Un sorprendente organismo público dio la puntilla al Popular

A los pocos días de la intervención del Banco Popular, se hicieron públicos datos de salidas de depósitos de la entidad que refrendaban la información dada un mes antes por El Confidencial, que derivó en su venta final por un euro al Santander. La sangría era incesante y exponencial. Una tendencia que se había iniciado con el anuncio del cambio de presidente, se aceleró después de la suicida junta de accionistas presidida por Emilio Saracho, tomó pendiente tras la 'reexpresión' de las cuentas de 2016 a principios de abril, ganó altura con los resultados del primer trimestre y se disparó al calor de tales noticias.

En la enumeración de clientes que habían retirado su dinero de las arcas de la firma, destacaban algunas instituciones públicas de renombre, caso de la Seguridad Social o del Gobierno de Canarias, que traspasó a otros bancos la friolera de 636 millones de euros entre el viernes y el lunes previos a la acción de la Junta Única de Resolución en la noche del martes al miércoles. El propio Luis de Guindos comentó en rueda de prensa a los pocos días que "regiones y ayuntamientos" habían contribuido a la imposible situación de liquidez a la que se había visto abocada la institución. Viva la confianza pública.

Guindos comentó que "regiones y ayuntamientos" habían contribuido a la imposible situación de liquidez a la que se vio abocada la institución

Sin embargo, se le olvidó un actor por el camino.

Alguien que sacó 1.000 millones de euros de una sola tacada del que fuera el cortijo de Ángel Ron, definición que dan muchos de sus examigos y todos sus enemigos y que, en la modesta opinión de un servidor, es injusta.

Un organismo independiente pero adscrito por ley al Ministerio de Economía y Competitividad que dirige y cuyo órgano decisorio, el consejo, está formado por 10 miembros sugeridos por su gabinete entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en sus ámbitos de actuación, designados por seis años no renovables con objeto de evitar la injerencia política. Gente preparada que sabe bien la dinámica de la mayoría de los mercados y, por supuesto, del financiero. Expertos a los que no se les escapan las consecuencias de una decisión como esa que, tal vez, debiera haber sido sometida a su consideración.

¿Se hizo?

Nos estamos refiriendo a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

En efecto, en una decisión sorprendente por las implicaciones a corto y medio plazo que podía tener, la CNMC retiró de golpe y porrazo toda su tesorería del Popular, transfiriéndola a otras entidades que vieron que les tocaba la ‘lotería’ en el mes de junio. Un movimiento que suscita, al menos, un par de preguntas clave: ¿cómo es posible que el supervisor tuviera tal concentración de fondos en una sola entidad sin que saltaran las alarmas? Y dos, que es la previa, ¿cómo podía manejar tanta pasta?

La CNMC retiró de golpe y porrazo toda su tesorería del Popular, transfiriéndola a otras entidades que vieron que les tocaba la ‘lotería’ en el mes de junio

La primera de las cuestiones tiene una respuesta de régimen interior que se nos escapa, y que debería llevar a sus responsables a cuestionarse la idoneidad de la política seguida hasta ahora en esta materia y la capacidad de quien la ejecuta. La segunda, por el contrario, es pública. Poco actualizada, eso sí, pero transparente. Viene en las cuentas anuales del organismo que se publicaron en abril de este año correspondientes a… 2015. Ya hace dos años, la liquidez acumulada por el organismo, entre efectivo y derechos de cobro, ascendía a 720 millones de euros con origen en tasas, transferencias y sanciones, de los que 592 estaban pendientes de devolución a la Administración. Su mayor actividad a lo largo del ejercicio de 2016 y lo que llevamos del 17 justificaría con creces el incremento de saldo desde entonces. Hasta 1.000 millones, que se dice pronto.

Es evidente que esta acción no contribuyó por si sola al hundimiento del banco señero. Pero está por ver que no fuera el copo de nieve que desencadenó la avalancha. No en vano, Europa decidió intervenir a la vista de lo que había sucedido con los depósitos de los clientes del Popular entre viernes y martes y lo que se preveía para ese miércoles. Su actuación pudiera estar legitimada tratándose de una empresa privada, pero siendo una firma pública, es más cuestionable. El sentido de Estado también debería ser esto.

¿O no?