Españoles en Reino Unido, prepárense porque se acabaron los lujos

Los comunitarios en el Reino Unido éramos como los viajeros de primera clase en el Titanic. Disfrutábamos de tranquilos paseos por cubierta, comíamos en salones con cubertería de plata, teníamos camarote propio y sabíamos que si las cosas se ponían mal, seríamos los primeros en tener acceso al bote salvavidas. O lo que es lo mismo, nunca tuvimos que preocuparnos por el acceso a la sanidad pública, pagar tasas universitarias más caras, entrar y salir del país cuantas veces quisiéramos o traernos a nuestros familiares a vivir con nosotros.

Sabíamos de otros que viajaban con menos comodidades. Pero nunca llegamos a interiorizar realmente todo lo que eso suponía. ¿Inmigrante, extranjero, expatriado? ¿Para qué pararse a pensar si existía alguna diferencia cuando estábamos amparados por el paraguas de la normativa de la Unión Europea? En nuestro mundo sin visados, todo fluía gracias a la libertad de movimiento.

Gozábamos de todo tipo de lujos. Pero no éramos conscientes. Hasta que nuestro particular Titanic se ha transformado en el Empire Windrush, el primer barco que llegó en 1948 al Reino Unido con cientos de ciudadanos de países del Caribe, que permanecían entonces bajo dominio británico, respondiendo a un llamado en el que se ofrecía empleo y una nueva vida.

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Como les pasó a los protagonistas de aquella generación, tras años o incluso décadas viviendo en suelo británico, si no regulamos ahora nuestra situación, nos quedaremos como inmigrantes ilegales, pudiendo perder, entre otros, nuestro trabajo, casa o acceso a la sanidad pública.

Somos... ¿sus amigos?

El Brexit supone todo un iceberg para los más de cuatro millones de comunitarios residentes en el Reino Unido (entre ellos, más de 250.000 españoles). No hay cifras exactas, porque no todos están dados de alta en el consulado. En teoría, nuestros derechos quedan protegidos con el acuerdo de retirada, el pacto de divorcio firmado el año pasado que nada tiene que ver con el convenio que se intenta ahora cerrar con Bruselas para evitar cuotas y aranceles. No obstante, durante las arduas negociaciones comerciales, Boris Johnson ya ha demostrado que tampoco tiene problemas en violar el tratado internacional.

El Gobierno lanza estos días mensajes de afecto: “Sois nuestros amigos, vecinos, colegas y queremos que os quedéis”. Y se agradecen. Pero la realidad es que las cosas van a cambiar a partir del 1 de enero de 2021. Y mucho. Porque partimos de la base de que si uno está fuera del país durante cinco años, pierde todos sus derechos.

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En caso de que quiera regresar de nuevo al Reino Unido, tendrá que hacerlo ya bajo las normas de la nueva ley de inmigración basada en el sistema de puntos australiano, uno de los más restrictivos del mundo. En definitiva, el diablo está en los detalles. Y en el nuevo contrato, hay mucha letra pequeña.

Claro que la puerta es giratoria, algo que quizá no tuvieron muchos presente a la hora de depositar la papeleta en el histórico plebiscito de 2016. Para los más de dos millones de británicos repartidos por el bloque, también comienza una nueva era. Los casados con comunitarios, por ejemplo, podrán regresar de manera automática con la familia hasta el 29 de marzo de 2022. Sin embargo, una vez se cumpla esta fecha, si quieren traer a sus cónyuges, se enfrentarán a obstáculos de visados y duras reglas sobre elegibilidad.

Con el Brexit, pueden darse casos excepcionales, pero no imposibles. Albert Thompson, de la generación Windrush, ocupó titulares en 2018 cuando le denegaron un tratamiento para el cáncer porque no podía acreditar que llevaba décadas como residente.

