Infraestructuras en España: entre todos las mataron y ellas solas se murieron

Poco a poco, entre todos van matando un mercado que, por más excesos que se pudieran haber cometido en el pasado, está siendo clave en la recuperación económica de España

Foto: El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)

España está muerta para las infraestructuras.

Los principales actores privados que actúan en nuestro territorio, sean financiadores, inversores, bancos o constructoras, lo saben. Pero no ocurre lo mismo con los distintos niveles de la Administración, que o bien no se enteran o bien no se quieren enterar, que todo puede ser. A lo sumo, el político de turno se apunta a la última reivindicación de moda, más de manera oportunista que con la voluntad real de hacer algo en una actividad que la crisis ha laminado casi por completo. Ahora es el corredor Mediterráneo. Como la cosa de la sequía siga igual, llegará en breve el discurso del agua. Al (mal) tiempo.

Así nos va.

Publicó antes del verano un importante informe Seopan sobre el modelo de colaboración público privada en el ámbito de la obra civil. En él se citaba un informe de la consultora A.T. Kearney que, más allá de intuirse quién es el paganini del mismo y, por tanto, de la conveniencia de aplicar el correspondiente factor de corrección, hablaba de una necesidad de inversión en la próxima década en España de entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales en ocho áreas concretas de actuación y recordaba que, de cada euro que se invierte en un proyecto de este tipo, 92 céntimos se trasladan a la sociedad por distintas vías, creándose de media 14 puestos de trabajo por cada millón de licitación.

Si A) es necesario y B) es conveniente, ¿por qué no se hace?, ¿por qué no hay una planificación acorde a tal necesidad, maquillajes puntuales y parches imprescindibles aparte?

Buena parte de lo que se hace parece encaminado a trabar un esquema de funcionamiento que tan buenos réditos da a estados alrededor del planeta

Bien, es evidente que la crisis ha supuesto una contracción severa de las disponibilidades presupuestarias, realidad que no va a mejorar con el paso de los años y el incremento de las servidumbres derivadas del imposible Estado del bienestar vigente en la actualidad. No cabe, pues, hacer casi nada sin contar con el sector privado de la economía. ¿Problema? Que este es contemplado más como un enemigo que como un aliado, más como alguien quiere hacer fortuna a costa del erario público que como un instrumento para que el dinero de los ciudadanos se emplee de manera más eficiente. Una consideración que, sorprendentemente, se ha agudizado en los años de gobierno del PP, cuerpo a tierra que vienen los nuestros.

Buena parte de lo que se hace desde la Administración pública en esta materia parece encaminado a poner trabas a un esquema de funcionamiento que tan buenos réditos da a estados y empresas alrededor del planeta. A los cambios regulatorios de carácter retroactivo que afectan a la seguridad jurídica, se une la judicialización de algunos proyectos emblemáticos fallidos o la intervención flagrante en la rentabilidad esperada de los mismos, sin tener en cuenta las consecuencias de tales decisiones en términos de financiación asociada o de continuidad del promotor. La confianza es un intangible que cuesta sobremanera obtener, pero que se pierde con extraordinaria facilidad. ‘Sostenella y no enmendalla’ no parece ser la mejor receta para su recuperación.

El último ejemplo de estulticia administrativa lo tenemos en la trasposición de la directiva europea de contratos públicos a nuestro país. Al calor de la misma, se buscaba centralizar la actividad de contratación en una oficina que velara por la transparencia y eficacia del proceso licitador. Pues bien, en España, tal potestad se ha delegado a las comunidades autónomas y sus llamadas ‘oficinas de evaluación financiera’ que parecen más instrumentos de planificación socialista que vehículos para fomentar la inversión. Así, su desarrollo normativo local habla de informes vinculantes (cuando la norma general los fija consultivos) generados por funcionarios públicos (sin incorporación de agentes del mercado) capaces de opinar sobre si es o no ‘razonable’ la rentabilidad esperada por el impulsor de la propuesta (sin jugarse ni un euro propio) y con periodos de decisión máximos de 30 días, no importa el alcance de la obra (germen de precipitación y de bajas temerarias).

Un auténtico disparate que no hace sino añadir sal adicional a la herida.

Así no hay forma.

Poco a poco entre todos van matando un mercado que, por más excesos que se pudieran haber cometido en el pasado, está siendo clave en la recuperación económica de España. Quedan enormes lagunas por cubrir, tanto en términos de flujo nuevo como de conservación del 'stock' existente. El día en que espantemos al último inversor y se cierre la puerta de la financiación internacional, llegará el llanto y el rechinar de dientes. Será demasiado tarde. No aprenderemos.

No aprenderán.

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