo palos en la rueda de lo que verdaderamente genera crecimiento y empleo sostenible: la iniciativa privada. Sigan dando cancha a los populismos antisistema y verán en qué quedan convertidos sus predios societarios al final de su mandato. Ni Atila y los hunos en sus mejores tiempos.

El Gobierno murciano ha hecho de esta causa prioridad absoluta, y prueba de ello es el desarrollo por su parte de un marco normativo que ya quisieran para sí otros rincones de nuestro país. Pasar de las musas al teatro, se llama esto; de la promesa a la certeza. Sirva como ejemplo su Real Decreto Ley 2/2016, de 20 de abril, “de medidas urgentes de reactivación de la actividad empresarial a través de la liberalización y la supresión de las cargas burocráticas”.

Los trámites administrativos se han reducido. Los plazos de espera se acortan. El ahorro en tasas para los afectados se estima en cerca de 11 millones

Bajo tan rimbombante nombre se engloba, más allá de propuestas encaminadas a la liberalización de horarios o impulso de la huella turística, una serie de iniciativas destinadas a atender reclamaciones seculares de empresarios, autónomos y particulares en relación con la diligencia de la Administración y los costes asociados al marasmo burocrático imperante hasta entonces. Seguro que no es una norma perfecta, pero miren lo que propone, a ver qué les parece: “Uso general de la declaración responsable (DR) para la puesta en servicio de instalaciones y establecimientos industriales no sujetos a autorización administrativa previa".

Oh, ah, vaya. Y esto, McCoy, ¿qué es lo que es?

Sigamos con las explicaciones facilitadas por la consejería del ramo: “La DR es un documento suscrito por el titular de la actividad en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con la normativa vigente para ejercerla, que la documentación en su poder así lo acredita y que ese cumplimiento permanecerá durante la vigencia del negocio”. La palabra del empresario frente a la ‘indolencia’ del funcionario (no se me enfaden, es un cliché), cuya veracidad se vigila a través de una reforzada acción inspectora y un endurecimiento del régimen sancionador.

Bien, ¿en qué se ha concretado esto?

Los trámites administrativos en Energía, Industria y Minas se han reducido un 58%, de 142 a 61, de los que 14 serán DR. De los 57.000 expedientes que anualmente se tramitaban ligados a estas actividades, 40.000 (un 70%) se harán mediante DR. Los plazos de espera se acortan, al menos en teoría, de meses a horas. El ahorro en tasas para los afectados se estima en cerca de 11 millones de euros, con más de 12.000 firmas beneficiadas con la iniciativa. Y así sucesivamente.

Es evidente que un dato no hace tendencia, pero ayuda a construirla. Entre la vorágine legal imperante, encontrar una norma —veremos su efectividad final— que, de arranque, defiende lo que siempre hemos propugnado desde estas líneas: que menos es más, es un hecho digno de esta columna. Ahora por lo insólito, en el futuro, esperemos, por su carácter pionero. Ojalá sea el principio de una buena amistad entre Murcia como ente y sus ciudadanos como sujetos que lo integran.

Por soñar que no quede.