Australia o cómo evitar la quiebra del sistema español de pensiones

De seguir las cosas como hasta ahora, y si la aritmética no engaña, una parte sustancial de la población española no va a disfrutar de una pensión cuando termine su vida laboral

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Las pensiones en España son inviables por tres motivos.

El primero y principal, porque se trata de un sistema de reparto, las que entran por las que salen, capaz de hacer frente, y a duras penas, a la demanda de los jubilados actuales. Pero poco más.

En segundo término, porque cada vez ‘entran’ menos, debido tanto a razones coyunturales (caída de la población ocupada con la crisis) como estructurales (nuevas realidades que demandan mucho menos empleo) y demográficas (natalidad por debajo de la tasa de reposición).

Y, en tercer término, porque esta sociedad envejecida pide por días ‘sacar’ más. No solo aumenta la esperanza de vida sino que, con ella, aumentan el dispendio asistencial y el tratamiento de enfermedades crónicas, con su consecuente repercusión en las arcas públicas.

Es bueno levantar la mirada y ver cómo se está resolviendo esta cuestión en otras jurisdicciones. Hoy nos entretenemos en el modelo australiano

Se trata un debate, como el medioambiental, eternamente pospuesto en nuestro país, en la creencia de que la atención de lo urgente terminará por encarrilar lo importante.

Gran mentira.

De hecho, de seguir las cosas como hasta ahora, y si la aritmética no engaña, que no suele hacerlo, una parte sustancial de la población española no va a disfrutar de una pensión cuando termine su vida laboral. Y resulta aún más sorprendente la falta de decisiones políticas para paliar este problema, más allá del tacticismo imperante a la caza del voto.

Por eso, es bueno de vez en cuando levantar la mirada y ver cómo se está resolviendo esta cuestión en otras jurisdicciones. Hoy nos vamos a entretener en el modelo australiano de la mano de un más que interesante artículo publicado ayer en el 'Financial Times'.

Se trata de un esquema mixto basado en el principio de capitalización: cada uno aporta para su propio retiro a través de una retención en nómina que, en la actualidad, se sitúa en el 9,5%, previéndose que llegue al 12% en 2025. Esta contribución —que cuenta con ventajas fiscales para las empresas y beneficiarios— es obligatoria, pudiendo complementarse con otra u otras voluntarias, lo que ha facilitado la creación de toda una industria alrededor de este ahorro a largo plazo. No en vano, el aportante puede elegir dónde quiere que se deposite su dinero y contar con asesoramiento social a tal fin. Por último, el Estado actúa de manera compensatoria en caso de que la pensión final se sitúe por debajo del umbral mínimo necesario para vivir de acuerdo con determinados baremos. Tres cuartas partes de los jubilados locales cuentan con esta ayuda pública, bien total, bien parcial.

Cada uno aporta para su propio retiro a través de una retención en nómina que se sitúa ahora en el 9,5%, previéndose que llegue al 12% en 2025

Su nombre es ‘superannuation’ y en la actualidad acumula 1,8 billones de dólares en activos, una vez y medio el producto interior bruto español. Acaba de cumplir 25 años y, curiosamente, tiene un origen sindical: sustituir los aumentos de salario que podían afectar a la elevada inflación de finales de los ochenta en aquella región por una aportación a futuro, gestionada de manera privada por quien el empleado elija. Comenzó en el 3% y la propia dinámica poblacional ha aconsejado aumentar el umbral hasta más del triple de ese porcentaje.

¿Una solución definitiva?

Pues depende. De acuerdo con Towers Watson, citado por el propio 'FT', si las dinámicas demográficas se mueven hacia los extremos en aquel país, no. Pero, al menos, algo es algo. Según sus cálculos, el problema quedaría resuelto para una parte sustancial de una población cuyo ‘wealth’ se ha visto beneficiado por 26 años de crecimiento económico sin interrupción.

Lo que sí que no es de recibo es la inacción actual que, de lo genérico a lo específico, obvia la necesidad de una política integral de fomento de la natalidad, ralentiza cualquier reforma que pueda posicionar a España en la parte de valor añadido de la cadena de producción, renuncia a modelos de copago que permitan limitar abusos, penaliza el ahorro a largo plazo sea este inmobiliario o financiero y trata cualquier decisión en relación con las pensiones como caladero de votos.

Así no vamos a ninguna parte.

De seguir de esta manera, solo quedará esperar a que se retire la marea para descubrir que, en efecto, estamos desnudos.

¿Y entonces?

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