Un endurecimiento de la ley en 2012 obligó a los caribeños de esta generación a probar con documentos originales todos los años de residencia, en un país donde no existe el empadronamiento o un sistema de registro como el DNI español. Fue un trámite burocrático que algunos de ellos no pudieron cumplir. A raíz de esa situación, algunos perdieron sus trabajos, recibieron amenazas de deportación o no pudieron regresar a sus hogares tras visitar su país de origen. Pero nadie quiere repetir ahora escándalos como los que obligaron a dimitir a la ministra de Interior Amber Rudd. ¿Verdad?

A pesar de que el 31 de diciembre el Reino Unido saldrá ya a efectos prácticos del bloque, gracias a un 'periodo de gracia', los comunitarios residentes tienen hasta el próximo 30 de junio de 2021 para legalizar su residencia y mantener, entre otros, el acceso a la sanidad pública.

Deben hacerlo todos, sin excepción. Los casados con británicos y también los cónyuges no comunitarios de europeos. Porque de otra manera, por poner un ejemplo, el estadounidense casado con una española también quedará en situación ilegal. Al fin y al cabo, su derecho de residencia está ahora vinculado a la normativa de la UE.

En definitiva, la situación es más compleja de lo que 'a priori' parece. Y lo más preocupante es que no se trata de un sistema de 'registro' sino de 'solicitud'. Desde la organización The 3 Million, demandan que los derechos deberían quedar protegidos de manera “automática” y no sujetos a ninguna petición que pueda ser aceptada o denegada por un Gobierno. Consideran además que tampoco debería haber una fecha límite para realizar el trámite.

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Downing Street defiende que es un sistema 'online' muy sencillo, que apenas lleva unos minutos. Nada que ver con el tortuoso documento de 85 páginas que existía al principio. Y no le falta razón. En gran parte de los casos, si se tiene pasaporte y el NINo (el número obligatorio cuando uno comienza su vida laboral en el Reino Unido), se puede realizar todo incluso con el propio teléfono móvil.

Pero ¿qué ocurre con aquellos que no están trabajando? ¿Aquellas niñas que vinieron en plena Guerra Civil española, que se convirtieron luego en amas de casa, sin cotizar, sin tener nada a su nombre? ¿Aquellos que no tienen un acceso tan fácil a la tecnología? ¿Aquellos a quienes todo esto les supone una auténtica montaña emocional imposible de escalar?

Ambiente hostil del Home Office

Más de 246.600 españoles han realizado ya la solicitud. De momento, se han procesado 237.500 y el 2% ha sido declarado inválido, retirado o rechazado. Aquellos que lleven cinco o más años deben solicitar el llamado Settle Scheme (estatus de asentamiento). Eso sí, cada vez que cambien de dirección, renueven pasaporte o tengan cualquier cambio en tus datos personales, deben notificarlo. Y si están fuera del país durante cinco años, desaparecen básicamente del sistema. Se acabaron los paseos por cubierta. Se baja ahora a la sala de máquinas. Bienvenidos a lo que llaman 'ambiente hostil' del Home Office.

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Por otra parte, aquellos que lleven menos de cinco años, tienen que solicitar el preestatus y esperar al lustro para finalizar los trámites. Eso sí, si están fuera del país durante seis meses (dentro de un periodo de un año) ya no son candidatos para conseguir luego el estatus de asentamiento. Y pongamos todo esto en el contexto de la pandemia global. ¿Cuántos comunitarios se han ido ahora largas temporadas a sus países de origen aprovechando el teletrabajo? ¿Cuántos universitarios han sido mandados a casa para seguir las clases 'online'?

Los que han conseguido ya legalizar su situación tan solo reciben un simple 'e-mail' de confirmación. El Parlamento Europeo y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ya han advertido de que, sin ningún tipo de prueba física, esto podría generar problemas de “discriminación” a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo o vivienda de alquiler. La propia Cámara de los Lores aprobó en su momento una enmienda solicitando algún tipo de carné. Pero en los Comunes —donde los 'tories' de Boris Johnson tienen ahora una amplia mayoría— se desestimó. En definitiva, se acabaron los lujos.